Agencias
Moderna y los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) están en una amarga disputa sobre quién merece crédito por inventar el componente central de la poderosa vacuna contra el coronavirus de la compañía, un conflicto que tiene amplias implicaciones para la distribución a largo plazo de la vacuna y miles de millones de dólares en ganancias futuras.
La vacuna surgió de una colaboración de cuatro años entre Moderna y NIH, la agencia de investigación biomédica del gobierno de Estados Unidos, una asociación que fue ampliamente aclamada cuando se descubrió que la inyección era altamente efectiva. El gobierno la llamó la “vacuna NIH-Moderna Covid-19” en ese momento.
La agencia dice que tres científicos de su Centro de Investigación de Vacunas: el Dr. John R. Mascola, director del centro; Dr. Barney S. Graham, quien se jubiló recientemente; y la Dra. Kizzmekia S. Corbett, que ahora está en Harvard, trabajaron con científicos de Moderna para diseñar la secuencia genética que impulsa a la vacuna a producir una respuesta inmune, y debe figurar en la «solicitud de patente principal».
Moderna no está de acuerdo. En una presentación de julio ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, la compañía dijo que había “llegado a la determinación de buena fe de que estas personas no inventaron conjuntamente” el componente en cuestión. Su solicitud de patente, que aún no ha sido emitida, nombra a varios de sus propios empleados como únicos inventores.
El NIH había estado en conversaciones con Moderna durante más de un año para tratar de resolver la disputa; La presentación de julio de la compañía tomó a la agencia por sorpresa, según un funcionario del gobierno familiarizado con el asunto. No está claro cuándo actuará la oficina de patentes, pero su función es simplemente determinar si una patente está justificada. Si las dos partes no llegan a un acuerdo en el momento en que se expide una patente, el gobierno tendrá que decidir si acudir a los tribunales, una batalla que podría ser costosa y complicada.
La disputa es mucho más que elogios científicos o el ego. Si los tres científicos de la agencia aparecen en la patente junto con los empleados de Moderna, el gobierno federal podría tener más voz en qué empresas fabrican la vacuna, lo que a su vez podría influir en qué países obtienen acceso. También aseguraría un derecho casi ilimitado de licenciar la tecnología, lo que podría aportar millones al tesoro federal.
La lucha se produce en medio de una creciente frustración en el gobierno de Estados Unidos y en otros lugares con los esfuerzos limitados de Moderna para llevar su vacuna a los países más pobres. La compañía, que no había lanzado un producto al mercado anteriormente, recibió casi 10 mil millones de dólares en fondos de los contribuyentes para desarrollar la vacuna, probarla y proporcionar dosis al gobierno federal. Ya ha concretado acuerdos de suministro por valor de unos 35 mil millones de dólares hasta finales de 2022.
Drs. Mascola, Graham y Corbett declinaron hacer comentarios. Pero en declaraciones a The New York Times, NIH y Moderna confirmó el conflicto, que lleva más de un año a puerta cerrada.