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La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner lo ha vuelto a hacer. Ha dado vuelco al tablero político nacional con una orden que quedó muy clara con el correr de los minutos: que ofrezcan su renuncia todos los funcionarios que le responden.
En 2018, la expresidenta (2007-2015) sorprendió al país al presentar a Alberto Fernández como candidato a la presidencia en nombre de una coalición de centroizquierda que buscaba desbancar en las elecciones generales de 2019 al entonces mandatario Mauricio Macri (2015-2019). Ella ocuparía el segundo lugar en la fórmula.
La inesperada estrategia logró su objetivo y en la primera vuelta de las elecciones, en octubre de 2019, salió victoriosa la coalición en la que se unió prácticamente todo el peronismo, el Frente de Todos.
Pero con el movimiento hecho por Cristina Fernández, el Gobierno queda fracturado y con la herida expuesta ante la sociedad. El presidente, acorralado. Y el peronismo, dividido una vez más.
El primero en empujar la ficha de dominó y ofrecer su renuncia fue el ministro de Interior, Wado de Pedro. Siguieron sus pasos el de Justicia, Martín Soria, el de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, el de Cultura, Tristán Bauer, y el de Ambiente, Juan Cabandié.
Otros altos cargos en tomar la misma decisión fueron la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta y la directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral del Estado para jubilados y pensionados (PAMI), Luana Volnovich.
Luego lo hicieron el presidente de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella.
Esta afrenta pública de la vicepresidenta al jefe de Estado llega tres días después de la derrota del oficialismo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, cuando perdió en 18 de los 24 distritos del país.
Las miradas ahora se dirigen al tercer socio de Gobierno que selló la coalición gobernante: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien ya comenzó por reunirse con los funcionarios que le responden, en la sede del partido que lidera, el Frente Renovador.
Crisis de representación
La crisis política estalló cuando no habían pasado aún 72 horas de las elecciones primarias que constataron un divorcio de la mayoría de la sociedad con el Gobierno elegido en primera vuelta hace dos años.
La lectura de la realidad que hace la vicepresidenta no necesita de exegetas visionarios. Estima que hay una crisis de representación, pero con su jugada precipita una aun mayor que pone en una encrucijada las próximas decisiones del presidente.
En una maniobra muy delicada, Alberto Fernández podría aceptar la renuncia de los ministros cristinistas y tratar de continuar con su gestión, más solo y debilitado que nunca, y siempre que Massa no lo traicione.
Otra posibilidad, más certera, es que rechace la dimisión de sus funcionarios y apueste por encontrar un nuevo equilibrio que contente a la vicepresidenta.
Más difícil de aventurar es el destino que puede tener un Gobierno en el que sus dos máximos representantes han perdido la capacidad de diálogo.
El Movimiento Evita, una de las agrupaciones sociales con más fuerza del país, marchará en las próximas horas en apoyo a Alberto Fernández.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, también ha manifestado su respaldo al Ejecutivo.
Pero es pronto para hacer control de daños. Las consecuencias del órdago que la vicepresidenta planteó públicamente al jefe de Estado continuará con sus repercusiones el 16 de septiembre, cuando los indicadores financieros demuestren una vez más lo frágil que puede ser la nación sudamericana.