La administración de Joe Biden está utilizando una aplicación con tecnología de reconocimiento facial para recolectar, procesar y almacenar información sensible en personas solicitantes de asilo en EE.UU. y que fueron obligadas a llevar su proceso en México.

De acuerdo con una investigación del LA Times, la app CBP ONE está siendo utilizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) en conjunto con la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Aunque el gobierno estadounidense asegura que la app tiene como objetivo facilitar y humanizar el proceso migratorio, especialistas critican el uso de esta tecnología en una población tan vulnerable y las salvaguardas de la información recolectada y almacenada.

“En el momento en que el gobierno adquiere la huella facial de una persona, crea un riesgo de vigilancia constante, donde puede identificar y rastrear los movimientos de las personas sin su consentimiento”, alertó la abogada en jefe del proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, Ashley Gorski.

Las dudas alrededor del sistema crecen debido a que el mismo Departamento de Seguridad Nacional encontró problemas de privacidad persistentes en la app, además que la CBP utilizó una autorización de uso de emergencias para recolectar con antelación información de individuos indocumentados, saltándose procesos de control.

Sin embargo, esta no es la única forma en que CBP está utilizando el reconocimiento facial. Recientemente, la Oficina finalizó un piloto en cinco puntos de cruce fronterizos en Arizona y Texas en los que identificó a 4.4 millones de personas.

El riesgo de usar esta imprecisa tecnología es mayor en personas que buscan refugio, debido a su situación vulnerable, alertó la abogada Sophia Cope de Electronic Frontier Foundation.

“Si la vida de las personas depende de que un algoritmo determine si eres o no quién dicen que eres y es un algoritmo imperfecto, las personas van a terminar regresando al país de donde quieren huir”, señaló.

Asimismo, las personas migrantes y en situación de refugio se encuentran dentro de las poblaciones más afectadas por las medidas para contener la pandemia de COVID-19, ya han sido empleadas como sujetos de prueba para tecnologías de vigilancia que suelen ser discriminatorias, violatorias del derecho a la privacidad y peligrosas para sus vidas.