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El Knéset, como se conoce el Parlamento israelí, ha aprobado un nuevo Gobierno, poniendo fin al histórico mandato de Benjamín Netanyahu. Con 60 votos a favor y 59 en contra, los legisladores han puesto fin este domingo al ciclo de dos años de parálisis política en el que el país celebró cuatro elecciones.
El nuevo primer ministro de Israel es Naftali Bennett, antiguo asesor de Netanyahu que se convirtió en su rival, quien ahora debe presidir una coalición formada por ocho partidos con profundas diferencias ideológicas. Por su parte, Netanyahu se convierte en el líder de la oposición y se encuentra en una condición mucho más débil incluso dentro de su partido Likud.
Para poner fin a los 12 años de Netanyahu como primer ministro, la oposición israelí alcanzó un acuerdo para formar un nuevo gobierno sin Likud, que era un partido gobernante. Asimismo, el partido Yamina, de Bennett, y el partido Nueva Esperanza de Gideon Sa’ar se unieron al líder centrista Yair Lapid para formar un gobierno de coalición después del fracaso de Netanyahu en hacerlo.
Contexto político
Netanyahu se ha convertido en una figura polarizante en la política israelí y, además, desde finales de 2019 afronta un juicio por corrupción. Cada una de las cuatro elecciones consecutivas que se celebraron en el país en los últimos dos años fue considerada un referéndum sobre la continuidad del político, que se ha posicionado como la figura más dominante de la agenda nacional de las últimas tres décadas.
Bennett sostenía que se necesitan pasos drásticos para evitar otros comicios y aunque comparte la ideología nacionalista de Netanyahu, creía que no había una forma viable para que la derecha formara una mayoría gobernante en el Knéset después del estancamiento de las elecciones del 23 de marzo. El político afirmó que nuevos comicios darían los mismos resultados y consideraba que era hora de poner fin al ciclo.
Si sus oponentes no hubieran logrado formar el Gobierno y se convocaran nuevas elecciones, para Netanyahu había otra posibilidad de que se formara un Parlamento que estuviera a favor de otorgarle inmunidad procesal mientras dura el litigio en su contra.