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La definición de las elecciones presidenciales en Perú está envuelta en la incertidumbre, ya que los candidatos Pedro Castillo, del izquierdista Perú Libre, y Keiko Fujimori, de la derechista Fuerza Popular, registran un empate técnico a menos de tres semanas de que se realice la segunda vuelta electoral, prevista para el 6 de junio.
Ese día, más de 25 millones de peruanos están convocados a elegir al presidente que sustituirá a Francisco Sagasti, el interino que asumió el año pasado en medio de una crisis institucional que enfrentó el país, luego de la irregular destitución de Martín Vizcarra y el breve mandato de Manuel Merino, que salió del poder gracias a la protesta social.
Los comicios representan un nuevo intento para que el país recupere la normalidad democrática, tras años de inestabilidad política. El evidente desmoronamiento de institucionalidad tuvo uno de sus mayores hitos en 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su dimisión para evitar un inminente juicio político, acusado de cargos de corrupción, cuando apenas llevaba menos de dos años en el cargo.
Castillo y Fujimori pasaron a la segunda vuelta luego de las elecciones del pasado 11 de abril, que estuvieron marcadas por la dispersión de candidatos y de votantes. El abanderado de Perú Libre fue la gran sorpresa, pues se impuso en el primer lugar con 19 % de los votos, mientras que un escaso 13,4 % de los sufragios le bastó a la hija del expresidente Alberto Fujimori para seguir en la carrera.
El escaso respaldo de los candidatos que pasaron al balotaje, después de años de profundo descrédito de la política, fue una de las razones por las que ninguno de los dos logró llegar, en suma, al 40 % del total de votos, una cuestión inédita en la historia reciente del país andino.
¿Y cómo sigue el escenario de segunda vuelta en Perú 🇵🇪? ¿¿@PedroCastilloTe o @KeikoFujimori??Recopilamos en @CELAGeopolitica todas las encuestas publicadas pic.twitter.com/ycoptIIjuO— Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) May 17, 2021
Semanas después de la primera vuelta, la brecha entre ambos aspirantes parece acortarse. La última encuesta de la consultora Ipsos, publicada esta semana en el diario El Comercio, reveló que Castillo tiene una intención de voto del 51,1 % y Keiko, del 48,9 %.
Los votantes debaten a diario su dilema en los medios de comunicación y en las redes sociales, ya que deben optar entre un nuevo personaje político, al que señalan de comunista, o a una candidata que representa la corrupción enquistada en la desprestigiada clase política del país. Ella misma está acusada de lavado de dinero, en un juicio que comenzará en las próximas semanas y que quedaría en suspenso, en caso de que gane los comicios.
Quien se quede con la presidencia no tendrá un panorama fácil, ya que los comicios de abril dejaron un Congreso fragmentado, sin mayorías absolutas. De los 130 escaños que estaban en juego, la alianza de Castillo se quedó con 37 y la de Fujimori con 24. El resto se divide entre las fuerzas cuyos candidatos no llegaron a la segunda vuelta y que, en su mayoría, apoyan a la heredera del fujimorismo.
Moderación
Castillo, cuya llegada a la primera vuelta no fue prevista por las encuestadoras, es maestro rural y líder sindical. Tiene 51 años, se ha autodefinido como militante de la izquierda marxista y ganó con un discurso tildado de radical solo porque proponía transformaciones de fondo, como la creación de una Asamblea Constituyente y la puesta en marcha de políticas económicas opuestas por completo al neoliberalismo, con predominio del papel del Estado.
Su plan de estatizar la minería, el gas y el petróleo alarmó a la élite peruana, al igual que sus críticas al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones. Por el contrario, mantuvo su costado conservador al rechazar la legalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En el camino hacia la segunda vuelta, las críticas en su contra se recrudecieron, sobre todo en la capital del país, en donde Fujimori es la favorita de la clase política que ve en Castillo un promotor del estatismo. En cambio, los principales bastiones electorales del candidato de Perú Libre siguen siendo las regiones y, especialmente, las zonas rurales.
Conforme se fue achicando la brecha de intención de votos entre ambos, en medio de una agresiva campaña política de la derecha, Castillo ha moderado su discurso. La confirmación del vuelco en sus propuestas quedó plasmada en un plan de Gobierno en el que plantea cambios profundos, aunque progresivos, remarcando el «respeto absoluto a reglas democráticas y a sus instituciones».
En el documento, el candidato recalca que mantiene su compromiso de justicia social, y que su plataforma ha sido enriquecida con aportes de actores sociales que ha escuchado en las últimas semanas, entre ellos, la izquierda más moderada representada por la excandidata presidencial Verónika Mendoza.
Entre los candidatos presidenciales que contendieron el 11 de agosto, Castillo solo obtuvo el respaldo de Mendoza, la abanderada del Frente Amplio, que obtuvo el 8 % de los votos. Los demás apoyan a Fujimori.
Controversia
Fujimori, que cuenta con el respaldo de la élite política de Perú y buena parte de los medios, ha logrado un drástico incremento en su intención de voto en esta tercera campaña presidencial con respecto a Castillo, considerado un ‘outsider’ surgido del país profundo.
Tanto es el «temor» a Castillo, que incluso el escritor Mario Vargas Llosa dejó atrás décadas de encono contra el fujimorismo y terminó apoyando públicamente a la candidata de Fuerza Popular.
El Nobel de Literatura, que suele tomar partido en todas las elecciones latinoamericanas por los candidatos de derecha, invitó a Fujimori a Ecuador para participar en un foro «en defensa de la libertad» y aprovechar para apoyar su campaña y presentarla como la única alternativa posible en esta elección.
Sin embargo, la convocatoria terminó en polémica porque un juez le negó a Fujimori el permiso para viajar debido a las restricciones que pesan en su contra, ya que enfrenta un proceso judicial en el que se le acusa de lavado de dinero, organización criminal, obstrucción de la justicia y falsa declaración, en una causa que investiga las múltiples irregularidades en el financiamiento de sus campañas en 2011 y 2016.
El juicio comenzará en las próximas semanas, pero si Fujimori gana las presidenciales, quedará cubierta por fueros que impedirán que sea procesada, investigada y condenada.
Las polémicas con la candidata son permanentes, ya que insiste en que, en caso de triunfar, una de sus primeras medidas como presidenta será la de indultar a su padre, quien está preso, condenado por delitos de lesa humanidad y de corrupción.
Además, este año comenzó un nuevo juicio contra Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas y masivas que aplicó durante su Gobierno, pero esta semana su hija negó que las intervenciones se hubieran llevado a cabo y afirmó que solo formaban parte de un programa de planificación familiar.
¿Madurez?
Esta semana, ambos candidatos firmaron un compromiso en defensa de la democracia y el Estado de derecho, con miras a desescalar los temores que se ciernen entre los electores, ya que la aspirante de la derecha arrastra el peso del legado del fujimorismo, mientras que Castillo ha sido demonizado con los fantasmas del «comunismo», al ser el abanderado de la izquierda.
Los dos candidatos, que representan las antípodas de proyectos políticos, se presentaron esta semana de manera conjunta en un evento en el que afirmaron que, en caso de ganar, respetarán los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa, y cumplirán con su mandato de cinco años, sin intentar alargar su permanencia en el poder a través de alguna reforma constitucional.
En un intento de mostrar madurez política e idoneidad para el cargo, también se comprometieron a respetar tratados internacionales, la institucionalidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas y la independencia de los poderes del Estado.
El próximo desafío serán los debates presidenciales que se realizarán el 23 y el 30 de mayo, ya que serán los últimos esfuerzos para convencer al electorado antes de que el 6 de junio tengan que volver de nuevo a las urnas.