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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este domingo su preocupación por los recientes actos de violencia registrados en la ciudad de Cali, durante las protestas contra el Gobierno de Colombia y pidió una investigación «independiente» sobre las muertes y decenas heridos.
A través de un comunicado, Bachelet señaló que su Oficina recibió informes sobre individuos armados, incluido un oficial fuera de servicio, que habrían disparado contra los manifestantes, periodistas y transeúntes. Asimismo, indicó que algunos de estos hechos habrían ocurrido en presencia de agentes de policía. Según los datos del organismo, desde el 28 de mayo, 14 personas habrían perdido la vida y 98 resultaron heridas, 54 de ellas por armas de fuego.
«Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley», señaló la Alta Comisionada.
Las preocupaciones del organismo internacional se producen después de que el presidente Iván Duque ordenara el despliegue del Ejército en Cali para apoyar a la Policía con la finalidad de recuperar el orden público. El incremento de actos violentos tuvo lugar un mes después del inicio del paro nacional contra varias políticas sociales y económicas del Ejecutivo.
En ese sentido, Bachelet también solicitó «que se ponga fin a todas la formas de violencia, incluido el vandalismo» e instó a las partes a que busquen una salida pacífica mediante el diálogo «para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas».
Por otro lado, en relación a los informes de que al menos 30 individuos fueron detenidos el pasado viernes, recordó que «es necesario garantizar los derechos a un juicio justo y las garantías procesales» de todos ellos. Además, sobre la preocupación del paradero de algunos detenidos reiteró la necesidad de aplicar las medidas necesarias acorde a las normas internacionales para «prevenir desapariciones».
A un mes del estallido social en Colombia, el mayor de su historia reciente, se han contabilizado decenas de muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el permiso de las autoridades para visitar el país a fin de investigar las «graves violaciones», incluido el abuso policial que se denuncia diariamente.