Arantxa Tirado, Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández, Gabriela Montaño y Silvina Romano

El proceso de producción y distribución de las distintas vacunas para el Covid-19 ha puesto de manifiesto, una vez más, la disputa geopolítica y las relaciones asimétricas entre los países del mundo. Los países occidentales se han asegurado, mediante compras anticipadas, el suministro de las vacunas de los principales laboratorios europeos y estadounidenses, acaparando el 51% de la producción y dejando a la mayoría de países del Sur global sin acceso a ella o teniendo que depender del sistema COVAX.

Se calcula que un cuarto de la población mundial no tendrá acceso a la vacuna hasta el 2022, incluso si los laboratorios producen al máximo, a pesar de que el G-20 se comprometió a garantizar un acceso global a la vacuna. Esta situación de “farmacolonialismo” y de patrimonialización de la vacuna, asociado a las patentes, abre un debate sobre la  privatización de un bien fundamental que debería tener un código abierto para garantizar la salud pública mundial, habida cuenta del alcance global de la pandemia y de su impacto en el conjunto de la humanidad.

Las patentes

Qué puede ser sujeto de una patente

  • Según el art. 27.1. del ADPIC “Las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.
  • Pero el art. 27.2 excluye la patentabilidad de “las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación”.
  • Mientras que el art. 27.3. excluye la patentabilidad de “los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”.

Cómo se están aplicando al caso vacuna Covid-19

  • Las farmacéuticas, pese a haber recibido financiamiento público para la investigación, han patentado la vacuna como propia. Salvo los casos de las vacunas desarrolladas exclusivamente por laboratorios estatales (Cuba, China) o por laboratorios en colaboración con las instituciones estatales (Rusia), el resto de vacunas son propiedad exclusiva de la industria farmacéutica privada.

Cuáles son las principales vacunas y en qué países se producen, de acuerdo a limitaciones de licencias y patentes

Acceso y distribución de la vacuna

Claro monopolio de la industria farmacéutica en países centrales

  • Los 20 primeros laboratorios a nivel mundial representan el 60 % del total de las ventas de la industria. EE. UU. es el principal mercado con una cuota de 39,3 % seguido por Japón (11 %), Alemania (4,9 %), Francia (4,6 %), China (4,2 %), Italia (2,9 %), Canadá (2,7 %), Reino Unido (2,6 %) y España (2,5 %).

Mecanismo COVAX

La OMS y otras instituciones multilaterales como el Banco Mundial están enfocadas en financiar y fabricar una vacuna Covid-19 para uso global.

En junio, la OMS, CEPI y Gavi lanzaron COVAX, una iniciativa global que busca más de $ 18 mil millones en fondos para adquirir dos mil millones de dosis de una vacuna para fines de 2021.

  • CEPI: La Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias es una alianza global fundada por Noruega, India, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Wellcome Trust con sede en el Reino Unido y el Foro Económico Mundial.
  • GAVI: The Vaccine Alliance, también fundada por la Fundación Gates, centrada en mejorar el acceso a las vacunas para los países de bajos ingresos.

Objetivos COVAX

  1. Producir 2 mil millones de dosis de vacuna en 2021.
  2. Distribuir los 2 mil millones de dosis de manera justa a nivel mundial.
  3. Alcanzar a un 3% de la población mundial, lo que cubriría al personal de salud en todo el mundo.
  • Ha logrado garantizar 37,2 millones de dosis, de las cuales 36 millones serán de la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad Oxford, y 1,2 millones de la vacuna Pfizer-BioNTech. Esta última farmacéutica garantizó una primera ronda de 40 millones de dosis a distribuirse entre finales de febrero y finales del primer trimestre.
  • Adicionalmente, COVAX ha negociado con el Serum Institute of India la provisión en el largo plazo de 1.100 millones de dosis de las vacunas de Astra Zeneca y Novavax a tres euros cada una, lo que permitirá distribuirlas a 100 países de ingresos medios y bajos.

¿Cómo se paga?

Cada país podía seleccionar entre los dos modelos de compra: comprometida vs. opcional.

  • El Modelo de Compra Comprometida: el país adquiría un cierto volumen de vacunas para un pago anticipado más bajo ($3.20 por persona ~ 15%) y con una garantía financiera vinculante para comprometer el 85% restante.
  • El Modelo de Compra Opcional: el país optaría por no recibir cualquier vacuna ofrecida y mantener la capacidad de recibir la parte completa de las dosis y un pago por adelantado mayor ($6.20 + $0.80 por persona).

Impacto en América Latina y el Caribe 

  • Los países de ALC tienen disímiles planes de vacunación que dependen de su capacidad de negociar de manera bilateral con terceros países. En algunos casos, sólo han podido acceder a los remanentes de las vacunas, después de las compras anticipadas de los países de Europa, Israel, Canadá o EE. UU.
  • Solución individual: cada país ha resuelto comprar a diversos proveedores, occidentales y no occidentales, a la vez que la mayoría ha adherido al sistema COVAX.

Un mecanismo como COVAX permite una solución urgente, pero no resuelve la extrema dependencia, la falta de desarrollo tecnológico y de articulación regional, que parece clave en vista de nuevos escenarios de crisis de salud.

Ejemplos de búsqueda de financiación individual

Cómo se aborda en organismos regionales el acceso a bienes y servicios para enfrentar el Covid-19

  • Los países de Centroamérica acordaron, a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un Plan de Contingencia Regional frente al Coronavirus que moviliza hasta 1.900 millones de dólares para abordar las consecuencias económicas y relacionadas con la salud. La reunión de jefes de Estado y de Gobierno tuvo lugar el 26 de marzo de 2020 y se hizo una “Declaración Centroamérica Unida contra el Coronavirus”.
  • Propuesta de gobierno de Costa Rica + OMS: Acceso Mancomunado a Tecnología contra COVID19, que implica hacer de conocimiento público la propiedad intelectual y la información relacionada con las tecnologías sanitarias para paliar la pandemia.

Mercosur

  • Resoluciones de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, sobre eliminación y/o simplificación de licencias, eliminación de aranceles, para importar-exportar productos sanitarios relacionados con la pandemia.
  • PROYECTO DE COOPERACIÓN EN DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD (FOCEM) del Mercosur “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud”, a través del cual los países del bloque aprobaron un monto de 1.005.000 de dólares a pedido de Argentina, que serán destinados por el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA) a continuar con las acciones contra la pandemia Covid-19. Las principales adquisiciones que Argentina concretará con los nuevos fondos FOCEM incluyen equipamiento para diagnóstico, kits, reactivos y otros insumos para tests.

Financiamiento

El BID aprobó 21.600 millones de dólares en préstamos en 2020 en respuesta a la COVID-19, además de movilizar 1.000 millones destinados a adquirir y distribuir vacunas.

Antecedentes en organismos regionales

  • En 2009, el Consejo de Salud Sudamericano de la UNASUR tuvo entre sus objetivos, un acuerdo para la utilización de la vacuna contra la gripe A H1N1. Pidió a la OMS y a farmacéuticas acceso a vacunas, medicamentos y asistencia técnica.1 Se llevó a cabo negociación conjunta con apoyo de OMS y OPS.2
  • Durante la pandemia de la influenza A/H1N1 en 2009, la competencia de gobiernos y compañías farmacéuticas hizo imposible garantizar el acceso universal a la vacuna hasta que los países desarrollados lograron primero su acceso.
  • En la Declaración de Cancún en 2010, realizada en la Cumbre de la Unidad previa al lanzamiento de la CELAC en 2011, se estableció la cooperación regional como una respuesta coordinada e integral para garantizar entre otras, la lucha contra las epidemias de alto impacto como el VIH/SIDA y el virus H1N1. Se propuso trabajar a nivel nacional, regional e internacional para reducir y controlar la diseminación de enfermedades.3
  • En 2014 el G77+China, bajo propuesta de Bolivia, sugirió adoptar las Conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre los derechos de la madre tierra y el cambio climático realizado en Tiquipaya, Bolivia el año 2010. Destaca respecto a patentes y licencias que “Como patrimonio de la humanidad, no puede ser monopolio de ciertos países, no puede ser un instrumento de poder y control económico4
  • En 2014 se avanzó en la creación de un Banco Regional de precios de medicamentos a través de la UNASUR, para definir precios referencia a través de los cuales se podría identificar los costos de inversión que destinan los países sudamericanos a la compra de medicamentos. Propuso realizar un mapeo de las capacidades productivas, tecnológicas y científicas de los laboratorios públicos y privados que existentes en Suramérica, para definir políticas regionales que permitan sustituir las importaciones de fármacos por la producción local. El OBJETIVO: producir una radical ampliación de acceso a (medicamentos) genéricos, algo que ya se presumía complicado por la presión que suelen ejercer las grandes corporaciones farmacéuticas del mundo. En diciembre de 2014 el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) y UNASUR -que integran Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela- organizaron un taller sobre el acceso a medicamentos y la protección de patentes.

A corto plazo, con el ánimo de unir voluntades y esfuerzos, retomando sugerencias ya vigentes para un acceso más rápido a la vacuna, podría avanzarse en:

  • Presionar a los gobiernos mundiales para que respalden la propuesta de gobiernos a nivel mundial que plantea la exención de la ejecución, aplicación y cumplimiento de determinadas secciones del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la “prevención, contención o tratamiento” del Covid-19; y exijan a las farmacéuticas que retiren la patentabilidad de las vacunas.
  • Promover postura regional conjunta, aglutinada a través de la CELAC, para elevar pedido ante la OMS y la OMC de licencias obligatorias basándose en la modificación del ADPIC de 23 de enero de 2017. Además, adherir a la propuesta de Acceso Mancomunado a Tecnología contra COVID19, a la que hasta ahora adhieren de modo individual: Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
  • Ampliar la iniciativa del ALBA-TCP como articulador de la vacuna Soberana01 para incluir a otras vacunas de producción cubana, o de cooperación rusa, que puedan ser articuladas desde la CELAC (retomando el objetivo de lucha conjunta contra epidemias de alto impacto plasmado en la Declaración de Cancún 2010) bajo la presidencia pro-témpore de México. Ampliar el financiamiento para patrocinar parte de los ensayos biológicos de las vacunas cubanas.
  • Retomar el Plan de Trabajo pautado por la CELAC para acordar la compra conjunta que podría y profundizarlo para coordinar la producción de vacunas, atendiendo al uso de fortalezas de los países con mayor infraestructura farmacéutica y biotecnológica.

Arantxa Tirado

Dra. en Relaciones Internacionales e Integración Europea (UAB) (España)

Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es también Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (Itinerario de Relaciones Internacionales) por…

Tamara Lajtman

Mg. en Estudios Latinoamericanos (UNAM) (Brasil)

Tamara Lajtman es magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Actualmente realiza el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires (UBA) como becaria del Consejo Nacional de Investigaciones…

Aníbal García Fernández

Máster en Estudios Latinoamericanos (UNAM) (México)

Aníbal García Fernández es magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus principales líneas de estudio son la guerra fría interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Actualmente se encuentra realizando el doctorado…

Gabriela Montaño

Licenciada en Medicina por la Universidad Nuestra Señora de La Paz y magister en Salud Pública. Ministra de Salud Pública en el último Gobierno de Evo Morales. Senadora en el periodo 2010-2015, ocupando la Presidencia de la Cámara Alta desde 2012 a 2014. Diputada y presidenta del Congreso de Bolivia…

Silvina Romano

Dra. en Ciencia Política (UNC) (Argentina)

Silvina Romano es investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA). Es posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de…