El asesinato del líder minero boliviano Orlando Gutiérrez es de esas que se preanuncian, parecen agazapadas y más en un país donde hubo un golpe de Estado. Él y su familia vivían amenazados por las redes sociales. Se la tenían jurada. ¿Quiénes? Eso es motivo de una investigación, pero los indicios de cómo empezó todo – la semana pasada habia sido atacado en un bar de La Paz – llevan a sospechar de grupos civiles afines al gobierno de facto de Jeannine Añez.
El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) fue abordado por una patota que lo habría golpeado en la cabeza con premeditación. La agresión terminó con el referente gremial malherido. Tanto que debieron internarlo y después de una semana en esa condición falleció ayer en la clínica Cemes de La Paz. La secuencia completa de estos hechos, es obvio, se convirtió en un asesinato. Hubo un testigo de este grave episodio que lo acompañaba y consiguió escapar. El pesar que causó la muerte del hombre que resultó clave en el apoyo de la Central Obrera Boliviana al MAS para las últimas elecciones, se sintió demasiado. El presidente democrático electo, Luis Arce Catacora, lo recordó como un “gran dirigente minero que siempre defendió los intereses del pueblo boliviano”. Informo Página 12.
Gutiérrez era un referente muy joven de su sector. Desde niño había conocido lo que era trabajar en el socavón de las minas de Colquiri, en la provincia de Inquisivi, departamento de La Paz. Quince años de su vida los pasó ahí, en el subsuelo, trabajando en la extracción del estaño y el zinc. La FSTMB que él representaba ya había sacado un comunicado el 22 de octubre después de que recibió el ataque: “Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, organismos de los Derechos Humanos y otros, que nuestro compañero Orlando Gutiérrez Luna, secretario ejecutivo de la FSTMB, ha sufrido un atentado contra su vida, quien se encuentra herido de gravedad, muy delicado de salud, en una clínica de la ciudad de La Paz por afrontar una lucha tenaz en contra de este régimen de dictadura, del gobierno antipopular de transición”.
En el mismo texto, la federación minera señaló que su vida corría peligro: “Gutiérrez y su familia recibieron muchas amenazas de muerte por las redes sociales por parte de la derecha, pero al verse derrotados en las urnas en los comicios del domingo 18 de octubre, en su desesperación recurren a esta manifestación de violencia totalmente antidemocratica, agrediendo cobardemente a nuestro compañero dirigente”.
El sector sindical que representaba dio los primeros indicios sobre qué grupos políticos podrían haber organizado el ataque. Aunque lo atribuyó al genérico de “la derecha fascista”, fue un poco más allá: habló de “pititas, plataformas, sicarios y matones”. Un modus operandi semejante al que se vio en los días posteriores al golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 contra el gobierno de Evo Morales. El caso del periodista argentino Sebastián Moro, quien cubría los hechos para PáginaI12, es un antecedente muy próximo.
El nombre de pititas proviene de las sogas con que manifestantes de clase media y media acomodada cortaban las calles de Bolivia cuando gobernaba Morales y salían a protestar contra el máximo referente del MAS. A estos grupos les quedó ese mote, aunque en el país del Altiplano abundan patotas orgánicas e inorgánicas en distintas variables de la derecha, más y menos violentas, que hicieron de la intimidación política un fin desestabilizador en sí mismo. Las más agresivas surgieron en Santa Cruz, el feudo del gran derrotado en los comicios, Luis Fernando Camacho. Un abogado ultraderechista que tras el derrocamiento de Evo se presentó en la Casa de Gobierno, y ante la ausencia del presidente constitucional, colocó su proclama sobre una biblia y la bandera boliviana arrodillándose en el piso. Los cívicos – nombre por el que se conocen a quienes le siguen – son una parte de esta fauna, aunque no la única.
La llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) es otro espacio antimasista que surgió casi como una reunión de amigos. Fueron siete jóvenes sin militancia política sus fundadores, identificados por su visceral rechazo al expresidente Morales. Pero su dinámica beligerante en las calles hizo que en sus filas llegara a haber unos 5 mil militantes activos, como públicó este diario en febrero pasado. Cochala es la manera coloquial con que se nombra a los nacidos en Cochabamba. De ese departamento boliviano no es solo Evo. También su encarnizado adversario, el exministro de Gobierno golpista – despedido por Añez después de las elecciones – Arturo Murillo. Ahora es un hombre en problemas en la Bolivia que empezó su retorno a la democracia plena, pero con graves peligros que el MAS no debería subestimar. La muerte de Orlando Gutiérrez es un aviso. La derecha derrotada en las urnas sigue intacta dispuesta a todo para desestabilizar al gobierno que asumirá el 8 de noviembre.
El fallecimiento de este dirigente se da en un momento en que cientos de derechistas disconformes con el resultado electoral, que dio la victoria en primera vuelta al MAS, se concentraron en las puertas de algunos cuarteles militares solicitando que las FF.AA. tomen el poder para “salvar la democracia”. En la misma línea, el comité cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, acaba de presentar un Amparo Constitucional pidiendo que se suspenda la toma de posesión de la dupla presidencial del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, hasta que se culmine con una “auditoría forense” que demuestre que no hubo fraude. Reseñó Izquierda Diario.