Por Gonzalo Maldonado*
La investigación y el desarrollo de nuevas vacunas es conducido por organizaciones sin fines de lucro y financiado con donaciones público-privadas. CEPI y GAVI son las dos entidades no gubernamentales que lideran este proceso, con asistencia de Unicef, la Fundación Bill & Melinda Gates, el Banco Mundial y de muchos otros filántropos privados.
En cambio, la producción en masa y distribución a gran escala de esas vacunas está en manos de las grandes farmacéuticas, que son empresas privadas, que se financian en las bolsas de valores y cuyo valor de mercado depende de los dividendos que sean capaces de generar para sus accionistas. A su vez, esos dividendos están dados en función del poder de mercado que aquellas empresas puedan ejercer en el proceso de producción y distribución de los medicamentos que sacan a la venta. Esta rotura en la cadena de valor de las vacunas genera un conflicto de interés que, en última instancia, podría hacer que una vasta mayoría de personas en el mundo tenga dificultades para vacunarse contra la Covid-19 y de otros patógenos que puedan aparecer en el futuro.
Veamos por qué: Antes de empezar a producir y vender vacunas a gran escala, los conglomerados farmacéuticos querrán asegurar dos condiciones:
Que esa nueva línea de productos sea rentable.
Que ellos queden indemnes de cualquier pedido de reparación que pudiera producirse si la vacuna desarrollada provocara efectos secundarios no deseados, por ejemplo.
Para que la nueva línea de vacunas sea rentable, las farmacéuticas exigirán control sobre su precio de venta. Esto significa que exigirán –como ha ocurrido en el pasado– que los contratos de compra-venta tengan cláusulas de confidencialidad que impidan a los compradores revelar los términos finales de su negociación. Como es obvio, esta práctica reduce o elimina una posible competencia o puja de precios que pudiera abaratar el costo de la vacuna.
Muchas farmacéuticas también querrán tener la propiedad intelectual de la medicina recientemente encontrada, aún cuando ellas no hayan tenido participación directa en su proceso de investigación y desarrollo.
Tener en exclusiva la propiedad intelectual de una vacuna determinada permitirá a las farmacéuticas descremar el mercado durante su lanzamiento y tener mayor control sobre el segmento de mercado que hayan escogido atender.
En cuanto a los segmentos de mercado, las farmacéuticas privadas querrán atender primero a la población con mayor capacidad adquisitiva, y cuya red de distribución no sea costosa. Las personas que viven en zonas densamente pobladas de los países industrializados serán, por tanto, las primeras en ser atendidas.
En cuanto a los riesgos de indemnización, los conglomerados farmacéuticos querrán que los gobiernos o las agencias gubernamentales emitan leyes o regulaciones que las blinden de posibles juicios millonarios. Este proceso podría tomar tiempo, en determinados países. Así las cosas, parece sensato que las autoridades ecuatorianas ya hayan entrado en contacto con posibles firmas productoras de la vacuna para Covid-19.
Una acción temprana de su parte podría significar que el país y, sobre todo, su población más expuesta queden mejor protegidos de este patógeno que ha probado ser extremadamente mortal. Pero para obtener un acceso temprano a la nueva vacuna habrá que entender bien los incentivos y limitaciones de este mercado. @GFMABest *Economista y periodista. Trader de commodities, índices y monedas.