El Destape
La CEPAL recomendó avanzar hacia un ingreso básico universal para enfrentar el fuerte impacto social y económico de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Advierte un incremento de la pobreza y la desigualdad en la región.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe propuso que los gobiernos garanticen “transferencias monetarias temporales inmediatas” para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo.
Consideran que será crucial también para impulsar una reactivación sólida y relativamente rápida. El organismo marcó que en el largo plazo el alcance de esas transferencias debe ser permanente, con el objetivo ir más allá de las personas en situación de pobreza para llegar a amplios sectores de la población que están al límite.
El informe realiza un balance de los efectos sociales que traería la pandemia del COVID-19.
Provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región. La CEPAL calcula que la pobreza llegará este año al 34,7% de la población en América Latina. Alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas. La pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
Se descarta que, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región más desigual del mundo.
Ante ese panorama, la CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a la línea de pobreza durante seis meses. Esto implicaría una inversión social adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año, según calcula el organismo.
Así lo indicó este martes un nuevo informe dado a conocer por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, titulado “El desafío social en tiempos del COVID-19”, en una conferencia de prensa virtual transmitida en vivo desde Santiago de Chile.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.
Bárcena consideró que el IBE se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país.
Es una medida que se discute en el mundo, y avanza en varios países, en algunos casos con espíritu redistributivo, en otros para evitar problemas de gobernabilidad y estallidos sociales que pongan en crisis al sistema y los privilegios pre-pandemia.
“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población —especialmente la más pobre y vulnerable— para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, remarcó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Según el reporte, los grupos especialmente vulnerables a la crisis son las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, remarcó Alicia Bárcena. “Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar”, agregó.