Agencias
El Gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, emitió hoy lunes 6 de abril 2020, un decreto publicado en el Boletín Oficial, que dispone la postergación hasta 2021 del pago de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional emitida en dólares bajo ley local. El monto totaliza casi 10.000 millones de dólares. La noticia circulo este lunes por varios medios del país.
Estiman las fuentes noticiosas que la medida de postergación de pagos de la deuda podría ser considerada por los acreedores como un impago selectivo, mientras se espera saber cómo proseguirá la reestructuración de la deuda contraída bajo legislación extranjera. Aunque se ha hablado de la renegociación de dicha deuda, las condiciones no han sido anunciadas, en plena recesión económica y en medio de la crisis global agudizada por la pandemia del coronavirus.
El presidente Alberto Fernández, mediante su decreto, decide el aplazamiento de los pagos de intereses y capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley argentina hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta ciertas fechas que el Ministerio de Economía determine, según la sostenibilidad de la deuda pública. La deuda mayor, que puede dirimirse en tribunales extranjeros, no está siendo tocada por el momento, aunque hay grandes presiones facticas, económicas y sociales en esa dirección.
La medida es justificada por el gobierno porque «la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha alterado los plazos previstos oportunamente en el ‘Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa'» y porque «a este contexto de deterioro de la situación económica y social, producto de la emergencia sanitaria, se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública del Gobierno Nacional emitida bajo ley de la República Argentina y denominada en dólares estadounidenses».
El Gobierno de Mauricio Macri, que administró el país hasta 2019, se había visto obligado también al aplazamiento del pago de servicios de deuda de algunos títulos, y lo mismo hizo para ciertos casos el nuevo presidente Fernández, al asumir la conducción del Ejecutivo, aunque se continuaron pagando otros instrumentos financieros y se anunció la aún pendiente reestructuración de su pesada deuda externa, que en su mayor parte se atiene a legislación extranjera y está bajo la soberanía judicial de la nación argentina.
En el decreto gubernamental se exceptúan algunos títulos, como las letras en dólares en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y otros títulos emitidos por Finanzas y Hacienda. El Ministerio de Economía se encargará de efectuar las operaciones de administración de pasivos, canjes y reestructuraciones de los títulos cuyos pagos son diferidos, «con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos».
Estas medidas son tomadas ante la incapacidad de sostener el pago de esta deuda, al juntarse la fuerte contracción de la economía del país austral latinoamericano, con elevada inflación, agravados problemas sociales y desempleo creciente, a lo que ahora se suman las condiciones de emergencia que impone la pandemia de COVID-19.
Grupos de izquierda, organizaciones sindicales y sociales de Argentina, así como movimientos contrarios al pago de la deuda externa, vienen desarrollando una fuerte campaña desde antes de la llegada de la pandemia y ahora insisten en ello con mayores motivos, por considerar la deuda como ilegítima y como responsable de la imposición de planes de ajuste neoliberal para descargarla sobre el sacrificio de la clase trabajadora y los sectores populares. En esta campaña ha venido actuando el Frente de Izquierda y de los trabajadores (FIT) que reúne a vatios partidos de corte revolucionario socialista (de orientación trotskysta) como el MST, PTS, PO e IS. Igualmente la dirigencia de la CTA, y activistas de Jubileo Sur, de ATTAC Argentina y del CADTM-AYNA, entre otros, porque el no pago de la deuda es una consigna ampliamente levantada por movimientos sociales y corrientes políticas.
Alejandro Bodart, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores y del FIT explicó que es apenas una parte de los vencimientos lo que se aplaza hasta el 2021, que es la parte más pequeña de la deuda, correspondiente a quella donde la justicia que lauda es la argentina. Pero aclara que el gobierno sí se está disponiendo a pagar todos los compromisos que vencen ahora -entre los que incluso se pagaron unos 250 millones de dólares en estos días- que corresponden a deudas que se basan en ley extranjera, como los tribunales de Nueva York. De manera que, el reclamo y la exigencia del no pago de la deuda completa continúa para quienes adversan esta dura carga para los trabajadores y el pueblo argentino, y no se justifica su pago tanto por su carácter ilegítimo como por la urgencia que plantea la pandemia, ante la que se sigue privilegiando a los grandes acreedores y al capital.