Diario La Razón
Para el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Francisco José Eguiguren es necesario formar un grupo
interdisciplinario e internacional de expertos para investigar los
hechos de violencia ocurridos tras la dimisión de Evo Morales en Bolivia
porque no hay garantías para una investigación interna imparcial.
Los hechos de violencia en El Alto y Sacaba, que se saldaron con 19
muertos a bala, fueron calificados por Eguiguren de masacres. “Una
situación muy alarmante, polarización, discurso de odio, violencia,
grupos armados y eso es algo muy serio”, resumió el relator en una
entrevista la noche del jueves con la cadena CNN sobre lo visto por una
misión de la CIDH en Bolivia.
“La Comisión va a plantear que debe constituirse un grupo
interdisciplinario e internacional de expertos que pueda constituirse en
el país e investigue a profundidad los sucesos ocurridos luego de la
renuncia del presidente Evo Morales y la anulación electoral, que han
causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto
y otra en Cochabamba”, anunció.
Tras la dimisión de Morales, el 10 de noviembre, se activaron bloqueos y
marchas en favor del hoy exmandatario, centradas en Cochabamba y El
Alto. El 15 de noviembre perdieron la vida por impacto de bala 9
cocaleros que eran parte de una marcha que fue detenida por un operativo
policial-militar en su intento de ingresar a la ciudad de Cochabamba.
Morales renunció acorralado por un prolongado bloqueo cívico, al que se
sumó un motín policial y la sugerencia de renuncia del entonces alto
mando militar, alentado por denuncias de fraude en las elecciones del 20
de octubre. La protesta exigía el respeto al voto y poco después de
conocerse los resultados se quemaron las oficinas de los entes
electorales de Sucre, Trinidad, Potosí, Tarija y Santa Cruz.
Días después, el martes 19, en Senkata, lugar de un fuerte bloqueo que
impedía la salida de combustibles y GLP, perdieron la vida seis personas
y posteriormente otros cuatro heridos en medio de otro operativo
policial-militar para evacuar un convoy de cisternas para paliar la ya
crítica situación de desabastecimiento en ese entonces.
El Gobierno negó que los militares o policías hayan hecho uso de sus
armas de reglamento en esos trágicos hechos. La Fiscalía también
descartó que se haya empleado en la muerte de esas personas armas de uso
policial o militar.
“A pesar de que la información oficial habla de muertes en
enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una
investigación internacional porque no encontramos internamente garantías
para una investigación imparcial y firme”, insistió y anunció que
planteará a la CIDH una visita lo más pronto posible a Bolivia para ver
en el terreno lo ocurrido.
“Muy alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día
siguiente de este decreto muy cuestionable, donde el Gobierno interino
dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que estarían exentas de
investigación y responsabilidad”, cuestionó en relación al decreto
aprobado el 14 de noviembre y abrogado el 28 del mismo mes tras, dijo la
presidenta Jeanine Áñez, haberse consolidado la pacificación.
Ese decreto eximía a los militares de responsabilidad penal por su
accionar en los operativos para restablecer el orden, además dejaba en
claro que debían actuar de forma proporcional al ataque o violencia que
combatían. Desde el Gobierno se cuestionó que la CIDH haya enviado una
misión cuando en 14 años del gobierno de Morales no lo hizo pese a
denuncias de violación de derechos humanos.
“Lo que cuestiono es que me parece raro que en los últimos 14 años la
CIDH no haya venido al país cuando le pedimos que lo haga”, sostuvo el
ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.
Como consecuencia de los hechos de violencia desatados después de las
elecciones del 20 de octubre, la Fiscalía abrió 368 casos concentrados,
en su mayoría, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De ese total, 87
están con detención preventiva, 192 con medidas sustitutivas y 89 están
en libertad, mientras que 29 personas perdieron la vida en ese periodo
de violencia.