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El presidente Mauricio Macri creó por decreto un régimen para
funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores
generales por cinco años. Además establece que para removerlos, el
Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo
que resta para completar ese plazo de cinco años. Desde ATE Capital y
los abogados del Estado cuestionaron la decisión, que se toma a catorce
días de dejar el Gobierno, y que -según advirtieron- busca perpetuar a
funcionarios propios en la gestión de Alberto Fernández o, en caso
contrario, proveerles indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas
de millones de pesos.
El decreto 788/19 , firmado por Macri, por el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, hace una
reconversión tardía sobre la línea que venía sosteniendo el actual
gobierno. Tardíamente, ahora llama a defender los derechos de los
trabajadores estatales. Aunque en este caso se preocupa por el escalafón
de gerencias. De promover los despidos masivos al comienzo de su
Gobierno y cuestionar a quienes se resistían a quedar sin trabajo como
“ñoquis” o “grasa militante”, Macri pasa al final de su mandato a crear
un sistema para que los cargos jerárquicos del Estado tengan
estabilidad, refiere Página12 en su portal web.
Concretamente, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea
el “Régimen de Alta Dirección Pública”, que incluye a directores
generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos
pasan a tener estabilidad por cinco años. Y, en caso de que se los
remueva, el Estado deberá pagar el equivalente a los sueldos por lo que
resta de esos cinco años. Exactamente lo opuesto a lo que exigía el
macrismo al llegar al gobierno, cuando funcionarios como Hernán Lombardi
reclamaban que nadie pidiera una indemnización y amenazaba con
escraches públicos a los que lo hacían.
Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en
el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10
millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto
homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por
ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de
sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más
transparente“. Desde UPCN también negaron ante este diario que el
decreto implique un amparo a funcionarios macristas.
La iniciativa fue cuestionada desde ATE que, en todas las instancias de
negociación colectiva, se opuso a la creación de este régimen de cargos
jerárquicos. El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández,
advirtió que “a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri
continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto
Fernández”.
“Desde el 1 de enero de 2020 se aplica un aumento salarial considerable a
los más altos cargos de la Administración Pública Nacional, que incluso
impactarán sobre los salarios de ministros y el presidente”, indica
también, sobre un cambio en los escalafones. Según cálculos de ATE, esta
modificación podría implicar aumentos de entre 80 y 100 mil pesos a
partir de enero del año próximo. Es decir, los incrementos serán
enteramente pagados por el próximo gobierno.
“Lo que planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado
nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar
una dificultad más al presidente que está llegando”, cuestionó
Fernández. El dirigente sindical advirtió que el decreto 788 “establece
una prioridad que no es la nuestra: planteamos que hay un problemas con
los ingresos de las categorías más bajas y la estabilidad de los
trabajadores y trabajadoras que sobrevivieron a la ola de despidos del
macrismo. Ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon
ellos todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos
años”.
“Lo que venimos planteando es que el salario, depredado por las
políticas de Macri, tiene que ser recompuesto, pero comenzando por los
estratos más bajos”, advirtió. El dirigente seguró que, apenas asuma
Fernández, desde ATE van a ofrecer que se postergue la entrada en
vigencia del decreto 788.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE)
cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri
para cargos jerárquicos tiene “exigencias mucho más laxas de idoneidad
técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones
desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio
inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de
categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia
de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno
saliente”.
El secretario general de AGAE, Rubén Ramos, afirmó que el decreto 788
“es un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros
colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en
connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando
muestras de desvergüenza”. “Para entender mejor de qué se trata, resulta
útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de
las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se
produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de
Gobierno”, remarcó Ramos.
El gobierno de Macri ya había abierto una polémica por lanzar en los
últimos meses un llamado a pases a planta de 2352 cargos, de los cuales
unos pocos eran jerárquicos. En aquel momento, ATE Capital presentó un
informe en el que advirtió que el macrismo dio de baja más concursos de
los que lanzó en sus cuatro años de Gobierno.
El trabajo indica que, pese al discurso de la meritocracia y el
eficientismo, la gestión PRO dejó sin efecto 1910 concursos y cajoneó
otros 3964 para los que no pudo encontrar defectos formales. En lo que
va de su gestión, según el informe, el actual gobierno sólo designó 1519
cargos por concursos internos, de los que solo un porcentaje ínfimo fue
cubierto por profesionales.
En la misma línea, Macri, que comenzó con miles de despidos, termina
intentando asegurar que los cargos jerárquicos no puedan ser tocados por
el próximo gobierno. O que cobren millones del Estado para irse.