Jamila Venturini y J. Carlos Lara
derechosdigitales.org
Más de diez
años después de los primeros debates impulsados por el Ministerio de
Cultura para la reformulación de la normativa sobre derechos de autor
brasileña, una consulta pública lanzada por el Gobierno de Bolsonaro
parece indicar una nueva pauta de cambios regulatorios en la región.
Brasil
tiene una de las leyes de derechos de autor más estrictas de América
Latina, con escasas flexibilidades para las usuarias manifestadas en
excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Aunque hubo
algunos avances jurisprudenciales en los últimos años, la Ley Nº 9.610 de 1998
mantiene una serie de restricciones al uso privado de obras protegidas y
no incluye autorizaciones que favorezcan el uso de obras intelectuales
en escuelas, bibliotecas o museos.
Una historia complicada
La ley fue por años clasificada como una de las peores del mundo
por Consumers International y en menos de diez años de vigencia fue
considerada obsoleta, ya que su carácter restrictivo frenaba muchas de
las posibilidades de acceso a la información, conocimiento y cultura
potenciadas por las tecnologías digitales. No obstante, este análisis
crítico sirvió como una de las bases para iniciar un primer proceso de
debates públicos para hacer una revisión de la ley. Ese proceso fue
iniciado en 2007 por el Ministerio de Cultura (hoy integrado al
Ministerio de Ciudadanía), encabezado por el popular artista Gilberto
Gil.
Los debates incluyeron un ciclo de encuentros en
distintas regiones del país, reuniendo a expertos, artistas y sociedad
civil entre otros interesados. Las discusiones tenían un fuerte énfasis
en la ampliación de las limitaciones y excepciones favorables al uso de
las obras intelectuales. A partir de estos debates, fue presentado un
texto inicial de reforma para consulta pública virtual en 2010 y en 2011
un nuevo texto estuvo abierto para comentarios. En un proceso que ya
era novedoso por el carácter inclusivo y abierto de la discusión, las
consultas virtuales surgían como una expresión pionera de participación:
la ciudadanía podía no solamente revisar las propuestas, sino también
comentarlas y revisar los comentarios de otros interesados.
Sin
embargo, el proceso no prosperó. Con los cambios políticos vividos en
el país desde entonces y la ascensión de liderazgos menos comprometidos
con la promoción de la cultura libre, el texto jamás fue presentado al
Congreso Nacional. Reformas menores fueron aprobadas, pero la esperanza
inicial por una ley equilibrada se diluyó.
Mientras ese
proceso de modernización se detuvo, la marcha de la tecnología continuó,
incluyendo una masificación de las redes sociales y de formas cada vez
más complejas de producción y recreación artística y cultural. Los
cambios en el ecosistema digital, a nivel nacional y global, trajeron
nuevos desafíos a una regulación cada día más atrasada.
La ley vuelve a la discusión pública
De manera sorpresiva, el Gobierno de Bolsonaro abrió una nueva consulta pública
sobre la ley actual -recibiendo comentarios sobre el texto completo hoy
vigente- y sobre los temas que podrían integrarse a la ley. La consulta
fue lanzada sin ningún debate o documento preparatorio, sin un texto
base (salvo la ley vigente) y sin referencia alguna a los desarrollos
del proceso iniciado en la década pasada. Tampoco hay ningún compromiso
con la publicación de las contribuciones recibidas, ni sobre la
información de la participación; lo que consiste en un gran retroceso en
transparencia en relación a los procesos anteriores.
Aunque sea loable la iniciativa de abrir al público la discusión de una ley tan criticada, surge la pregunta: ¿qué motiva la apertura de una consulta sobre la ley de derechos de autor en este momento?
Dos
elementos apuntan a una intención de establecer nuevas reglas para la
difusión de contenidos protegidos en línea. El primero de ellos, es la
mención expresa a la Directiva Europea de Derechos de Autor en el texto
que presenta la consulta. Como se sabe, la Directiva incluye un
controvertido artículo que responsabiliza los intermediarios en línea
por infracciones de derechos de autor, incluso de parte de terceros,
obligando a una censura proactiva
por las empresas de internet. Cabe preguntarse si el Gobierno brasileño
pretende hacer propio un modelo que, a pesar de haber sido aprobado, ha
presentado grandes polémicas y sigue planteando serios desafíos para su
implementación.
El segundo elemento, es la pregunta en el
formulario de consulta sobre la necesidad de una “reforma integral” a la
ley, o solamente una reforma en lo relativo a los nuevos modelos de
negocios de internet. La segunda opción trae como ejemplo la regulación
del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que precisamente trata de
la responsabilidad de intermediarios de internet.
Aunque
políticamente se optó por dejar a una regulación específica el
tratamiento de la responsabilidad en caso de violaciones a los derechos
de autor, cabe recordar que la sociedad brasileña hizo una opción en el
Marco Civil (que también pasó por un proceso de construcción ciudadana
reconocido en todo el mundo) por no responsabilizar a las plataformas
por infracciones cometidas por terceros y con eso priorizar la libre
expresión en línea. Un cambio en ese sistema, alineado con los
desarrollos de la Directiva Europea que parece inspirar al Gobierno
brasileño, representaría la victoria de intereses comerciales de la industria por sobre la ciudadanía y el interés público.
La voz de la ciudadanía para un sistema equilibrado
Es
difícil otorgar el beneficio de la duda a gobiernos autoritarios a
propósito de iniciativas revestidas de democracia y participación. En
una materia como la legislación de los derechos de autor, tan relevante
para el interés público y el avance de derechos humanos, pero tan
susceptible a la presión por parte de las industrias de contenidos y las
entidades de cobro, esa suspicacia es aún mayor. A ello se suma la
falta de documentación informativa y la ausencia de compromisos de
transparencia, que podrían invitar a un involucramiento más activo de la
ciudadanía.
Pero esas mismas razones son las que invitan a
aprovechar esta apertura. Dado que los espacios de participación en
políticas públicas son hoy limitados, una consulta pública resulta un
espacio propicio que ocupar. Dado que las voces siempre presentes en
estos debates son las de quienes utilizan a la propiedad intelectual
como caja pagadora (y a menudo, no los artistas mismos), una consulta
pública es una oportunidad para expresar los intereses de quienes usan
obras a diario para crear, para expresarse, para enseñar. Y dado que no
hay certeza sobre cómo serán consideradas las respuestas a la consulta,
es una oportunidad para presentar y difundir públicamente con fuerza las
ideas de la sociedad civil para una regulación equilibrada y respetuosa
de derechos fundamentales.
El futuro de internet, la creación y la difusión del conocimiento libre y abierto, están hoy en consulta pública en Brasil.
Esta es una oportunidad para hacer que la ley recoja las necesidades de
las personas que usan internet para educar, crear, compartir,
documentar -incorporando a los acervos e instituciones que preservan la
memoria y el conocimiento- para alzar la voz en defensa de los humanos,
contra la vigilancia y censura en la red.
Vea también:
- La Directiva Europea de Derecho de Autor y su impacto en los usuarios de América Latina y el Caribe: una perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil
- Reforma da LDA: o que você precisa saber