Por Vanina Lombardi
El Gobierno impulsa debatir en el Congreso la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el argumento de que ayudaría a emprendedores y pymes a patentar sus productos. Quienes se oponen sostienen que perjudicaría a la industria local y pondría en riesgo la soberanía nacional en materia de propiedad intelectual.
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Agencia TSS – Desde el oficialismo intentan volver a poner en debate parlamentario un proyecto de ley del año 1998, para que la Argentina adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés). La noticia generó alarma en diversos sectores de la industria local, principalmente el farmacéutico, que cuenta con una larga trayectoria de producción local de medicamentos y hace que la Argentina sea uno de los pocos países del mundo cuyos laboratorios de capitales nacionales tienen una presencia y participación en su mercado interno superior a la de sus pares extranjeros.
El argumento detrás de la iniciativa legislativa, impulsada por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann (PRO), es que simplificaría el proceso de obtención de patentes de innovaciones y desarrollos científicos y tecnológicos en los más de 150 países que hoy forman parte de este convenio. Quienes se oponen consideran que también pondría en riesgo la soberanía nacional en materia de política legislativa de patentes, en cuanto a qué productos son pasibles de ser patentados y cuáles no.
Según datos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), los laboratorios de capital nacional detentan el 66,4% de las unidades vendidas en el mercado y el 66,1 % de la facturación del sector, mientras que las firmas de capital extranjero comercializan el 33,6 % de las unidades vendidas y el 33,9 % de las ventas en valores.
Además, la industria farmacéutica es el tercer sector industrial en la Argentina en cuanto a la magnitud del valor agregado que genera (detrás de la refinación de petróleo y el sector del hierro y el acero) y emplea en forma directa e indirecta a alrededor de 43.000 y 120.000 personas, respectivamente. Muchos de ellos son técnicos y graduados universitarios de distintas profesiones, con una proporción relativa mayor que en otros ámbitos industriales.
Entre los argumentos principales para sumarse al PCT que postula la actual conducción del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), figuran que la simplificación en la presentación de solicitudes de patentes, así como su búsqueda y examen, serán principalmente beneficiosas para emprendedores e innovadores argentinos, especialmente pequeñas y medianas empresas, e incluso investigadores de universidades y centros de investigación. Sin embargo, las estadísticas no muestran lo mismo.
Países adheridos al PCT* (2017)
Según datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), publicados en 2018 a partir de las solicitudes de patentes de 2017, de los 152 países que integran el Tratado PCT, solo tres (Estados Unidos, China y Japón) representan el 63,1% del total de solicitudes presentadas en 2017 y solo cinco abarcan el 77,4% del total, mientras que 137 países apenas alcanzan el 7,3% de todas las solicitudes de patentes. Si se analizan las solicitudes que corresponden a algunas grandes economías en desarrollo y a ciertos países de América Latina, se observa que, si bien las presentaciones de solicitudes de India, Turquía y Brasil (que son parte de este Tratado desde 1998, 1996 y 1978, respectivamente) aumentaron en términos porcentuales en 2017, en términos absolutos, su participación en el total mundial de solicitudes apenas supera el 1%, considerando a los tres países en conjunto. De manera similar, entre las 50 empresas y 50 universidades con mayores solicitudes en el PCT no las hay de origen indio, turco, brasileño ni de algún país sudamericano.
Así, el ingreso al PCT no solo podría no beneficiar a las pymes, sino que se les facilitaría el acceso a grandes empresas multinacionales que sí tienen la capacidad de solicitar patentes. Muchas de ellas hoy no solicitan la aprobación de patentes en la Argentina justamente porque como el país no está en el PCT, eso requiere un esfuerzo extra, que desaparecería si se aprobara el convenio.
Los países de la región que han adherido al PCT sirven de ejemplo para demostrar esto. Si se considera la variación en solicitudes luego de dos o cuatro años de haberse sumado al tratado, se observa un incremento sustancial de las solicitudes de patentes por parte de no residentes, mientras que las solicitudes locales descendieron. Por ejemplo, las solicitudes presentadas por no residentes en México se incrementaron de 9.446 en 1994 a 12.630 en el año 2000, mientras que las presentadas por residentes se redujeron de 498 a 431 en el mismo período. Algo similar ocurrió en Ecuador, donde las solicitudes presentadas por no residentes se incrementaron de 541 en el año 2000 a 751 en 2006, mientras que las solicitudes presentadas por residentes disminuyó de 10 a 8 en los mismos años.
“El examen de patentes es fundamental para que se analice si la solicitud cumple o no con los requisitos de patentabilidad: de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. La Argentina tiene criterios de patentabilidad que interpretan esos requisitos, que son estándares estrictos a favor de la salud pública, como en el caso de los medicamentos, que garantizan que una patente que no tiene realmente altura inventiva o que no es nueva sean rechazadas”, le dijo a TSS Lorena Di Giano, abogada especialista en propiedad intelectual de la Fundación Grupo Efecto Positivo, y advirtió que, si bien el PCT no evita que el solicitante tenga que presentar las solicitudes en cada país, la OMPI envía una búsqueda y un examen preliminar de la solicitud que los examinadores locales pueden tomar como base, dejando de lado la propia evaluación.
Solicitudes de patentes de invención presentadas en países en desarrollo
“Esto beneficiará a los que más piden solicitudes, que son las empresas multinacionales, no las pymes y los pequeños innovadores”, alertó Di Giano y consideró que el hecho de que la Argentina se haya mantenido fuera del PTC ha sido beneficioso, al menos para ampliar el acceso a medicamentos ya que, por ejemplo, en Estados Unidos un único principio activo (que es el componente esencial para fabricar un medicamento) puede tener hasta 120 patentes asociadas, algo que no es posible en Argentina según los criterios de patentabilidad vigentes.
Al respecto, un documento que presentó CILFA en el Congreso Nacional, en el cual expresan los motivos de su oposición a este acuerdo, demuestra que desde que se dictaron las denominadas Pautas para el Examen de Patentabilidad de las Solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas, en mayo de 2012, “se denegaron más de 1000 patentes farmacéuticas triviales, lo que implica una reducción de aproximadamente un 75% de las patentes farmacéuticas concedidas, con la consiguiente reducción de barreras indebidas al acceso a los medicamentos, potenciando la salud pública”. De todos esos casos denegados, solo fueron judicializadas menos de un 3%.
Otro de los argumentos que promueven la adhesión a este convenio se refiere a que abarata los costos de patentamiento. El documento de Cilfa aclara que el sistema PCT no hace más que diferir dichos costos en el tiempo y, si bien el monto inicial puede ser inferior, cuando el solicitante quiera avanzar con la solicitud deberá pagar país por país. “El ahorro no es definitivo sino que, a lo sumo, sólo se produce un diferimiento financiero que, frente a los riesgos de la adopción del sistema PCT, no puede constituirse en una ventaja sustancial para las empresas nacionales”, se sostiene en el documento.
Solicitudes de patentes en el marco del PCT
India, Turquía y Brasil registraron aumentos porcentuales en sus presentaciones de solicitudes PCT durante el año 2017. Sin embargo, en términos absolutos, sus participaciones en el total mundial de solicitudes PCT son marginales. Fuente: Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).
Por las semillas
A diferencia de lo que ocurre en diversos países desarrollados, la Argentina cuenta con criterios de patentabilidad que no admiten que se patenten descubrimientos sino solo invenciones. Tampoco métodos de tratamiento, diagnóstico y quirúrgicos; programas de software; métodos de negocios; materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
Las semillas, por ejemplo, son consideradas descubrimientos y por eso no son pasibles de ser patentables. Es la razón por la que las empresas multinacionales de este sector presionan desde hace años para lograr modificar la Ley de Semillas vigente. Durante la semana pasada circularon versiones de que este miércoles se tratarían ambos proyectos, el de adhesión al PCT y el de reforma de la ley de semillas, que ingresó a Diputados el año pasado, con una versión definida a puertas cerradas y que marginaba la opinión de múltiples actores que pueden verse afectados por esa medida.
“Son diferentes caminos que van intentando tomar para que nos acerquemos a la posibilidad del patentamiento de las semillas. Hoy es claro que la semilla es un descubrimiento y no una invención, y que por lo tanto no puede ser patentada, pero el convenio PCT abriría una caja de pandora difícil de manejar”, le dijo a TSS Carla Poth, doctora en Ciencias Políticas especializada en temas agrarios, y recordó que los criterios que promueve la OMPI se acercan más al de países como Estados Unidos, por ejemplo, adonde es posible patentar plantas y organismos vivos. “Hay un caso muy conocido de una universidad estadounidense que patentó una rana autóctona de Ecuador que producía una sustancia que las comunidades originarias de esa región utilizaban como anestésico”, recordó la especialista, que también integra la Multisectorial contra la ley Bayer-Monsanto de semillas.
Este tipo de acciones no son posibles actualmente en la Argentina, pero si el país adhiere al PCT y los evaluadores locales toman como referencia ciertos estándares internacionales, pueden aprobar una solicitud pese a que entre en conflicto con leyes locales. Esto es así ya que cada patente es un expediente en particular y, si es concedida, puede ser ejercida hasta que se discuta la nulidad en un juicio contra quien la ejerza. Además, son procesos muy largos y en la Argentina existe un antecedente en la industria farmacéutica que tardó 15 años en resolverse, lo que implicó que una empresa tuviera el monopolio de un producto y muchas otras se quedaran fuera del mercado.
Situaciones de incompatibilidad similares pueden trasladarse a otros sectores, como el de telecomunicaciones y la industria del software, que en la Argentina no reconoce derechos de patentes sino de autoría. De hecho, según el documento de la OMPI mencionado más arriba, las principales empresas que solicitaron patentes en 2017 fueron, en orden de prioridad: Huawei Technologies, ZTE Corporation (ambas de China, con 4.024 y 2.965 solicitudes, respectivamente), Intel Corporation (de Estados Unidos, con 2.637 solicitudes), Mitsubishi Electronic Corporation (de Japón, presentó 2.521 solicitudes) y Qualcomm Incorporated (también de Estados Unidos, con 2.163 solicitudes).
Los datos llaman a preguntarse sobre el beneficio que las empresas y las sociedades de los países en desarrollo obtienen de ingresar a este tratado. ¿Cuáles son las pymes que podrían ganar con este acuerdo? ¿Quiénes se beneficiarían y quiénes se verían afectados en un sistema local con más patentes?