Eldestape

El senador nacional del FPV-PJ, Marcelo Fuentes, y el director del Observatorio OETEC, Federico Bernal, presentaron un amparo para que se dicte una medida cautelar urgente y se suspenda el procedimiento que tiende a otorgar el título definitivo de los permisos de exploración y explotación a favor de las empresas Tullow Oil y Equinor en territorio de islas Malvinas. Además, solicitaron que se decrete la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 872/2018 y las resoluciones 65/2018 y 276/2019. El amparo se tramita en el Juzgado 10 en lo Contencioso Administrativo Federal. 

Al respecto, Fuentes expresó: «Estamos ante una muy grave afrenta a la seguridad nacional. Con Federico Bernal hemos pedido se dicte urgente una cautelar contra el proceso licitatorio». El senador explicó que «dos petroleras, una británica (Tullow) y otra de origen noruego (Equinor), son adjudicatarias de cinco áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, entre el continente y las islas» y agregó que «la empresa británica reconoció como legítimo al gobierno kelper en 2007, cuando exploró siete licencias al sur de las Malvinas». En tanto, «la empresa noruega tiene en su directorio a una asesora petrolera del ilegítimo gobierno isleño, asesora al menos desde 2013».

Por su parte, Bernal señaló que «si hay un lugar en todo el territorio nacional donde el interés económico británico-kelper no puede crecer ni consolidarse es precisamente en el Atlántico Sur». Por eso, manifestó su duda sobre la «casualidad» de la adjudicación de las cinco áreas al oeste de las islas Malvinas a estas dos empresas. «Esto es parte, como advertimos con el senador nacional Fuentes en el amparo, de la estrategia británica de fortalecer su presencia en el archipiélago a partir del triunfo de la administración Macri».

En el amparo se explicó que «el 2 de agosto de 2016, la renunciada Primer Ministro Theresa May, envió una carta al Mauricio Macri solicitándole que levante las restricciones legislativas y administrativas para habilitar vuelos comerciales entre las islas y el continente y remover los obstáculos para la explotación de hidrocarburos». A raíz esa misiva, «el 13 de septiembre de 2016 el Poder Ejecutivo habilitó vuelos de la empresa Latam entre la ciudad de San Pablo (Brasil) y Puerto Argentino, con escala en la Ciudad de Córdoba». En el acto impugnado, sostuvieron, «se viene a impugnar, estaría llevándose a cabo el segundo ítem exigido por parte del Reino Unido en claro detrimento a la posición argentina».

Finalmente, para Fuentes «la adjudicación de las áreas, que se hará efectiva el 1 de agosto», lesiona el reclamo «sobre las Islas Malvinas, visto los hallazgos efectuados por el Observatorio OETEC» en relación a ambas empresas «en el contexto de las relaciones carnales entre la ex Primer Ministro May y el presidente Mauricio Macri». Por eso, el senador sostuvo que se ve «en la obligación de actuar en este sentido» y por ello la «solicitud a la Justicia para que se decrete la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 872/2018 y de las resoluciones 65/2018 y 276/2019».