Por Tamara Lajtman
El neoliberalismo del gobierno de Macri ha sido respaldado por Estados Unidos desde su inicio. El presidente Donald Trump expresó su rotundo apoyo a esa agenda económica. Las medidas de ajuste son acompañadas por la mano dura represiva en la seguridad interior y por la violencia institucional bajo los lineamientos de la guerra contra las drogas. La administración Macri define una Argentina geopolíticamente alineada a los intereses del sector público-privado estadounidense. El objetivo es proteger las inversiones en sectores estratégicos y garantizar que el país sea “socio confiable” en la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos.
La subsecretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Kimberly Breier, visitó Argentina entre el 9 y el 12 de mayo. Según información oficial, el objetivo fue el de profundizar la cooperación “en materia de promoción de la gobernabilidad democrática, combate del terrorismo y el delito transnacional de alto nivel, y fomento del comercio libre, justo y recíproco”. La agenda incluyó reuniones con altos funcionarios del gobierno de Macri, como el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario para Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. También se reunió con la embajadora de Venezuela en Argentina designada por Juan Guaidó.
A contramano de sus antecesores recientes en la Presidencia, el viraje que ha impulsado Mauricio Macri hacia el neoliberalismo crudo ha sido respaldado por Estados Unidos desde su inicio. Este alineamiento se hizo visible desde los primeros días del Gobierno de Cambiemos y durante las visitas del ex presidente Obama en 2016, cuando se firmaron una serie de acuerdos de cooperación.
En reciente conversación por vía telefónica el mismo día en que llegaba una misión del FMI a Buenos Aires, Donald Trump y Macri, dialogaron sobre la reforma económica y los “desafíos regionales” (léase, situación en Venezuela). Trump expresó su rotundo apoyo a la agenda económica de Macri “en pro del crecimiento y a los avances que ha logrado en la modernización de la economía argentina”. A su vez, MAcri aseguró el cumplimiento de los acuerdos con el FMI en el marco del préstamo de 56.000 millones de dólares.
Negocios
Breier firmó, junto al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, acuerdos para financiar obras de infraestructura en el sector energético. En el ámbito de la Cumbre de Líderes del G20, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmaron un Acuerdo Marco para Fortalecer la Inversión en Infraestructura y Cooperación Energética, que incluye los objetivos de: desarrollar capacidad adecuada de almacenamiento de gas natural, adopción de tecnologías energéticas innovadoras con energías renovables y almacenamiento de baterías; desarrollar infraestructura midstream y downstream para productos refinados; invertir en infraestructura de transmisión eléctrica de alto voltaje y en interconexión nacional e internacional; desarrollar mercados profundos y líquidos para los commodities energéticos e instrumentos de deuda respaldados por infraestructura, y apoyo a inversiones en infraestructura.
También hay que destacar el préstamo de 45 millones de dólares por parte de la agencia de inversiones estadounidense OPIC (Overseas Private Investment Corporation, agencia gubernamental estadounidense que ayuda a empresas de ese país a invertir en mercados emergentes) para la empresa Plaza Logística que será utilizado para ampliar cinco parques logísticos ubicados en el Gran Buenos Aires. Este préstamo había sido acordado a fines de 2018 por Ray W. Washburne, presidente y director ejecutivo de OPIC, en una carta de intenciones que incluye, además, acuerdos con las siguientes empresas:
- Tecpetrol y Transportadora de Gas del Sur por 350 millones de dólares en financiamiento para construir un gasoducto de gas natural en Argentina y apoyar el desarrollo de los recursos energéticos del país.
- Astris Infraestructura inyectará 250 millones de dólares en financiamiento para la reparación y ampliación de una importante ruta que recorre desde Buenos Aires hasta Mendoza, con el objetivo de mejorar la conectividad regional y facilitar el comercio.
- YPF Luz por un préstamo de 50 millones de dólares para respaldar 122 MW en energía eólica en Santa Cruz y agregar una fuente confiable de energía a la red nacional de energía eléctrica.
- Genneia otorgará fondos por 118 millones de dólares para apoyar la construcción de una planta de energía eólica y solar que generará, en conjunto, 222 MW de energía sustentable en las regiones de Ullum (San Juan) y Chubut.
En ese contexto, vale la pregunta si en el marco del “escándalo Odebrecht” quiénes son los entes nacionales que están fiscalizando estos nuevos acuerdos para el desarrollo de infraestructura.
El 14 de marzo, el Inter American Dialogue, importante think tank estadounidense, realizó un evento con Lopetegui, quién destacó que la crisis económica de Argentina y el ajuste fiscal que exige han llevado a recortes graduales a los subsidios de electricidad y gas natural para consumidores y una liberalización de los precios de la energía en el transcurso de la administración Macri. Según el secretario de Energía, esto ha ayudado a hacer que “Argentina sea más atractiva como destino para la inversión energética a pesar de su tumulto económico”. Destacó allí que Vaca Muerta ha experimentado un fuerte crecimiento, con una producción de gas que aumentó 215 por ciento y de petróleo, 87 por ciento en 2018. El evento fue auspiciado por Chevron, Exxon Mobil, AES, Conoco Phillips, Shell, entre otros.
Vaca Muerta está en disputa. El 13 de mayo, la petrolera Tecpetrol reclamó en el ámbito de la Justicia el equivalente a 55 millones de dólares más intereses debido a la modificación a las condiciones en que deben liquidarse los subsidios destinados a la producción de gas no convencional. Estudios recientes informan que el yacimiento es el segundo de gas no convencional más grande del mundo y que, junto con los recursos de Estados Unidos, controlarían el 30 por ciento de la oferta mundial de gas no convencional. Se suman, además, los proyectos enmarcados dentro de Connecting the Americas 2022 que, desde 2012, pretende la conexión energética de todo el continente.
Garantizar la seguridad (estadounidense)
Macri remarcó recientemente el trabajo conjunto con Estados Unidos en temas de defensa y seguridad interna, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Los compromisos fueron reiterados en la reunión entre Breier y Patricia Bullrich. Como manda el libreto (del norte), las medidas de ajuste económico son acompañadas de la mano dura en lo que se refiere a la seguridad bajo los lineamientos de la guerra antinarcóticos. En ese marco se inscribe el acuerdo con la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones (emplazamiento geopolítico fundamental sobre el Acuífero Guaraní) y el acuerdo para crear un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia (clave por los recursos geoestratégicos del Atlántico Sur y su cercanía a la Antártida).
A lo anterior se suma la base de “asistencia humanitaria” en Neuquén, en las cercanías del mencionado yacimiento Vaca Muerta, de gran interés para petroleras estadounidenses. Ante el avance de Estados Unidos en esta zona, se percibe como inminente el cierre de la base aeroespacial china en Neuquén por “razones de seguridad para Estados Unidos”. El jefe del Comando Sur, el almirante Craig S. Faller, alertó hace un par de meses que la presencia china y sus actividades en la observación del espacio profundo en Argentina “son preocupantes, ya que Beijing podría tener la capacidad de monitorear y potencialmente apuntar a las actividades espaciales de los Estados Unidos y sus aliados”.
En la misma declaración, Faller afirmó que Argentina ha revitalizado la interacción militar-a-militar. Ejemplo de ello es el encuentro reciente en el Pentágono entre el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Joe Dunford, con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, general Bari del Valle Sosa. En abril, la Armada de Argentina participó del Maritime Staff Talks (MST) en la Guardia Nacional de Florida. Los MST respaldan la estrategia global de los Estados Unidos mediante la creación y el fortalecimiento de las relaciones de trabajo con las naciones socias, mejorando la interoperabilidad a través de reuniones cara a cara. El año pasado Argentina fue sede (por primera vez del el 2008) de un MST, realizado en Puerto Belgrano. Según el Comando Sur, estos esfuerzos cooperativos (que incluyen a otros ejercicios como Unitas y Panamax) permitieron una interoperabilidad efectiva y ayudaron a la capacidad de cada armada para trabajar conjuntamente, lo que se vio en “los esfuerzos de búsqueda y rescate del submarino argentino ARA San Juan”.
Se suma a estas tareas de seguridad un taller realizado en marzo por la embajada de Estados Unidos en Argentina, con el auspicio del Departamento de Justicia estadounidense, para compartir experiencias sobre el combate al crimen trasnacional y el terrorismo. Al evento asistieron representantes del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y miembros de fuerzas de seguridad. Este tipo de iniciativa no es menor, considerando el escándalo en el sector judicial, que involucra a organismos de inteligencia de Estados Unidos e Israel que salió a luz a partir de las declaraciones del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
El poder blando
En un escenario preelectoral de “vale todo”, con tal de frenar el retorno del progresismo representado por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, cabe considerar una serie eventos realizados por think tanks y fundaciones estadounidenses con la presencia de políticos y funcionarios del Gobierno argentino.
El 14 de noviembre de 2018 el Inter American Dialogue realizó un evento con los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El pasado 8 de abril el Proyecto Argentina, del Wilson Center, llevó a cabo un evento titulado “El futuro de Argentina” con el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac. El 27 de febrero el mismo think tank organizó una discusión con el ultraliberal y candidato por el Partido Libertario, José Luis Espert.
El 10 de mayo el Instituto Republicano Internacional (IRI) y Women’s Democracy Network (WDN) promovieron un evento sobre liderazgo político femenino con diputadas del Congreso Nacional. El año pasado, las mismas instituciones realizaron, en la Cámara de Diputados, un ciclo de capacitación sobre “mujeres y transparencia”. También hay que destacar que el mes pasado una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos liderada por el representante Kevin McCarthy (del Partido Republicano, por California) estuvo en Buenos Aires con la viceministra de Defensa, Paola Di Chiaro. El encuentro se centró en cómo abordar las amenazas a la seguridad colectiva que enfrenta la región, desde el espionaje chino hasta el flujo transnacional de drogas y la crisis en Venezuela.
En definitiva, la administración Macri define una Argentina geopolíticamente alineada a los intereses del sector público-privado estadounidense que vislumbra proteger las inversiones en sectores estratégicos y garantizar que el país sea “socio confiable” en la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos.
En su visita al país, Kimberly Breier halagó la actual gestión expresando que es un placer ver como el país ha cambiado en los últimos años y no descartó que Estados Unidos desembolse una línea de crédito a Argentina si la economía complica la reelección de Macri, aunque luego aclaró que su Gobierno está comprometido a trabajar con cualquier persona que gane las elecciones.
* Magister en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Actualmente realiza el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires (UBA) como becaria del Consejo Nacional de Investigaciones.