Amy Goodman
«El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) que limite la libertad de expresión, ni la libertad de prensa». Así lo indica la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, por primera vez, un editor está siendo procesado en virtud de la Ley de Espionaje, que data de la Primera Guerra Mundial. Julian Assange, cofundador del sitio web de denuncia WikiLeaks, podría enfrentar una condena de hasta 170 años de prisión en caso de ser extraditado a Estados Unidos desde el Reino Unido. El caso podría asestar un gran golpe a la libertad de prensa en Estados Unidos.
Estados Unidos acusó formalmente a Assange por primera vez en abril de este año, por el delito de intentar ayudar a un informante del Ejército estadounidense a ingresar a un sistema informático militar, delito por el cual Assange podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Más adelante, el 23 de mayo, el Departamento de Justicia emitió una acusación adicional, en la que se sumaron 17 cargos más, por violar la Ley de Espionaje. Los nuevos cargos, según escribió el comité editorial del periódico The New York Times el día en que se anunciaron, «podrían tener un efecto escalofriante sobre el periodismo estadounidense tal como se ha ejercido durante generaciones. Está dirigido directamente al corazón de la Primera Enmienda».
El periódico The New York Times fue una de las varias organizaciones de prensa en asociarse con la plataforma web de denuncia en la publicación de material que se brindaba de forma anónima. Desde su lanzamiento en 2007, WikiLeaks demostró ser una fuente confiable de evidencia documental crítica en torno a actividades ilícitas empresariales y gubernamentales.
En 2007, WikiLeaks publicó un manual secreto de la cárcel de la Bahía de Guantánamo, escrito en 2003, que contenía instrucciones para que los guardias les negaran a los prisioneros el acceso al Corán y a las visitas de la Cruz Roja para «explotar la desorientación y la desorganización que siente un detenido recién llegado»; esto constituye una violación de la legislación internacional acerca de los derechos humanos. No mucho después, el Centro de Contrainteligencia del Ejército estadounidense elaboró un documento secreto –posteriormente filtrado y publicado por WikiLeaks– donde se calificaba a la web de denuncia como «una potencial amenaza a la protección de las fuerzas, las operaciones de contrainsurgencia, la seguridad operacional y de seguridad de la información del Ejército de Estados Unidos».
En abril de 2010, WikiLeaks saltó a la primera plana de la prensa internacional cuando hizo público un video en el que se muestra un ataque y masacre indiscriminada de civiles en Bagdad. El video fue grabado el 12 de julio de 2007 por un helicóptero militar estadounidense de combate Apache e incluye el audio de las transmisiones de radio militares.
Dos empleados de la agencia de noticias Reuters –el periodista iraquí Namir Noor-Eldeen y su chofer, Saeed Chmagh– murieron en el ataque, junto con al menos otras ocho personas. Dos niños resultaron gravemente heridos. Las transmisiones de radio muestran no solo la absoluta insensibilidad de los soldados, que se ríen e insultan mientras matan, sino también el estricto procedimiento que siguen, donde se aseguran de que todos sus ataques estén claramente autorizados por su cadena de mando.
Reuters había solicitado en reiteradas ocasiones información al Pentágono sobre la muerte de sus dos empleados, pero no había recibido nada. Fueron necesarios un denunciante valiente y WikiLeaks para revelar el horror del ataque del helicóptero, una clara prueba en video de un posible crimen de guerra.
El denunciante fue finalmente identificado como el soldado Bradley Manning. Manning fue encarcelado en régimen de aislamiento, en condiciones que Naciones Unidas describió como equiparables a la tortura. Luego fue juzgado y condenado. Inmediatamente después de recibir una condena de 35 años de prisión, Manning anunció una transición de género y cambió su nombre a Chelsea. El presidente Barack Obama finalmente conmutó su sentencia y Manning fue liberada en mayo de 2017.
No obstante, su calvario no había terminado. En febrero de 2019 la convocaron a comparecer ante un gran jurado para declarar sobre WikiLeaks y Julian Assange. Ella afirmó que ya había dado testimonio completo ante el tribunal militar que cursó su juicio en 2013, por lo que se negó a declarar de nuevo. Por ello, la encarcelaron durante dos meses. A continuación, la convocaron para testificar ante un segundo gran jurado. Por negarse a declarar una vez más, permanece encarcelada desde el 16 de mayo.
En cuanto a Julian Assange, desde el año 2012 estuvo viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde le habían dado asilo político. Assange huyó a la embajada porque temía ser extraditado a Estados Unidos. El pasado 11 de abril, las autoridades británicas ingresaron a la embajada y lo arrestaron por la fuerza. Ahora está cumpliendo una sentencia de 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional en otro caso aparte.
Nils Melzer, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, afirmó tras visitar a Assange en la prisión británica donde se encuentra recluido: «El señor Assange muestra todos los síntomas de una persona que ha estado expuesta a la tortura psicológica durante un período prolongado de tiempo». Julian Assange no pudo comparecer en su audiencia judicial más reciente debido a problemas de salud.
Ben Wizner, director del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó acerca de la nueva acusación: «Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno ha presentado cargos penales contra un editor por la publicación de información veraz. Esta es una escalada extraordinaria de los ataques del gobierno de Trump contra el periodismo, y un ataque directo contra la Primera Enmienda».