Por Marcos Piña

El Congreso argentino está a punto de adherir a un Tratado internacional de patentes perjudicial para la economía, las pequeñas y medianas empresas, los consumidores y los trabajadores del país.


La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra constató en el año 2018 el registro  de unas 253.000 solicitudes de patentes de todo el mundo presentadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Más de la mitad de esas solicitudes procedieron de Asia (50,5%), mientras que la regiones de Europa (24,5%) y América del Norte (23,1%) ostentan casi dos cuartos cada una.

En 2018, los solicitantes de los Estados Unidos presentaron 56.142 solicitudes vía PCT, seguidos de China (53.345) y el Japón (49.702). Alemania y la República de Corea ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con 19.883 y 17.014 solicitudes

En Argentina, actualmente se presentan alrededor de 4000 solicitudes anuales, de las cuales el 90% pertenecen a compañias extranjeras: de entrar en vigencia este Tratado el número y la proporción de patentes del exterior aumentarían aún más.

Varios especialistas y organizaciones en el mundo han advertido que este Tratado ha desvirtuado la génesis del sistema mundial de patentes en fomentar las invenciones, para advertirnos sobre el efecto final del PCT que es la apropiación de los mercados por parte de las grandes corporaciones mediante el bloqueo a la innovación de la industria local y muy especialmente de la farmacéutica y biotecnológica, retrasando la aparición de medicamentos genéricos a menor precio para la población.

El Tratado PCT consiste en que una empresa extranjera puede solicitar una patente en OMPI por medio de una única presentación simultánea en más de 152 países. Luego de 20-30 meses puede decidir ingresar la solicitud a aquellos países en que desee registrar la patente. En ese momento las oficinas de patentes nacionales deben realizar el exámen con la información proporcionada por otras oficinas del mundo.

El efecto multiplicador a escala global de la creación de monopolios temporales por al menos 20 años de un equipamiento, aparato, método o producto es silenciosamente devastador para las economías locales, pues las patentes son un mecanismo que otorga un derecho exclusivo a su solicitante y excluye al mismo tiempo a los potenciales competidores nacionales en su propio suelo. Este hecho introduce una distorsión significativa en los mercados que el neoliberalismo considera como parte del “libre-comercio”, sin embargo, al desplazar a las pymes locales mediante el ingreso de patentes, se restringe la capacidad de creación de renta y de trabajo nacionales, esenciales para el crecimiento de la economía argentina.

Los defensores del Tratado argumentan que puede ser utilizado por inventores o investigadores, incluso pymes, para facilitar el patentamiento en otros países: en realidad, la denominada “puerta vaiven” del PCT en economías menos desarrolladas, inunda a las oficinas de patentes nacionales, tal como ocurrió en los países de la región, donde las solicitudes de nacionales son insignificantes en número en comparación con el flujo de patentes de compañias de países centrales.

El patentamiento de nacionales en otros países puede resolverse con apoyo estatal al desarrollo de capacidades para la tramitación de solicitudes. En países menos desarrollados, como Argentina, ciertos sectores de la ciencia y la tecnología apoyan el PCT, a cambio de promesas de supuestas regalías como resultado de investigaciones aplicadas a cuenta gotas y a ciegas, cuyos resultados terminan beneficiando a las empresas extranjeras.

La asociación de agentes de la propiedad industrial AAAPI, representantes legales de empresas, internacionales auspician la adhesión al PCT. Así, han logrado que el Senado argentino apruebe la adhesión, y al mantenerse un supuesto “estado parlamentario” vigente desde 1998 (año de adhesión en el senado) impulsan ahora la aprobación en la cámara de diputados como requisito previo para el ingreso a la OCDE.

Las implicancias del PCT estan siendo apreciadas en países como México o Brasil, ya adheridos al PCT, donde la cantidad exhorbitante de patentes ingresadas por el Tratado ha reducido significativamente a la industria farmacéutica de innovación nacional y las compañias farmacéuticas transnacionales imponen precios abusivos a los medicamentos patentados. El tiempo promedio de concesión de las patentes estimado por las propias autoridades de Brasil es de 7.5 año;  unas 200.000 patentes estaban pendientes de resolución a finales de 2018 y colapsan la oficina de patentes brasileña.

La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas “ALIFAR manifestó su preocupación por la adopción del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en algunos países de la región, lo que implica en la evaluación de patentes farmacéuticas y un aumento desproporcionado en la concesión de las mismas, propagando patentes de bajo nivel inventivo. No se advierte además que dicha adhesión conlleve ventaja alguna para ciudadanos de nuestros países“.

Para la Cámara de Industrias y Laboratorios Farmacéuticos nacionales CILFA “el PCT implica una cesión de soberanía en materia de política legislativa sobre patentes y desarrollo industrial.

EL PCT promueve el relajamiento operativo y administrativo de las oficinas nacionales de patentes que se apoyaran en criterios internacionales, apartándase de los criterios locales. Es peligroso para la continuidad de pautas rigurosas de patentamiento.

Los beneficiarios del PCT son para los países y empresas de mayor desarrollo tecnológico, entre Estados Unidos, Japón y Alemania representan casi el 60% de las solicitudes del PCT”.

Las presiones de Estados Unidos se manifiestan mediante su Secretaría de Comercio a través del Informe anual Especial 301, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) de empresas farmacéuticas estadounidenses que impulsan la adhesión al Tratado PCT para que sus compañias ingresen más patentes a la Argentina.

El INPI, quien es el organismo de aplicación de la ley de patentes, ha tomado durante el actual gobierno la posición de facilitar la adhesión de la Argentina a los lineamientos de Estados Unidos en materia de propiedad industrial firmando convenios con la USPTO para acelerar la concesión de patentes extranjeras en el país mediante los denominados PPH o “Autopista de Patentes” y promoviendo tanto el Tratado PCT como el Tratado equivalente -Sistema de Madrid- para Marcas globales.

El peligro es doble: si la adhesión fracasara para quienes la impulsan; el TLC con la Unión Europea negociado en sus fases finales en el marco del MERCOSUR, obligaría al país a adherir automáticamente al PCT, de allí el riesgo oculto en ese tratado regional de libre-comercio.

Por estos motivos, la adhesión al Tratado PCT y el TLC UE-MERCOSUR deben ser considerados como una amenaza a la industria nacional en la actual megacrisis económica, en un mundo en el que las economías locales tratan de protegerse de las agresiones comerciales de los países centrales, donde las patentes constituyen un instrumento de creación de monopolios que afecta directamente la vida de las personas.