Carlos Bianco y Sofía Sternberg
La próxima ronda de negociación para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea tendrá lugar en Bruselas entre el 20 y el 26 de junio próximos. Se prevén también dos días de reuniones ministeriales el 27 y 28 de junio a los efectos de resolver a nivel político los temas que no hayan podido ser acordados a nivel técnico. Si bien es cierto que el gobierno anunció varias veces de forma apresurada el cierre de este acuerdo, todo parecería indicar que esta vez el anuncio de la culminación de las negociaciones podría ser real.
Desde sus inicios en 1995, las negociaciones para la firma
de este acuerdo se caracterizaron por sus permanentes marchas y
contramarchas. Luego de la suspensión de las conversaciones en 2004 como
consecuencia del intercambio infructuoso de ofertas, en marzo de 2010
los principales mandatarios de ambas regiones acordaron el relanzamiento
de las negociaciones comerciales. Fue, sin embargo, el giro político
hacia la derecha en los dos países más grandes del Mercosur desde fines
de 2015 (Argentina) y 2016 (Brasil) lo que marcó un punto de inflexión
en las tratativas: mientras que el período 2010-2015 estuvo signado por
el choque entre el intento de la UE de imponer predatoriamente sus
intereses y el objetivo del Mercosur de lograr un acuerdo equilibrado,
los últimos tres años y medio de negociaciones se caracterizaron por las
continuas concesiones unilaterales realizadas por el Mercosur en su
afán de concluir un acuerdo sin considerar los posibles impactos en
términos productivos, comerciales y sociales.
¿De qué se trata el acuerdo en negociación?
Si
bien los textos oficiales y las ofertas intercambiadas están siendo
negociados bajo extremo hermetismo, las permanentes filtraciones de
información y las recientes firmas de tratados de libre comercio (TLC)
que la UE viene llevando adelante con distintos países de la región dan
una idea de hacia dónde apunta el acuerdo birregional. Los temas de
negociación que se encuentran sobre la mesa, además de establecer un
cronograma de reducción arancelaria para el comercio de bienes y un
conjunto de reglas de origen preferenciales, abordan lo que en la jerga
se denominan normas de tipo OMC plus. Estas consisten en disciplinas
reguladas a nivel multilateral a través de acuerdos vinculantes dentro
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -vgr. compras
gubernamentales, propiedad intelectual o comercio de servicios- pero que
en el marco de un TLC birregional se verían sujetas a una ampliación en
sus estándares de liberalización y desregulación.
Se trata de una negociación entre dos bloques comerciales con fuerte peso a escala internacional -representan el 27% del PIB mundial y registran durante los últimos cinco años flujos comerciales promedio por 97.000 millones de dólares- pero que detentan profundas asimetrías en términos de desarrollo relativo. Las estadísticas de comercio exterior entre las partes son elocuentes: el 68% de las importaciones de origen europeo que realiza el Mercosur se concentran en productos manufacturados de elevado valor agregado (maquinaria y equipo, automóviles, autopartes, productos farmacéuticos y químicos, entre otros); el 63% de las ventas externas del Mercosur hacia el viejo continente se componen de productos agrícolas y demás productos alimenticios con escaso nivel de transformación.
Justamente, tales diferencias estructurales explican los vaivenes históricos en las negociaciones y determinan que los resultados y objetivos buscados por las partes diverjan sustantivamente. El principal interés ofensivo del Mercosur se encuentra en una mayor liberalización del mercado agropecuario europeo. Por el lado de la UE, el objetivo es lograr un mayor acceso al mercado del Mercosur para los bienes industriales y poder incluir en el acuerdo disciplinas del tipo OMC plus. Sin embargo, el histórico proteccionismo europeo en materia agrícola sumado a la inflexibilidad de la UE en reconocer las asimetrías económicas vigentes entre ambas regiones y contemplar un trato especial y diferenciado a favor del Mercosur llevan a que, de suscribirse, la UE se alzaría sin dudas como el gran ganador de la negociación.
Negociación a contrarreloj
El
gobierno de Cambiemos está trabajando contrarreloj para concluir antes
de la contienda electoral de octubre un acuerdo al que visualizó desde
el vamos como uno de los ejes centrales de su estrategia de «inserción
inteligente al mundo» y poder anunciar con bombos y platillos la
«incorporación de Argentina a las cadenas globales de valor». Para ello,
cuenta con la ayuda del principal socio comercial del país, Brasil.
Desde la asunción de Bolsonaro, los funcionarios de Itamaraty han
flexibilizado brutalmente sus posiciones con el objetivo de cerrar el
acuerdo cuanto antes.
En el capítulo de comercio de bienes,
el Mercosur accedió a la histórica demanda de la UE de ofrecer una
amplia liberalización comercial, con una reducción de aranceles a cero
para el 90% de los productos importados desde la UE, principalmente
bienes manufacturados. Si bien los plazos que se negocian para la
reducción progresiva de aranceles contemplan un máximo de 15 años, el
Mercosur se comprometió a incluir un 60% de la cobertura en canastas que
alcanzan la eliminación total de tarifas en menos de diez años. Sin
embargo, nada es suficiente para la UE, que sigue demandando mayor
acceso a mercado para sus productos agrícolas procesados (quesos, leche
en polvo, aceite de oliva, duraznos en lata, ajo, vinos y productos de
confitería, entre otros).
Respecto a las reglas de origen, el
Mercosur terminó por aceptar cláusulas con criterios sumamente flexibles
para determinar si un bien es originario de alguno de los dos bloques.
Esto permite que la UE importe insumos de terceros países y mediante
transformaciones productivas mínimas adquieran el estatus de productos
«made in Europe», pudiendo hacer así usufructo de los beneficios
arancelarios del acuerdo. Como si esto fuera poco, la UE exige que el
Mercosur renuncie a la aplicación de algunas herramientas de política
comercial para poder hacer uso de las preferencias arancelaria del
acuerdo, tal el caso de los regímenes de exención arancelaria (admisión
temporaria y drawback) y los derechos de exportación.
Todavía
quedan pendientes de resolución temas claves para la suscripción del
acuerdo. El primero tiene que ver con la solicitud europea de una mayor
liberalización del comercio de servicios, precisamente para el caso del
transporte marítimo y fluvial. El segundo se encuentra vinculado con el
capítulo de propiedad intelectual y con la negociación de la extensión
en la duración de las patentes de medicamentos y agroquímicos y la
protección de datos de prueba utilizados en los análisis clínicos. La UE
quiere asegurarles a los laboratorios europeos un periodo de
exclusividad adicional a los 20 años que otorga la OMC. El Mercosur se
niega, aunque estaría evaluando la posibilidad de permitirle a la flota
mercante europea la libre navegación de sus mares y ríos, a cambio de
mantener la regulación de la OMC en materia de patentes y datos de
prueba. Por último, en el caso de las compras gubernamentales, los
negociadores europeos están exigiendo una reducción en los umbrales
mínimos de montos a partir de los cuales las empresas europeas puedan
participar de las licitaciones bajo las mismas condiciones que las
empresas locales, la inclusión de la obra pública en las ofertas de los
socios del Mercosur y el acceso a las compras públicas a nivel
subfederal.
Ante este vendaval de concesiones realizadas por
el Mercosur y demandas infinitas ejercidas por la UE, es lógico
preguntarse: ¿todo esto a cambio de qué? Por ahora a cambio de muy poco.
La oposición de algunos países comunitarios liderados por Francia,
Irlanda y Polonia, bloquea posibles mejoras en las ofertas para el
acceso al mercado europeo de productos agropecuarios. Hoy la UE ofrece
cuotas que, en su mayoría, son miserables. La carne bovina es un buen
ejemplo: tan solo 70.000 toneladas anuales (entre carne fresca y
congelada) para el total del Mercosur podrían ingresar a la UE con
arancel preferencial. Es un volumen realmente bajo si se lo compara con
las 29.500 toneladas que otorga la UE sólo a la Argentina en concepto de
Cuota Hilton.
Impactos para Argentina: todo para perder, muy poco para ganar
A
la fecha, las autoridades de la gestión de Cambiemos en la Cancillería y
el Ministerio de Producción optaron por no hacer públicos los
resultados de los estudios de impactos productivos y comerciales del
acuerdo. Sin embargo, existe como antecedente un estudio realizado en
2013 por la Cancillería, en donde se observa que sólo la UE obtendría
ganancias comerciales como resultado del acuerdo. Tanto Argentina como
Brasil sufrirían un déficit comercial adicional al actual.
En
el caso de Argentina, las exportaciones totales caerían por dos razones.
Primero, porque la desgravación arancelaria entre la UE y el Mercosur
terminaría erosionando las preferencias existentes al interior del
mercado común, lo que redundaría en una fuerte disminución de las ventas
externas argentinas de manufacturas de origen industrial (MOI) hacia el
resto de los países del Mercosur (especialmente Brasil). Segundo, el
proteccionismo agrícola en el viejo continente impediría que Argentina
pueda incrementar significativamente su volumen de exportaciones en
aquellos productos vinculados al complejo alimenticio.
Por su
parte, las importaciones provenientes del continente europeo se
incrementarían fuertemente en virtud de las rebajas arancelarias
otorgadas, principalmente en el caso de los productos industriales de
elevado valor agregado (automóviles y autopartes; productos químicos, de
caucho y plásticos; maquinaria y equipo). Por ende, un TLC de estas
características profundizaría la tradicional inserción de Argentina como
proveedor de materias primas y alimentos e importador de manufacturas
de mayor valor agregado y contenido tecnológico. El potencial impacto
negativo del acuerdo también se vería reflejado en los índices de
empleo, con una fuerte tendencia a la baja dada la desarticulación que
se produciría en el tejido industrial.
Asimismo, dado que el
tratado excede los temas estrictamente comerciales, su firma afectaría
sensiblemente los márgenes de política pública con los que contaría el
Estado argentino. Los impactos más nítidos se encuentran en los casos de
los capítulos de compras públicas y propiedad intelectual. En el primer
caso, otorgarle trato nacional a las empresas europeas neutralizaría
toda posibilidad de utilizar el poder de compra del Estado como
herramienta para el desarrollo, hoy uno de los pocos instrumentos
todavía permitidos por la OMC. En segundo lugar, la extensión de la
duración de patentes y la protección de datos de prueba dificultaría la
producción de medicamentos genéricos en laboratorios nacionales públicos
y privados, encareciendo el precio de los mismos y reduciendo el acceso
a la salud de nuestra población.
En definitiva, estamos ante la consumación en tiempo real de una tragedia histórica para las posibilidades de industrialización y desarrollo futuro de la Argentina, con consecuencias que serán irreversibles sobre el tejido industrial y sobre la posibilidad de generar empleo de calidad y bien remunerado en nuestro país. Sin embargo, Macri acelera y presiona para la firma del acuerdo con el objetivo de poder pasar el invierno y llegar con una «buena noticia» en el orden internacional a las elecciones de octubre.