Agencias
El Gobierno de Bolivia resolvió expulsar a cinco venezolanos quienes
supuestamente recibieron dinero para venir al país a protagonizar “una
acción política” y de conspiración, informó este lunes una fuente
oficial, reseñó la agencia Efe.
Los venezolanos fueron identificados en un operativo migratorio
realizado el domingo, señaló a los medios el ministro boliviano de
Gobierno (Interior), Carlos Romero.
“(Son) personas que ingresan ilegalmente y van a hostigar y atacar la
embajada de Cuba conspirando políticamente. Luego admiten que han
recibido cifras de dinero por esta acción”, señaló la autoridad
boliviana.
No está claro quién o quiénes hicieron el supuesto pago, pero sí que los
sindicados admitieron, según Romero, “que han sido pagados para esa
actividad política y que en realidad han sido traídos al país para
protagonizar una acción política”.
“Por esa razón se ha decidido su puesta en frontera, por su ingreso
ilegal y por haber vulnerado las normas nacionales y los que tienen
solicitud de refugio se va a respetar que se substancie su procedimiento
de refugio“, indicó el ministro.
“Son cinco los que han sido puestos en frontera, siete los que están
substanciando un procedimiento de refugio de los que forman parte de ese
operativo de migración”, agregó.
Romero sostuvo que Bolivia tiene una política “absolutamente
condescendiente” con los migrantes, “pero no con estas personas pagadas,
como lo han confesado, con fines conspirativos y que han cometido
ilegalidades”.
El ministro recordó que en el país se está aplicando una norma mediante
la cual se declaró una amnistía para la regularización migratoria de
extranjeros que ingresaron ilegalmente y que ha beneficiado a varias
personas en los últimos meses.
Según datos del Ministerio de Gobierno, en el marco de esa norma se
beneficiaron en total 419 ciudadanos extranjeros, incluidos 71
venezolanos, 75 cubanos y 90 brasileños, entre otros.
Romero aseguró que las autoridades bolivianas no tienen “ningún
problema” en que estos ciudadanos regularicen su situación migratoria,
siempre y cuando vengan al país a estudiar, a trabajar o a establecer
una familia.
Pero “si incurren en la comisión de algún delito común, la acción de la justicia tiene que producirse”, añadió.