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La empresa transnacional suiza Syngenta fue condenada por el Tribunal de Justicia de Paraná este jueves 29 de noviembre por la noche, por el asesinato del dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra Valmir Mota de Oliveira “Keno” y por el intento de asesinato de la agricultura Isabel Nascimento de Souza. La decisión de los magistrados de la 9ª Cámara del Tribunal de Justicia de Paraná confirmó la sentencia en primera instancia, de 2015, cuando la 1ª Jurisdicción Civil de Cascavel [municipio de Paraná] determinó que la empresa tiene responsabilidad en el asesinato y debería indemnizar a las familias de las víctimas por daños morales y materiales.
Keno fue asesinado con un disparo el 21 de octubre de 2007, a los 34 años. El agricultor y líder del MST estaba casado con Íris Maracaípe Oliveira, con quien tuvo tres hijos: Juan, Keno junior y Carlos Eduardo. “Hoy se hizo justicia. Sabemos que Syngenta es culpable. Estoy muy conmocionada», dijo la viuda tras conocer el fallo del juicio.“Agradezco a Dios porque nunca he perdido las esperanzas de que Syngenta sería condenada algún día por esa tragedia. Mil veces preferiría que él estuviera aquí conmigo pero estoy cierta de que no importa donde esté, estará contento ahora”, finalizó Iris.
El asesinato tuvo lugar en un campo de experimentación ilegal de Syngenta ubicado en Santa Tereza do Oeste, municipio de Cascavel, en las cercanías del Parque Nacional de Iguazú. El área estaba ocupado por cerca de 150 integrantes de la Vía Campesina – articulación de movimientos sociales rurales, entre ellos, el MST – que denunciaba la ilegalidad de las investigaciones de la transnacional, el gigante en el sector de transgénicos y agrotóxicos.
Los militantes fueron acribillados a disparos por cerca de 40 vigilantes de seguridad de una empresa privada contratada por Syngenta. Además del asesinato de Keno, Isabel también fue baleada y perdió la visión del ojo izquierdo. Los vigilantes la hicieron arrodillar para ejecutarla pero en el momento del disparo ella levantó la cabeza y el disparo la alcanzó en su ojo. Otros tres agricultores quedaron heridos.
Responsabilización
Durante el juicio de apelación presentado por la empresa, que cuestionaba la decisión en primera instancia, el ponente del proceso, el magistrado José Augusto Anicero, consideró que había un contrato formal entre Syngenta y la empresa de seguridad privada. “Los patrones son responsables por los actos de sus empleados”, afirmó.
Aunque hayan reconocido la implicación de Syngenta, la mayoría de los magistrados consideró que los ocupantes también eran culpables – pues asumieron el riesgo cuando ocuparon el terreno – y por ello han reducido el valor de la indemnización.
El magistrado Wellington Emanuel Coimbra de Moura estuvo en desacuerdo con la interpretación de los demás magistrados y atribuyó toda la responsabilidad del crimen a la empresa. Según él, la empresa de seguridad tenía conocimiento de la ocupación de la Vía Campesina algunas horas antes de la acción. Por lo tanto, cuando se dirigió hacia el campamento “no se trataba de una amable visita”, como puntuó. “La empresa compareció sin la presencia del Poder Judicial”, analizó.
El comentario determinó la decisión en primera instancia, cuando el juez Pedro Ivo Montero condenó el ataque de Syngenta. “Aunque sea reprochable e ilegítima la invasión de propiedad privada, no deberían actuar por cuenta propia, imponiendo la pena de muerte a los ocupantes, sino buscar los medios legales para solucionar el conflicto pues, a fin de cuentas, el ordenamiento jurídico considera un delito el ejercicio arbitrario de las propias razones”, afirmó en su decisión.
El proceso criminal que investigaba la responsabilidad de los pistoleros y del propietario de la empresa, Nerci de Freitas, y del empresario del agronegocio Alessandro Meneghel fue archivado en 2017. Según el magistrado responsable por el caso, a diez años del crimen, el poder judicial no iba a poder condenar los autores, por lo cual no habría responsabilización criminal.
Una victoria de los movimientos sociales
El caso generó una amplia repercusión nacional e internacional. En 2008, integrantes de Vía Campesina protestaron contra la muerte de Keno en frente a la sede de la empresa en Suiza. En el mismo año, el embajador suizo Rudolf Bärfuss le pidió disculpas a la viuda del agricultor en nombre del gobierno del país.
El abogado que acompañó el juicio, Manoel Caetano Ferreira Filho, considera que la decisión del Tribunal de Justicia representa una gran victoria para los movimientos sociales, pues reconoce la responsabilidad de Syngenta. “Pienso que es importante, por ser una empresa de gran porte, que haya prevalecido en el tribunal un fallo favorable a las víctimas de la violencia”, señala.
Para Celso Ribeiro Barbosa, integrante de la coordinación estadual del MST y de Vía Campesina, la decisión es muy importante para comprobar el uso de una milicia armada por parte de Syngenta. “Sabemos que nadie puede traer a nuestro compañero de vuelta, pero pienso que puede reparar algún daño para su familia y para Isabel, los más afectados. Por ello nos quedamos muy contentos, es una victoria para la clase obrera. Nos infunde ánimo para seguir en la lucha”, dice el militante, que vive en el asentamiento Sepé Tiaraju, en Santa Tereza do Oeste.
El abogado popular de la organización Tierra de Derechos que acompañó el caso, Fernando Prioste, analiza que la condena de la empresa es una decisión importante en un escenario de ofensiva del conservadurismo en el país, “cuando el presidente electo amenaza armar a los terratenientes contra los movimientos sociales”. “El tribunal decidió, como no podría dejar de hacerlo, que el ataque armado por parte de una milicia es ilegal. Aquellos que actúen de modo violento deberán responder por ello”, señala.
Denuncias confirmadas
En marzo de 2006, el Ibama [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables] levantó actas y multó la empresa Syngenta en R$ 1 millón, el equivalente a poco más de US$ 258 mil, por cultivo de soja transgénica en los alrededores del Parque Iguazú en el municipio de Santa Tereza do Oeste. La denuncia fue realizada por la organización Tierra de Derechos.
El Parque Iguazú es una unidad de preservación y tiene un plan de manejo que define una zona amortiguadora de 10 kilómetros, es decir, una área de protección donde no se puede cultivar semillas genéticamente modificadas, como hizo la empresa transnacional. La empresa plantó 123 hectáreas de semillas transgénicas en la zona amortiguadora del parque.
Durante el mismo mes, el área fue ocupado por familias integrantes de la Vía Campesina. El objetivo era denunciar los ataques de la empresa a la biodiversidad. Los agricultores fueron obligados a desocupar el terreno, pero volvieron a ocuparlo. El asesinato de Keno ocurrió en uno de los momentos de reocupación, en octubre de 2007.
En diciembre del mismo año, a menos de dos meses después del crimen, una decisión de la justicia de Paraná confirmó la ilegalidad de las investigaciones realizadas por Syngenta en los alrededores del Parque Nacional de Iguazú. Desde 2009, en el área donde Keno fue asesinado se ubica el Centro de Investigaciones en Agroecología Valmir Mota de Oliveira, administrado por el Instituto Ambiental de Paraná (Iapar).