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En el marco del paro nacional de 36 horas convocados por las dos CTA, sindicatos, organizaciones políticas y sociales se movilizaron hacia la Plaza de Mayo, donde se realizó un masivo acto en conjunto, frente a medio millón de personas, tal como informaron los organizadores desde el escenario.
El primero en tomar la palabra fue Hugo Yasky, diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, que sostuvo que este martes, con el paro general convocado por la CGT, al que adhirieron todos los gremios, hay que decir «no al FMI, no al Presupuesto del Fondo, no a despidos. Sí a la unidad y a la justicia social».
El dirigente aseguró que «no hay vallado que detenga la conciencia del pueblo en el momento en que decide ser protagonista de la historia, y acá estamos nosotros para demostrarlo».
En ese marco, recordó que Macri «ahora está en Washington. Debe tener las rodillas entumecidas, mucho tiempo de rodillas es trabajo insalubre, pero esos que en Washington venden a la Argentina, al Brasil, a la región como el patio trasero… ¡NO!, este no es el patio trasero. Esta es la región que tuvo a San Martín, a Bolivar, a los hombres de la Independencia y no vamos a volver a ser colonia ni nos van a entregar como si fuéramos simplemente el botín de guerra».
En tanto, Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, resaltó que las políticas del gobierno «están golpeando sistemáticamente el poder adquisitivo» de los ciudadanos y «están haciendo que las familias argentinas entren en default»porque «no saben cómo pagar la tarifa de luz, de gas, el agua o cómo darle de comer a los pibes» y «tener una vida más o menos digna».
Desde el escenario, Micheli aseguró que «no es cierto que la única alternativa es aceptar estos gobernantes y al Fondo Monetario Internacional. Mentira, se puede hacer otra cosa. Hay que convencer a nuestro pueblo que hay otro camino».
Por eso, pidió «abrir la paritaria, declarar la emergencia para jubilados y trabajadores, recuperar la industria nacional y parar los despidos» y advirtió que «nuestro futuro no está en la timba, ese es el futuro de los vagos que gobiernan».
También tomó la palabra Daniel «Tano» Catalano, secretario general de ATE Capital, que leyó una carta de Milagro Sala, dirigente de la Túpac Amaru detenida en Jujuy desde enero de 2016. “Pedimos que el congreso no apruebe el presupuesto del hambre», dijo en el escrito y pidió que cesen los despidos de «trabajadores del Estado para contratar policías y comprar armas”.
A su turno, Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, remarcó que “hasta aquí llegó el ajuste y la derecha, porque hay un pueblo unido que decidió salir a la calle y decirle basta”. Por eso, le pidió a los diputados y senadores de la oposición que «no acompañen el presupuesto, sino terminan siendo cómplices del gobierno que dicen combatir”.
«Si hacen falta una y mil marchas y uno y mil paros, habrá”. “Sí se puede cambiar a Cambiemos en el 2019”, concluyó el dirigente.
En el marco del paro general de 48 horas convocado por los docentes de CTERA, Sonia Alesso, su secretaria general, remarcó que «le duele a la oligarquía Argentina un pueblo que no se rinde, un sindicalismo que no está de rodillas». «Fuerza compañeros y compañeras, la clase trabajadora es una sola, viva la clase obrera».
Lola Berthet, por parte de la Asociación Argentina de Actores, sostuvo que «el pueblo se moviliza por libertad y conciencia no por un par de videos de actores como quisieron decir. No somos gorilas, somos cultura y parte del pueblo«. En esa línea, agregó que «nos quieren silenciar intentando negar nuestro derecho a la participación» y relegar a los actores y actrices al papel de «meros entretenedores sin posición política-gremial y nos encuadran en la categoría de farándula».
Por las organizaciones sociales, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, enfatizó que «esta política de Macri hunde a nuestro país en la miseria y en la falta de trabajo y no tiene límite para hacer sufrir a los trabajadores», por lo que «va a traer más hambre y más pobreza».
Por su parte, Daniel Menendez, advirtió que «esta política de exclusión genera problemas en miles de familias, que van a estar en la calle movilizándose. El Estado tiene que garantizar que esas manifestaciones sean pacíficas» y acusó a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, de casi producir «una masacre» en el Puente Pueyrredón al querer impedir el paso de la columna de manifestantes hacia la ciudad de Buenos Aires.