Por Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores
Ante la violencia cometida hoy (31) por el Tribunal Superior Electoral contra los derechos de Lula y del pueblo que quiere elegirle presidente de la República, el Partido de los Trabajadores afirma que seguirá luchando por todos los medios para garantizar su candidatura en las elecciones del 7 de octubre.
Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil. Vamos a defender a Lula en las calles, junto con el pueblo, porque él es el candidato de la esperanza.
Es mentira que la Ley de la Ficha Limpia impediría la candidatura de quien fue condenado en segunda instancia, como es la situación injusta de Lula. El artículo 26-C de esta Ley dice que la inelegibilidad puede ser suspendida cuando haya recurso plausible a ser juzgado. Y Lula tiene recursos tramitando en el STJ y en el STF contra la sentencia arbitraria.
Es mentira que Lula no podría participar en la elección porque está preso. El artículo 16 bis de la Ley Electoral prevé que un candidato sub judice (en fase de juicio) puede «efectuar todos los actos relativos a la campaña electoral, incluso utilizar el horario electoral gratuito en la radio y en la televisión y tener su nombre mantenido en la urna electrónica «.
La Justicia Electoral reconoció los derechos previstos en estas dos leyes a decenas de candidatos en recientes elecciones. En 2016, 145 candidatos a alcalde disputaron la elección sub judice, con registro rechazado, y 98 fueron elegidos y gobiernan sus ciudades. ¿Es sólo para Lula que la ley no vale?
El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó a Brasil garantizar los derechos políticos de Lula, incluso el de ser candidato. Y Brasil tiene obligación de cumplir, porque firmó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 311 que reconoce la autoridad del Comité. El TSE no tiene autoridad para negar lo que dice un tratado internacional que Brasil firmó soberanamente.
Es falso el argumento de que el TSE tendría que decidir sobre el registro de Lula antes del horario electoral, como alegó el ministro Barroso. Los plazos fueron atropellados con el objetivo de excluir a Lula. Son arbitrariedades así que generan inseguridad jurídica. Hay un sistema legal para los poderosos y un sistema de excepción para el ciudadano Lula.
En una semana que avergonzará al Judicario para siempre, la cúpula de ese Poder negoció un aumento del 16,4% en los salarios ya indecentes de ministros y jueces, sancionó la criminosa tercerización de los contratos de trabajo y ahora atacó frontalmente la democracia, los derechos de los derechos electores y los derechos del mayor líder político del país. Es una casación política, basada en la mentira y en el albedrío, como se hacía en el tiempo de la dictadura.
La violencia practicada hoy expone a Brasil ante el mundo como un país que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales, que manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer persecución política. Este sistema de poder, fuertemente sostenido por la Red Globo, llevó al país al atraso y al pueblo al sufrimiento y trajo el hambre de regreso.
La candidatura del compañero Lula es la respuesta del pueblo brasileño a los poderosos que usurparon el poder. Lula, y todo lo que representa, está por encima de los casuísmos, de las maniobras judiciales, de la persecución de los poderosos.
Es con el pueblo y con Lula que vamos a luchar hasta el final.
¡Lula Libre!
¡Lula Candidato!
¡Lula Presidente!