La reunión de Haddad y Lula, quien este lunes cumple 150 días como preso político en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en Curitiba, será la primera después que el Tribunal Superior Electoral (TSE) resolviera desacatar una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU y rechazar la candidatura presidencial del ex gobernante.
Todas las semanas definimos la estrategia jurídica a la luz de los acontecimientos, explicó la víspera Haddad en conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Maceió, Alagoas, y puntualizó que en su último encuentro con el ex mandatario, el jueves pasado, no imaginaban que el TSE juzgaría su candidatura al día siguiente.
Nadie me saca de la cabeza que si Lula fuera registrado él ganaría las elecciones en el primer turno, sostuvo el cientista político y remarcó que la prisión del fundador y líder histórico del Partidos de los Trabajadores es inconstitucional.
En las primeras horas de la madrugada del 1 de setiembre, y según la apreciación del diario digital Brasil 247, el TSE dio continuidad al golpe de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff al privar de sus derechos políticos a Lula.
Por seis votos contra uno, la Corte retiró, en la práctica, los derechos políticos a Lula al prohibirle participar como candidato presidencial en las elecciones de octubre próximo, ignorando el deseo de un 40 por ciento del electorado de verlo de vuelta al Palacio de Planalto, subrayó la publicación.
La sesión extraordinaria del TSE, en cuya agenda fue incluido de último momento el juzgamiento de la solicitud de registro de la candidatura de Lula, comenzó el viernes por la tarde y se prolongó hasta la madrugada del sábado.
Aun antes que finalizara la sesión de la corte electoral, el PT denunció en un comunicado la existencia en Brasil de ‘un sistema legal para los poderosos y un sistema de excepción para el ciudadano Lula’.
Ante la violencia cometida por el TSE contra los derechos de Lula y del pueblo que quiere elegirlo presidente de la República, el PT afirma que continuará luchando por todos los medios para garantizar su candidatura en las elecciones del 7 de octubre, dijo.
‘Es una anulación política, basada en la mentira y en el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura’, subrayó el texto y anunció que serán presentados todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil.
Sostuvo además que ‘vamos a defender a Lula en las calles, junto con el pueblo, porque él es el candidato de la esperanza’.
El manifiesto petista recordó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU indicó al Estado brasileño garantizar los derechos políticos de Lula, inclusive el de ser candidato presidencial, y Brasil tiene la obligación de cumplir, porque suscribió el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La violencia practicada hoy – insistió – expone a Brasil como un país que no respeta sus propias leyes, no cumple sus compromisos internacionales y manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer persecución política.
Por último, destacó que la candidatura de Lula es la respuesta del pueblo brasileño a los poderosos que usurparon el poder mediante el golpe parlamentario-judicial contra la presidenta Dilma Rousseff, en 2016.