El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la intervención de la obra social del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), dicha intervención ya lleva dos años y medio, y es manejada por el cuñado del magistrado: Sergio Ramiro Tejada.
En diciembre de 2017 se realizaron las elecciones en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), luego de veintidós meses de intervención política judicial dispuesta por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Sin embargo, la intervención en la obra social de los trabajadores marítimos continua y, lleva treintaiún meses.
Al frente de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM), por decisión judicial, quedaron Sergio Ramiro Tejada y Mario Garrido. Tejada es nada menos que el cuñado de Canicoba Corral y se aferra a una caja de 600 millones de pesos anuales.
Una de las primeras decisiones de los interventores de la OSPM fue la de cortar todos los servicios y dar de baja contratos, por lo que se dejó sin prestación a muchos afiliados que realizan tratamientos crónicos, que tuvieron que volver a iniciar los trámites de alta complejidad.
Se trata de un conflicto que pone en peligro la salud de numerosos afiliados de una entidad que atiende a 23.599 personas.
Los interventores realizaron nuevos contratos con otras prestadoras médicas. Tejada y Garridoresolvieron que dos firmas que tienen un pasado oscuro sean las elegidas. Ambas están involucradas en la denominada “mafia de los medicamentos”. Se trata de Farmanexus de Proyecta Milenium S.A. e Iter Medicina S.A. como nuevas prestatarias que se encuentran involucrada en la famosa causa de estafa a las obras sociales gremiales, que rozó a varios popes en el pasado cercano y que determinó la prisión de Juan José Zanola.
El modus operandi de la mafia de los medicamentos se basó en un sistema complejo de falsificación de troqueles de medicamentos, que nunca se entregaron pero se facturaron por cifras multimillonarias, vaciando las arcas de las instituciones. Farmanexus participó de quiebras de obras sociales, por ejemplo las obras sociales del gremio de los Plásticos y de los Ferroviarios.
Además, las prestadoras beneficiadas con la intervención político-judicial, fueron acusadas en un informe elaborado por la Coalición Cívica (parte de la alianza gobernante Cambiemos), en el que las firmas prestatarias son señaladas por irregularidades y manejo de fondos sospechosos por aportes de campañas políticas en 2007, entre algunas prestatarias figura con las mayores “donaciones” Iter Medicina S.A. con 310 mil pesos.
La denominada mafia de los medicamentos paralelamente estuvo relacionada con el tráfico de efedrina que salpicó a varias droguerías, caso que se destapó luego del triple crimen de General Rodríguez de los tres empresarios farmacéuticos. (www.REALPOLITIK.com.ar)