DPA

Estados Unidos pidió hoy una comisión independiente para investigar el atentado del 4 de agosto contra Nicolás Maduro, que calificó de “violencia política”, y criticó la respuesta dada por el Gobierno venezolano.

“Estados Unidos condena la violencia política que tuvo lugar el 4 de agosto y urge al régimen de Maduro a respetar la legalidad, ejercer contención y salvaguardar la presunción de inocencia de todos los acusados”, manifestó el Departamento de Estado en un comunicado.

El 4 de agosto, dos drones cargados de explosivos irrumpieron durante un acto de Maduro en una céntrica avenida de Caracas. El Gobierno de Venezuela asegura que se trató de un atentado contra el mandatario, a quien se pretendía matar.

“La respuesta del Gobierno venezolano a este incidente ha sido detener arbitrariamente a algunos individuos y no seguir el debido proceso. Además ha habido violaciones de la inmunidad parlamentaria, que está protegida por la Constitución de Venezuela”, añadió, para después condenar el “supuesto uso de torturas” para lograr confesiones.

El principal acusado es el diputado opositor Juan Requesens, detenido poco después del suceso de los drones. Maduro aseguró que declaró y confesó de manera “legal y voluntaria” su supuesta participación.

El propio Maduro difundió un video en el que Requesens se autoinculpa. Su familia y su abogado aseguran que no recuerda haberlo grabado. La semana pasada se difundió otro video en el que aparece en ropa interior después de haber sido detenido por la policía. Entre los detenidos hay también dos militares.

Maduro acusa además al opositor Julio Borges, que se encuentra en Colombia, de ser el autor intelectual y pide su extradición. Ha acusado además al ex presidente colombiano Juan Manuel Santos de protegerlo y de haber participado en el plan del supuesto atentado.

“Nos unimos a la comunidad internacional en la petición de una comisión independientepara investigar el incidente del 4 de agosto”, indicó el Departamento de Estado.

Volvió a instar además al Gobierno de Venezuela a respetar los derechos humanos de todos los detenidos en el país y llamó a “la puesta en libertad inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los presos políticos”.