El Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal condenó al ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou por la causa de la ex calcográfica Ciccone. Tras rechazar todos los alegatos de nulidad presentados por la defensa de los imputados, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez declararon culpable al ex funcionario de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
En tanto, el empresario José María Núñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por ser “partícipe necesario” en la comisión de los delitos. Los magistrados también condenaron, aunque con penas menores, al abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; a Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, y a Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.
El tribunal acusó a Boudou de haber adquirido el 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda y luego impulsar su salvataje, mientras era ministro de Economía.
El exfuncionario siempre negó la imputación y hoy ratificó dicha postura durante su alegato final. Ante el tribunal, afirmó que «jamás» negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone. «Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70 por ciento del paquete accionario», aseguró Boudou, quien señaló que durante el juicio se «invirtió la carga de la prueba». Del mismo modo, desestimó la acusación de cohecho, que «el propio (Alejandro) Vanderbroele dijo que no existió». «La situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas «, subrayó el ex funcionario en los Tribunales de Comodoro Py.
Además de Boudou, fueron juzgados el empresario Núñez Carmona, Vandenbroele, Resnnick Brenner Forcieri y Ciccone. Este último fue declarado “autor penal de cohecho” y condenado a 4 años y 6 meses de prisión, que cumplirá en su domicilio. Sobre el resto de los imputados recayeron penas menores a tres años, que podrán conmutarse por trabajo comunitario.
Los jueces dictaminaron que Vanderbroele fue partícipe necesario de los delitos reprochados a Boudou, por lo cual lo condenaron a 2 años de prisión “en suspenso”. Algo similar ocurrió con Resnnick Brenner, condenado a 3 años de prisión y con Forcieri, sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión.
La acusación
Tal como consignó Página/12 en su momento, la secuencia de la acusación contra Boudou fue la siguiente:
La imprenta que imprimía billetes y otros documentos de seguridad en la Argentina, Ciccone Calcográfica, estaba en quiebra, sobre todo a raíz de sus deudas con la AFIP.
A través de un supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su amigo José María Núñez Carmona, Boudou se habría quedado con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta. La maniobra habría consistido en que Boudou, con su influencia (por entonces era ministro de Economía) lograría el levantamiento de la quiebra de la calcográfica, a cambio de lo cual la familia Ciccone, representada por el marido de una de las hijas, Guillermo Reinwick, entregaría la mayoría de la empresa (70 por ciento) y conservaría un 30 por ciento de las acciones.
El instrumento para comprar y financiar la imprenta habría sido la empresa fantasma The Old Fund, cuyos accionistas y financistas ocultos aparecían en sociedades de Holanda, Uruguay, el paraíso fiscal norteamericano de Delaware y de Nueva York. El juez Ariel Lijo, quien instruyó la causa, sostuvo que Boudou estuvo detrás de estas compañías ficticias y que se quedó con la empresa en provecho propio.
Alegato
En la última audiencia por el juicio de la causa Ciccone Calcográfica, antes de la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal, el ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou afirmó durante su alegato que «jamás» negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone. El ex funcionario, a quien se lo acusa de haber realizado supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y de haber cometido el delito de cohecho, negó las imputaciones en su contra y dijo que el juicio tuvo «cosas extrañas».
«Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70 por ciento del paquete accionario», aseguró Boudou, quien señaló que en el marco del juicio en su contra se «invirtió la carga de la prueba». Del mismo modo, desestimó la acusación por cohecho dado que «el propio (Alejandro) Vanderbroele dijo que cohecho no existió». «La situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas que se dieron», ratificó el ex funcionario en los Tribunales de Comodoro Py.
Boudou dijo que el juicio tuvo «cuestiones extrañas desde un inicio» y vinculó el caso Ciccone a una repulsa por la estatización de las AFJP durante su gestión en la ANSES. «Acá también hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas. Los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos. Primero desde el punto de vista mediático, luego desde el sistema de justicia», cerró.
Poco después, Alejandro Rúa, su abogado defensor, reclamó la suspensión del veredicto porque el presidente del tribunal que juzga al ex vicepresidente , Pablo Bertuzzi, no podía intervenir. El letrado confirmó que se había apelado ante la Corte Suprema el rechazo a una recusación de Bertuzzi, motivo por el cual hay un “efecto suspensivo” que le impidía al tribunal intervenir. Su planteo no fue tenido en cuenta.