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Colombia fue el viernes escenario de una masiva protesta del pueblo que salió a las calles por la cifra chocante del asesinato de líderes y activistas sociales.
Miles de colombianos protagonizaron manifestaciones en diferentes puntos del país suramericano y criticaron al Gobierno por hacer caso omiso a la matanza de dirigentes sociales y defensor de derechos humanos luego de la rúbrica del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en septiembre de 2016.
Coreando “El silencio es indiferencia”, los manifestantes se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la capital colombiana, con velas, banderas y carteles con imágenes de bustos en blanco y negro para enviar un mensaje de “no al olvido” de las muertes de activistas.
“Hoy apoya la velatón del país y del mundo. Colombia está de luto”, gritaban los participantes reclamando firmemente el término de la violencia contra los líderes sociales y garantías de seguridad para ellos.
En cada una de las ciudades que se celebró la marcha, entre ellas Manizales (centro), Popayán (suroeste), Barranquilla y Cartagena (norte), Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y Neiva (centro), los asistentes realizaron un minuto de silencio en homenaje a los asesinados.
Las manifestaciones se organizaron luego de que la Defensoría del Pueblo revelara el miércoles que, desde el 1 de enero de 2016 y hasta el pasado 30 de junio, 311 líderes sociales y defensores fueron asesinados.
El organismo afirmó que las muertes ocurrieron en las zonas en que grupos armados ilegales se disputan el control territorial de áreas desalojadas por la exguerrilla de las FARC, especialmente en Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió el jueves al Gobierno a redoblar la seguridad de los activistas y aseguró que el aumento de la violencia afecta la consolidación de la paz en el país.
A finales de 2016, el partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y el Gobierno colombiano suscribieron un pacto que dio origen a la Justicia Especial para la Paz (JEP): esta prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.