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Desde que la Doctrina Monroe entrara en vigor en 1823, EEUU se siente libre de inmiscuirse en los asuntos internos de los países latinoamericanos bajo el pretexto de defender su «seguridad nacional». Por eso, tras la elección de Hugo Chávez como presidente, Venezuela se convirtió en una amenaza para el esquema estadounidense de dominación y control de la región.
Desde ese momento, Washington utiliza la estrategia de «cambio de régimen» que condujo al Gobierno de George W. Bush a financiar y apoyar el fallido golpe de Estado de abril de 2002.
Sin embargo, la política de «cambio de régimen» en Venezuela no siempre se ha realizado de manera tan directa. Uno de sus «pilares» es el llamado Decreto Obama aprobado en 2015, que marcó la escalada de la agresión norteamericana contra Caracas.
La ley calificó a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU» y, de este modo, permitió imponer cualquier tipo de medida contra el país latinoamericano. La orden le dio marco legal a lo que hasta entonces era una política no oficial, que se ejecutaba mediante operaciones financieras, políticas, mediáticas, paramilitares y diplomáticas encubiertas.
Sputnik presenta las pruebas de la política de agresión y de la violación de la soberanía que realiza el Gobierno estadounidense en Venezuela y que afecta esferas como la economía, las relaciones internacionales y la seguridad nacional del país. Esta recopilación está basada en un informe elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
La ‘Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela’, una ley que pretende regular la política interna de este país, fue aprobada en diciembre de 2014. Esta legislación dejó las manos libres a la Administración Obama para aplicar medidas unilaterales dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela y, sobre todo, a «trabajar» con los miembros de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea en esta dirección. Más tarde, el efecto de dicha ley fue asegurado con la publicación del Decreto Obama.
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La implementación de sanciones para ejercer una presión económica y, como resultado, política, no es nada nuevo para EEUU. Cuba, Irán, Rusia, Siria son algunos de los países atacados por las restricciones estadounidenses, tomadas unilateralmente. El área más afectada siempre es el sector económico y financiero.
Desde el año 2017, la nueva Administración Trump optó por aplicar medidas individuales contra cargos clave del Gobierno venezolano. El propio presidente Nicolás Maduro, como otros altos funcionarios, así como militares, civiles, personas o empresas calificados por EEUU como asociadas política o económicamente al aparato gubernamental son el blanco predilecto de estos ataques.
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Con una feroz campaña de presión, el Gobierno estadounidense logró que los países europeos y otros socios de EEUU participen en el bloqueo económico de Venezuela y en su aislamiento diplomático.
Los países de la Unión Europea, Canadá, Ucrania, Moldavia, Georgia, Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Costa Rica, Panamá, junto con el autor de la estrategia, EEUU, formaron una coalición no proclamada para presionar y con eso desestabilizar a Venezuela.
Los Gobiernos de México y Argentina declararon que también estudian imponer restricciones contra Caracas.
EEUU argumenta que su política no genera efectos negativos sobre la población venezolana, dado que se trata solo de un círculo limitado de funcionarios, militares, civiles. Sin embargo, las sanciones afectan la vida del pueblo venezolano.
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Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, con las sanciones, EEUU reconoce la incapacidad de sus aliados internos para producir un «cambio de régimen» y asume de hecho la conducción política de la oposición venezolana.
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La posibilidad de una intervención militar en Venezuela ha sido formulada por parte de los políticos estadounidenses en varias ocasiones. Así, Donald Trump declaró que su país tiene «muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar de ser necesario».
En febrero 2018, el entonces Secretario de Estado EEUU Rex Tillerson indicó que, en el caso de Venezuela, podrían ser los militares los que intervengan para promover un cambio democrático.
La política de Washington afecta no solo la situación económica y social de Venezuela sino también pretende cambiar la disposición de otros países con relación al país caribeño en la esfera internacional.
Aquí ha servido como herramienta la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde el 2014, EEUU ha emprendido 32 intentos de agresión contra Caracas en este organismo.
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Como arma diplomática contra Venezuela también sirvió la ola de no reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones presidenciales en el país, lo que aumentó la retórica de la necesidad de «cambio de régimen» en el país.
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