El diario Clarín alertó que el presidente, Mauricio Macri, apura la definición del marco legal para movilizar efectivos del Ejército y de la Armada a la frontera y traer más gendarmes a los grandes centros urbanos del país. El motivo es el aumento de la conflictividad social que comenzará a nacer cuando el jefe de Estado tome las decisiones que ordenó el FMI: despidos en el Estado, ajuste por medio de licuación de planes sociales con movimientos cambiarios y quita de subsidios a los servicios, es decir, tarifazos.
«Macri ordenó a su gabinete de Seguridad y Defensa poner en marcha ese plan, en la medida de que le preocupa que el ajuste de la economía que está produciendo la crisis cambiariaaumentará la cantidad de paros, bloqueos de rutas y marchas en todo el país», informó el periodista Daniel Santoro, afín al Gobierno.
Macri presentó el pedido de que las fuerzas de seguridad sean concentradas en las áreas metropolitanas a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Oscar Aguad, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.
El único inconveniente que tiene Macri es el decreto 727/06 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner e impulsado por la ex ministra de Defensa Nilda Garré, que impide el despliegue de las fuerzas del ejército para la seguridad interna. Sólo podrá repeler una agresión de una fuerza armada extranjera de otro Estado. Ahora, para Macri, quedan dos caminos: dar de baja el decreto o mantenerlo.
El desembolso del préstamo del FMI obliga a Macri a hacer un ajuste simultaneo en sensibles areas del Estado. Entre ellas impone un recorte de los subsidios a la energía, el despido de empleados públicos y un ajuste en la recaudación.