Agencias
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer el final de la Protección Migratoria Especial, conocida como TPS, a la que están acogidos unos 57.000 ciudadanos de Honduras desde que el huracán «Mitch» devastó el país centroamericano en 1998. El Departamento de Seguridad Nacional les dio de plazo hasta el 5 de enero de 2020 para que abandonen Estados Unidos o regularicen su situación por otros cauces. Quienes no lo hagan se convertirán en indocumentados y quedarán expuestos a ser deportados. La medida es un nuevo paso en las políticas migratorias restrictivas que Trump convirtió en un pilar de su acción de gobierno. En los últimos meses canceló entre otros el TPS de salvadoreños, haitianos y nicaragüenses. Ya son más de 300.000 inmigrantes que se van a quedar sin protección.
El Gobierno de Honduras, que en los últimos meses desplegó una gran actividad diplomática en Washington para intentar convencer al gobierno republicano de mantener el TPS, lamentó profundamente la cancelación y la enmarcó en, según dijo, una política de Estado de la administración Trump.
En Estados Unidos, la decisión fue inmediatamente criticada como despiadada y maliciosa por organizaciones de derechos civiles, colectivos inmigrantes y políticos demócratas. Muchos de sus beneficiarios llevan veinte años en el país, tienen trabajos, abrieron negocios y echaron raíces. De hecho, son padres de 53.000 hijos nacidos en Estados Unidos, que por ello tienen la nacionalidad norteamericana. El TPS funciona como un programa de protección humanitaria. Permite obtener refugio en Estados Unidos a ciudadanos de países con circunstancias que dificultan la vida, como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia. Da permisos de residencia y trabajo. Sus beneficiarios son sometidos a un estricto examen para comprobar entre otras cosas que carecen de antecedentes criminales.
A Honduras le concedió el TPS la administración del demócrata Bill Clinton después del paso de «Mitch», un ciclón que en palabras del entonces presidente hondureño, Carlos Flores, destruyó 50 años de progreso en el país. Sólo en Honduras mató a unas 7000 personas. El programa benefició a hasta 86.000 hondureños y sigue habiendo 57.000 registrados, según las cifras del Servicio de Estudios del Congreso estadounidense. Constituyen el segundo gran grupo protegido por el programa, tras los 195.000 salvadoreños. Estos tienen hasta septiembre de 2019 para dejar el país o arreglar sus papeles.
Desde 1999, todas las administraciones, republicanas como demócratas, fueron renovando cada 18 meses el TPS de los hondureños. Pero el Gobierno de Trump ha considerado que ya no existe la situación que motivó su concesión. «Las condiciones de alteración de la vida causadas por el huracán han descendido hasta un grado que ya no se considera como una alteración sustancial», dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, en el comunicado en el que oficializó la decisión. «El Gobierno estadounidense se compromete a trabajar con el de Honduras para facilitar una transición ordenada», aseguró la funcionaria.
Pese a las llamadas de legisladores, líderes religiosos y organizaciones empresariales, entre otros, la administración no tuvo en cuenta la situación de violencia y pobreza que se vive en Honduras. Nielsen opinó que el plazo hasta enero de 2020 da tiempo al Gobierno hondureño para prepararse para el retorno y la reintegración de sus ciudadanos.
«Una vez más reiteramos a nuestros compatriotas que actualmente están fuera del país, que son y serán siempre bienvenidos en su patria donde se les recibirá con los brazos abiertos», manifestó en Tegucigalpa el vicecanciller hondureño, José Isaías Barahona.
Honduras es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de asesinatos es de 60 por cada 100.000 personas, una de las más altas del planeta. El país encabeza además la tasa de femicidios de Centroamérica, con una de las más elevadas del globo. Sin embargo, más allá de la violencia, más de dos terceras partes de la población hondureña vive en la pobreza. «Esta decisión pondrá a los beneficiarios hondureños del TPS en gran riesgo de inseguridad alimentaria, sanitaria y de vivienda», manifestó el Caucus Hispano del Congreso estadounidense, integrado por legisladores demócratas.