Agencias
Twitter es mucho más que una red social para Donald Trump. Es su látigo y su altavoz. Desde su cuenta, lanza proclamas, avanza medidas, destituye a ministros y se enfrenta a jefes de Estados. Twitter es su forma de hacer política. Breve, directa, demoledora.
Todo ello ha confluido en el fallo de la juez federal Naomi Reice Buchwald que dictamina que el presidente de Estados Unidos no debe bloquear a nadie en su cuenta personal @realDonaldTrump (37.600 tuits y 52,2 millones de seguidores).
Para la magistrada, ese espacio forma parte del foro público y como tal no puede escaparse de la Primera Enmienda, adoptada en 1791 para proteger la libertad de expresión.
“Bloquear a los demandantes por sus opiniones políticas supone una forma de discriminación”, escribió.
Bajo este razonamiento, la juez de Nueva York pide al presidente y su equipo que pongan fin a esta práctica. «Dado que ningún cargo gubernamental está por encima de la ley y porque todos están obligados a seguir la ley una vez que el poder judicial ha establecido qué es la ley. asumimos que el presidente y [Daniel] Scavino [director de redes sociales de la Casa Blanca] remediaran el bloqueo que hemos considerado inconstitucional», afirma.
El caso surgió en marzo pasado cuando siete ciudadanos e instituciones demandaron a Trump por haberles bloqueado. La medida les impedía ver o responder a los mensajes de su cuenta. Es decir, les arrebataba el derecho a saber lo que expresa el presidente, pero también a hacer públicas en la misma cuenta sus opiniones al respecto. Entre los demandantes se hallaban el Centro Knight de la Universidad de Columbia, y particulares como Philip Cohen, un profesor de Sociología de la Universidad de Maryland, bloqueado en junio de 2017 después de que contestara a un mensaje del presidente con un texto que decía: “Corrupto, incompetente, autoritario”.
Los abogados de Trump alegaron que el presidente tenía derecho a decidir con quien compartía su espacio y que la analogía con la Primera Enmienda era falaz. Como ejemplo señalaron que, del mismo modo que el presidente no tiene por qué quedarse en un acto público junto a quien le grita, tampoco en Twitter está obligado a escuchar a quien le ataca. Y que de ello no se sustrae ningún menoscabo a la libertad de expresión.
En la vista preliminar, la juez Buchwald, elegida en la presidencia de Bill Clinton, ya señaló que había una solución intermedia: en vez de bloquear, silenciar. Un mecanismo que le evitaría al presidente la lectura de respuestas críticas pero sin impedirlas en origen. «No se vulnera el derecho de una persona a hablar cuando el Gobierno simplemente ignora a esa persona mientras escucha a otras o amplifica una voz por encima de otras. Silenciar, por tanto, preserva la capacidad del silenciado de responder a un tuit, pero bloquear impide al bloqueado ver o replicar por completo a los tuits», concluye la magistrada.