Prensa Latina
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, advirtió este miércoles que la agenda de 40 puntos que se pretende imponer en el diálogo nacional conduce a un golpe de Estado, violando así la Constitución y las leyes vigentes en el país.
Al intervenir durante la tercera sesión plenaria de las conversaciones para la paz en la nación, Moncada afirmó que dicha agenda propuesta por quienes adversan al gobierno solo lleva a un punto.
Es el diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de reconciliación y unidad nacional, al margen de la Constitución, del ordenamiento jurídico del país, subrayó.
Moncada refirió que antes de tratarse cualquier tema en el diálogo debe abordarse el derecho a la paz de la mayoría de los nicaragüenses.
El problema fundamental es que tratar esa agenda, mientras nuestra población languidece producto de tranques y bloqueos de vías, causando daños económicos, sicológicos, físicos, estamos realmente en una situación de violación total de derechos humanos, apuntó.
El ministro de Relaciones Exteriores insistió que esos tranques han ocasionado una severa afectación al país en diversos órdenes, en particular a las familias nicaragüenses.
Por su parte, el diputado Edwin Castro, del Frente Sandinista de Liberación Nacional y representante del gobierno en la mesa, recordó que en la sesión anterior se estableció discutir en la presente jornada sobre la no violencia, la libre circulación y el derecho al trabajo.
La agenda que pretende imponer el bloque opositor, de manera unilateral, plantea una reforma parcial de la constitución política, cambiar la ley orgánica del poder legislativo y aprobar una ley marco para la transición y gobernabilidad democrática.
Asimismo, propone la prohibición de la reelección presidencial y de cargos sujetos a elección popular, la formación de un nuevo Consejo Supremo Electoral y una reforma a la Ley Electoral producto del consenso de la mesa del diálogo, entre otros puntos.
Nicaragua vive una severa crisis sociopolítica desde el pasado 18 de abril, cuando protestas contra nuevas reformas al seguro social, ya derogadas, pero que derivaron en otras demandas políticas en medio de una ola de violencia, enfrentamientos y hechos vandálicos contra bienes públicos y privados.
La situación llegó a tal punto, que las partes acordaron sentarse en una mesa de diálogo nacional por la paz, con la Conferencia Episcopal en calidad de mediadora y testigo del proceso.