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Más de 8.000 personas de la ciudad argentina de General Alvear, en la provincia de Mendoza, límite con Chile, se movilizaron con la consigna de “no al fracking”, que alude a la extracción no convencional de gas y petróleo. La marcha incluyó protestas contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos dispuesta por el presidente Mauricio Macri y sus consecuencias sobre la economía local.
La convocatoria, que surgió a través de las redes sociales por fuera de estructuras políticas y sindicales, tuvo como objetivo acordar un plan de lucha para lograr la derogación del decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo a principio de marzo que autorizó la actividad de fracking. Pidieron además que la Legislatura provincial prohíba la fractura hidráulica en todo el territorio.
La ciudad de General Alvear es cabecera del departamento del mismo nombre, ubicado en el sudeste de la provincia. Viven allí unos 50.000 habitantes de los cuales 30.000 corresponden a las áreas urbanas. El Ejecutivo departamental está a cargo de Alberto Marcolini, de la alianza Cambiemos, la misma que gobierna la provincia de Mendoza y también el Gobierno nacional de Mauricio Macri.
La multitud aclamó, entre otras cosas, la posibilidad de establecer cortes de ruta y movilizaciones para informar a vecinos y automovilistas sobre los motivos de la protesta. Se analiza también la posibilidad de establecer una carpa en la plaza central de la ciudad y preparar una gran marcha para el 12 de mayo, cuando el gobernador visite la ciudad.
El decreto N° 248 del mandatario provincial habilitó la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica de las rocas, fracking, una técnica que genera controversias y rechazos en buena parte del mundo.
Uno de los principales cuestionamientos a esta técnica es la gran demanda de agua (un recurso que en Mendoza es escaso y es utilizado principalmente para la ganadería, la agricultura, frutales y vides) y la probable contaminación de los cursos hídricos.
Sin demasiados datos técnicos y apenas a partir de una prueba piloto realizada recientemente, funcionarios del Gobierno de Mendoza sugieren que “un desarrollo no convencional puede llegar a traer inversiones del orden de los mil millones de dólares y prácticamente duplicar el nivel de actividad de la provincia de Mendoza”.
La protesta de este miércoles incluyó quejas por la situación económica en general de esta población cuya principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Actualmente unas 30.000 hectáreas son regadas por aguas del Río Atuel, uno de los pocos cursos de agua importantes que cruzan la zona más árida de la provincia.