En una medida sin precedente desde el regreso de la democracia en Brasil, el presidente Michel Temer decidió anoche la intervención militar de la seguridad del estado de Río de Janeiro para intentar detener el aumento de la criminalidad y la violencia. Por el decreto que el mandatario debe firmar hoy y luego tendrá que ser ratificado por el Congreso, las fuerzas armadas asumirían las responsabilidad en el comando de las policías civil y militar del estado así como del área de inteligencia.
Aunque en el pasado las fuerzas armadas han intervenido en varios estados -entre ellos Río de Janeiro- en el marco de misiones específicas de «garantía de la ley y el orden» para asistir a las autoridades locales, será la primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1988 que se dé una intervención total en la seguridad pública de un estado. La medida se extendería hasta fin de este año, aunque los detalles serán definidos hoy. El interventor sería el general del ejército Walter Braga Neto, actual jefe del Comando Militar del Este, quien estuvo a cargo de la seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2016.
La intervención, que respondió a un pedido del gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, se da luego de una fuerte ola de criminalidad y violencia en el estado como consecuencia de la crisis económica de Brasil en los últimos años y del descalabro fiscal en las cuentas fluminenses.
Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Río, en 2017 los casos de muertes violentas en el estado tuvieron el mayor incremento desde 2009, cuando se puso en marcha el proyecto de «pacificación» de las favelas y territorios dominados por bandas narcotraficantes y milicias; hubo un alza del 7,5% en relación a 2016, con 6731 homicidios violentos. Aún sin datos oficiales consolidados, en enero de este año se registró un número récord de 688 tiroteos en el popular aplicativo de la plataforma Fuego Cruzado. Los conflictos armados también se duplicaron durante el último Carnaval, marcado por varios episodios de violencia, entre ellos la muerte de tres policías militares, numerosos robos en las comparsas callejeras, asaltos a turistas, y el saqueo de un supermercado, pese a que se desplegaron 17.000 efectivos policiales, un 43% más que en los festejos carnavalescos del año pasado.
La decisión de intervenir en la seguridad de Río de Janeiro fue tomada anoche en la residencia del presidente Temer en Brasilia, el Palacio do Jaburu, en una reunión de la que participaron, además del mandatario y el gobernador Pezão, los ministros encargados de Defensa (Raúl Jungman), Justicia (Torquato Jardim), Secretaría de General de Gobierno (Wellington Moreira Franco), Gabinete de Seguridad Interna (Sergio Etchegoyen), Economía (Henrique Meirelles) y Planificación (Dyogo Oliveira), así como los presidentes del Senado (Eunicio Oliveira) y de la Cámara de Diputados (Rodrigo Maia).
Hugo algunas resistencias en cuanto a la imagen pública que la medida generará sobre el principal destino turístico de Brasil, pero también por las complicaciones que podría tener para la economía del país. Es que, de acuerdo al artículo 60 de la Constitución, la Carta Magna no puede ser alterada en vigencia de alguna intervención federal, de estado de defensa o de estado de sitio. Y el gobierno esperaba votar en el Congreso este mes una muy resistida reforma previsional, que debería ser aprobada mediante una enmienda constitucional.