La ONG Amnistía Internacional destacó en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que “Argentina muestra una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión”.
El informe, en el que se documentó la situación de 159 países, detalla la gravedad que se vive en Argentina, en donde, desde la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, se están produciendo «detenciones indiscriminadas e incluso muertes como las de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado«, que, según remarca la ONG «tuvieron lugar en el contexto de reclamos sociales».
El documento que esta semana presentó Amnistía Internacional señala también que durante 2017 se produjeron manifestaciones que «registraron picos de violencia inusitada», como «la marcha de diciembre contra la reforma previsional, en la que hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente, según denunciaron algunos de sus familiares en las oficinas de esta entidad».
Según explica AI, «en la concentración por el Día Internacional de la Mujer varias personas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente y obligadas por las fuerzas de seguridad a desvestirse por completo».
Uno de los párrafos más sobresalientes del informe, señala que “existe una tendencia en diferentes países del mundo en propagar noticias falsas, con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que suelen ser críticas con el gobierno”.
Amnistía Internacional advierte que, en el caso particular de Argentina, «este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión. Defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, fueron agredidos con ciberataques que combinaron cuentas falsas, trolls (cuentas que publican mensajes agresivos o despectivos) y bots (cuentas con interacciones automatizadas)».
Mientras tanto Mauricio Macri, preocupado por la situación de Venezuela, está dispuesto a combatir cualquier disidencia, sin que este llamado de atención le arranque ni tan siquiera una opinión. Coincidiendo con este informe, el gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial para la compra de armas que declaró confidencial. El decreto, que fue publicado el pasado jueves, declara “secreta la operación contractual por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición del material bélico”.
La noticia de la adquisición de material bélico por parte del gobierno argentino se conoció a nueve meses de la cumbre del G20 que concentrará en Buenos Aires a mandatarios de las principales potencias del mundo, y tras la gira por Estados Unidos de los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, que incluyó el anuncio del compromiso del gobierno de instalar en la provincia de Misiones una “fuerza de intervención” de la DEA, la agencia antinarcóticos norteamericana, en teoría para combatir el narcotráfico y el terrorismo
Sin embargo hay quienes ya advierten otra intencionalidad en este desembolso millonario efectuado por el gobierno nacional. El descontento social crece y al presidente aún le resta aplicar la segunda etapa de la receta neoliberal que incluye una reforma laboral que despojará a los trabajadores de derechos adquiridos. La estigmatización y criminalización de la protesta social no le alcanza a Macri para concluir el plan de ajuste y deterioro de las condiciones laborales. La represión es el método que hasta el momento ha utilizado en cada una de las manifestaciones que tuvieron lugar desde su asunción a la presidencia.