Después de la larga y triste noche neoliberal de los noventa -que quebró naciones enteras como Ecuador-, y a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la Presidencia de la República de Venezuela, los gobiernos derechistas y entreguistas del continente empezaron a derribarse como castillo de naipes, llegando a lo largo y ancho de nuestra América gobiernos populares y adscritos al Socialismo del Buen Vivir.
Cambio de época
En su apogeo, en el 2009, de 10 países latinos de América del Sur, 8 tenían gobiernos de izquierda. Además, en Centroamérica y el Caribe estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colom en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras, y Leonel Fernández en República Dominicana. En países como Guatemala, con Álvaro Colom, o Paraguay, con Fernando Lugo, era la primera vez en la historia que la izquierda llegaba al poder, en el último caso rompiendo incluso una constante de siglos de bipartidismo.
En mayo 2008 nace Unasur, y en febrero de 2010 se crea la Celac, con 33 miembros. De los 20 países latinos de Celac, 14 tenían gobiernos de izquierda, es decir, el 70%.
La primera parte del siglo XXI sin duda han sido años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron históricos y asombraron al mundo, todo esto en un ambiente de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia propia en el continente y en el mundo entero. Por supuesto, ayudó mucho la favorable coyuntura económica mundial. Las materias primas que exporta especialmente Sudamérica, tuvieron altos precios durante esos años, pero la gran diferencia es que por fin esa riqueza fue invertida en el Buen Vivir de nuestros pueblos.
América Latina vivió no una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, que también modificó substancialmente el balance geopolítico de la región. Por ello, para los poderes fácticos y países hegemónicos, era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías, y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional.
La restauración conservadora
Aunque ya en el 2002 el Gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar un fallido golpe de Estado, es realmente desde el 2008 que se intensifican intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010, y Paraguay 2012. Cuatro intentos de desestabilización, dos de ellos exitosos -Honduras y Paraguay-, y todos contra gobiernos de izquierda.
A partir del 2014, y aprovechando el cambio de ciclo económico, estos esfuerzos desarticulados de desestabilización se consolidan y conforman una verdadera “restauración conservadora”, con coaliciones de derecha nunca vistas, apoyo internacional, ilimitados recursos, financiamiento externo, etcétera. La reacción se ha profundizado y ha perdido límites y escrúpulos. Ahora tenemos el acoso y boicot económico a Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil, y la judicialización de la política –“lawfare”-, como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil, Cristina en Argentina, y el vicepresidente Jorge Glas en Ecuador. Los intentos para destruir Unasur y neutralizar la Celac, también son evidentes y, no pocas veces, descarados. Ni hablar de lo que está sucediendo en Mercosur. El fracaso del ALCA a principios de siglo trata de ser superado con la Alianza del Pacífico.
En Sudamérica, en los actuales momentos, tan solo quedan tres gobiernos de corte progresista: Venezuela, Bolivia y Uruguay. Los eternos poderes que siempre dominaron a Latinoamérica, y que la sumieron en el atraso, desigualdad y subdesarrollo, regresan con sed de venganza, después de más de una década de continuas derrotas.
Los ejes de la estrategia de la restauración conservadora
La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente y se fundamenta básicamente en dos ejes: el supuesto fracaso del modelo económico de izquierda, y la pretendida falta de fuerza moral de los gobiernos progresistas.
Con respecto al primer eje, desde la segunda mitad del año 2014, y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los dos últimos años, con tasas de crecimiento del 1.2, -0.2 y -0.8% para los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Los resultados son dispares entre países y subregiones, reflejo de la diferente estructura económica y políticas económicas aplicadas, pero las dificultades económicas de países como Venezuela o Brasil son tomadas como ejemplo del fracaso del socialismo, cuando Uruguay, con un gobierno de izquierda, es el país más desarrollado al sur del Río Bravo, o cuando Bolivia tiene los mejores indicadores macroeconómicos del planeta.
En el caso ecuatoriano, enfrentamos lo que llamamos “La Tormenta Perfecta”: el desplome de las exportaciones junto con una importante apreciación del dólar, la moneda de curso legal. Los choques externos negativos recibidos durante los años 2015-2016, no tienen parangón en la historia contemporánea ecuatoriana. Por primera vez en los últimos treinta años, tuvimos dos años seguidos de decrecimiento en exportaciones, perdiéndose cerca del 10% del PIB. Para el 2016, el valor de las exportaciones era apenas el 64% de finales del 2014. En el primer trimestre de 2016, el precio del barril del petróleo ecuatoriano estuvo por debajo del mítico piso de $20, que no alcanzaba a cubrir ni los costos de producción.
Mientras tanto, el dólar norteamericano se comportaba en forma exactamente contraria a las necesidades macroeconómicas, pasando de 0.734 a 0,948 euros/dólar entre enero 2014 y diciembre 2016, es decir, cerca de 30% de apreciación. Las monedas de países vecinos como Colombia llegaron a depreciarse en más del 70%.
Las pérdidas netas fiscales entre el 2015 y 2016 se calculan en 12% del PIB. Por primera vez en la historia, en lugar de recibir ingresos petroleros, el Gobierno Central tuvo que dar cerca de 1600 millones de dólares a las petroleras estatales para que no quebraran, como estaba sucediendo con muchas empresas petroleras alrededor del mundo. A esto hay que sumarles litigios perdidos en espurios tribunales arbitrales, que obligaron a pagar más de 1% del PIB a las petroleras Oxy y Chevron.
Como si esto fuera poco, el 16 de abril de 2016 ocurrió en la zona costera un terremoto de cerca 8 en la escala de Richter, que costó centenas de vidas, hizo decrecer la economía en 0,7%, y produjo pérdidas por más de 3% del PIB, sin contar las cerca de 4000 réplicas que ha tenido.
Por todos estos factores, la economía pasó de un vigoroso crecimiento del 4% en el 2014, a tan solo 0,2% en el 2015, y a un decrecimiento de -1,5% en el 2016. Sin embargo, pese a las dificultades extremas y carecer de moneda nacional, se superó la recesión en tiempo récord, con un mínimo costo, y sin incrementar pobreza ni desigualdad, algo inédito en América Latina. En el 2017 ya se espera un crecimiento de al menos 2%, mayor que el promedio latinoamericano de 1,3%.
En Ecuador, las políticas heterodoxas han demostrado ser más eficientes tanto en época de expansión como en época de recesión. Entre el 2007 al 2017 Ecuador más que duplicó el tamaño de su economía, su crecimiento económico fue mayor que el promedio de la región, y fue el país que más aumentó en la región el ingreso de los pobres y también más disminuyó la brecha entre ricos y pobres, logrando que dos millones de personas salieran de la pobreza, esto es, una reducción de 12,5%.
El problema es que, para la gente común, poco importan estos análisis económicos. Ellos sólo sienten que en los últimos años sus negocios venden menos, es más difícil para sus hijos encontrar trabajo, y ya no se incrementan sus ingresos al ritmo de antes. Esto lo explota muy bien una prensa especialista, no en informar, sino en manipular. Una recesión continental, y, en el caso ecuatoriano, sin tipo de cambio, la asocian a las políticas económicas, no a las estructuras de nuestras economías, o en otros casos pretenden hacer creer que en pocos años se podían cambiar esas estructuras, y, el no haberlo logrado, supuestamente es una muestra del “fracaso” de la izquierda. Mientras que a los gobiernos de derecha se les criticaba no haber hecho nada, a los gobiernos de izquierda se les critica no haber hecho todo.
El segundo eje de la nueva estrategia contra los gobiernos progresistas es el moral. El tema de la corrupción se ha convertido en la eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacional-populares en nuestra América. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil, para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que se le imputaban. En Ecuador, se está siguiendo exactamente el mismo libreto con el vicepresidente de la República.
En esta estrategia de “lawfare” se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento; luego viene un bombardeo mediático que aniquile el apoyo que pueda tener la víctima escogida; y, finalmente, el ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces presionados política y mediáticamente, que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar, porque la sentencia condenatoria ya fue establecida por los medios y la “opinión pública”.
¿Quién puede estar contra una verdadera lucha contra la corrupción? Eso fue lo que hicimos en Ecuador durante los últimos diez años, erradicando la corrupción institucionalizada que existía, pero la supuesta lucha anticorrupción de la derecha y sus medios es absolutamente insincera, y tan solo un instrumento de ataque político, como lo fue en los noventa la lucha contra el narcotráfico, o en su momento la lucha contra el comunismo. Para una verdadera lucha contra la corrupción, bastaría, por ejemplo, prohibir los paraísos fiscales, por donde pasa prácticamente toda la corrupción que hemos tenido que enfrentar.
Nos hablan de falta de controles, de permisividad, de sistemas de corrupción. ¿Qué control permite detectar una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal? En Ecuador, los controles son tan fuertes que se tienen que declarar el origen de depósitos de más de USD $ 10.000, pero en paraísos fiscales se puede depositar millones, sin que nadie informe nada.
Y, por supuesto, el encuadre comunicacional es que la corrupción se da por culpa del Estado, que lo público, a diferencia de lo privado, es la fuente de los problemas. La realidad es que -como en el caso Odebrecht, empresa constructora brasileña que creó toda una estructura de corrupción en 12 países-, la corrupción en gran medida es promovida por el sector privado. En países como Alemania, hasta hace poco, sus empresas podían deducir de impuestos los gastos para pagos ilícitos en nuestros países.
Hay una gran hipocresía mundial en torno a la lucha contra la corrupción. Cabe indicar que Ecuador es el primer país del mundo en aprobar mediante consulta popular una ley que impide a los funcionarios públicos tener operaciones de cualquier índole en paraísos fiscales. Esto ya convierte en delito el uso de estas guaridas, pero éstas siguen existiendo.
En resumen, se busca destruir no solo el modelo sino también los logros alcanzados por el progresismo, sobre la base de amplificar y generalizar, sobre todo a través de los medios de comunicación, problemas prácticamente ineludibles del ejercicio del poder.
¿La izquierda víctima de su propio éxito?
Probablemente la izquierda es también víctima de su propio éxito. Según la CEPAL, casi 94 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media regional durante la última década, en su inmensa mayoría fruto de las políticas de los gobiernos de izquierda.
En Brasil, 37.5 millones de personas dejaron de ser pobres entre 2003 y 2013, y ahora son de clase media, pero esos millones no fueron una fuerza movilizada cuando un Parlamento acusado de corrupción destituyó a Dilma Rousseff. Tenemos personas que superaron la pobreza y que ahora –por lo que se llama muchas veces prosperidad objetiva y pobreza subjetiva- pese a que han mejorado muchísimo su nivel de ingreso, piden mucho más, y se sienten pobres no en referencia a lo que tienen, peor aún a lo que tenían, sino a lo que aspiran.
Esa nueva clase media que ha emergido fruto del éxito de las políticas económicas y sociales de la propia izquierda, necesitan un nuevo discurso y mensaje. Sus demandas no son solamente diferentes, sino incluso antagónicas a las de los pobres, y sucumben más fácilmente a los cantos de sirena de la derecha y su prensa, que les ofrece para todos un estilo de vida a lo New York.
La izquierda siempre ha luchado contra corriente, al menos en el mundo occidental. La pregunta es, ¿estará luchando contra la naturaleza humana?
El problema es mucho más complejo si añadimos a esto la cultura hegemónica construida por los medios de comunicación, en el sentido gramsciano, esto es, lograr que los deseos de las grandes mayorías sean funcionales a los intereses de las élites. Un ejemplo dramático fue el rechazo a la Ley de Herencia que se intentó aplicar en Ecuador, consistente en un impuesto mucho más progresivo para las herencias de mayor tamaño. Pese a que tan solo un tres por mil de la población recibe en Ecuador una herencia, y que el nuevo impuesto sólo afectaba a los grandes legados, es decir, al 0,004% de las herencias, esto es, aproximadamente 172 personas por año sobre una población de 16 millones, muchos pobres y clase media salieron a protestar por un impuesto que jamás tendrán que pagar, manipulados en gran medida por los medios de comunicación.
Nuestras democracias deben llamarse democracias mediatizadas. Los medios de comunicación son un componente más importante en el proceso político que los partidos y sistemas electorales; se han convertido en los principales partidos de oposición de los gobiernos progresistas; y son los verdaderos representantes del poder político empresarial y conservador.
No importa lo que convenga a las grandes mayorías, lo que se haya propuesto en la campaña electoral, y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Han sustituido al Estado de Derecho con el Estado de opinión.
¿Existe “desafío estratégico”?
La izquierda regional enfrenta los problemas de ejercer -o haber ejercido- el poder, frecuentemente de forma exitosa pero desgastante.
Es imposible gobernar contentando a todo el mundo, más aún cuando se requiere tanta justicia social. En Ecuador, por darle la voz a los humildes, oportunidades a los pobres, derechos a los trabajadores, dignidad a nuestros campesinos, por arrancarles el poder a los que siempre habían usufructuado de él -la banca, los medios de comunicación, la partidocracia-, nos granjeamos poderosos enemigos, y nos acusaron de “polarizar” el país. Olvidan que, por la mitad de lo logrado, hace pocas décadas hubiéramos tenido una guerra civil. Nosotros lo hicimos cansándonos de ganar elecciones.
Cuando se es la izquierda del 3% en permanente oposición, sin vocación de poder, acostumbrada a protestar y no a proponer, no se entiende lo que es tener que gobernar en adversas situaciones económicas, o enfrentar traidores que sucumbieron ante la tentación del poder y el dinero. Es claro que la única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral, pero un gobierno honesto no es el que nunca sufrió casos de corrupción, sino aquel que nunca los toleró. No comprender esto confunde a mucha militancia, y resta unidad y vigor a los movimientos progresistas, desmoralizándose ante el primer inconveniente, y muchas veces otorgándoles a los opositores una razón que nunca tuvieron.
Siempre hay que ser autocríticos, pero se trata también de tener fe en nosotros mismos. Los gobiernos progresistas están bajo constante ataque, las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error, buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos. Por ello, tal vez el mayor “desafío estratégico” de la izquierda latinoamericana, es entender que toda trascendental va a tener errores y contradictores, pero también, como decía San Ignacio de Loyola, comprender que, en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición.
Rafael Correa Delgado: Expresidente del Ecuador.