Agencias
Miles de trabajadoras y trabajadores de Brasil, movilizados por centrales sindicales y movimientos populares, realizaron ayer paralizaciones y concentraciones frente a instituciones públicas en varias ciudades del país en protesta contra la reforma a la seguridad social que el gobierno de facto de Michel Temer pretende aprobar.
El borrador debe tener el visto bueno de la Cámara de Diputados, donde Temer no tiene mayoría. El gobierno necesita 308 votos y el plazo estipulado para aprobarlo es hasta finales de febrero.
Según publica Brasil de Fato, las perspectivas de aprobación de esta ley por los diputados es poco probable, debido a que su presidente, Rodrigo Maia, ha dado señales de que puede decidir por su engavetamiento.
Bloqueos y paralizaciones
La mañana se caracterizó por el bloqueo de carreteras, cierre de agencias bancarias, paralización en el sistema de autobuses municipales y de fábricas.
En Boa Vista, capital del estado de Roraima, cientos de trabajadores del campo y la ciudad se concentraron frente al instituto de la seguridad social de esa ciudad brasileña fronteriza con Venezuela.
En el estado de San Pablo, un importante grupo del sector del transporte público se sumó a la protesta, al tiempo que las carreteras de ese estado, la Presidente Dutra (la principal que conecta a este estado con el de Río de Janeiro) y Régis Bittencourt (la principal de Brasil, que une diez estados), amanecieron trancadas con quema de neumáticos por activistas del Frente Pueblo Sin Miedo.
En tanto en Curitiba, capital de Paraná, trabajadores marcharon hasta la localidad de Boca Maldita, donde realizaron una clase pública sobre los cambios planteados en la reforma jubilatoria.
Mientras en Belém, capital de Pará, movimientos populares y centrales sindicales ocuparon la avenida Almirante Barroso, una de las principales de la ciudad, y se dirigieron al mercado de São Brás, en el centro histórico con consignas contra el borrador de ley.
En los estados Río de Janeiro y Ceará también hubo protestas.
La propuesta gubernamental implica establecer por primera vez una edad mínima de jubilación (65 años para los hombres y 62 para las mujeres), y eleva el número de años de cotización necesarios para cobrar la pensión completa, lo que viene causando protestas desde hace casi un año.