No alcanza con el discurso pro mercado para que los capitales se aventuren sobre la Argentina o Nuestramérica, e incluso es dudoso que ello fuera beneficioso para atender las necesidades de la mayoría de nuestra sociedad. En todo caso, esos inversores demandan se realicen ajustes que abaraten el costo de producción y mientras tanto aprovechar la disposición a la valorización financiera derivada del endeudamiento externo. En efecto, ni bien comenzado el año y con horizonte de ajustes y cambios reaccionarios, el ministro de Finanzas colocó bonos por 9.000 millones de dólares a 5, 10 y 30 años, con tasas más bajas que hace un año, pero más altas que las que pagan los países vecinos u otros que se endeudan por estas horas en el mercado mundial. Argentina sigue siendo riesgosa y por eso es negocio para la especulación global con elevadas tasas de interés que se abonan con recursos fiscales que se restan principalmente al gasto social.
Hemos escrito en anteriores ocasiones que hay presiones desde la derecha, de adentro y de afuera del gobierno para acelerar el cambio, o sea el ajuste fiscal, previsional y laboral, de lo contrario el país ingresará en territorio complicado, sea por la inflación, el “atraso” del tipo de cambio o los déficit gemelos. Para traducirlo en lenguaje corriente, lo que se pretende apunta a inducir un control sobre los ingresos populares, sea conteniendo las demandas salariales por negociaciones colectivas, disminuyendo las actualizaciones de ingresos, caso de las jubilaciones o beneficios sociales y apurar el retiro de los subsidios a los servicios públicos. Imaginan mayor aumento de las tarifas de electricidad, agua, gas, transporte, etc. Pretenden un dólar más competitivo para las exportaciones, aunque ello suponga encarecimiento de importaciones y del costo de vida. Claro que todo ello supone la baja del gasto, especialmente el social y una mejora en la recaudación induciendo beneficios para las ganancias.
El límite es la protesta social y el descontento, lo que se expresa en la fuerte conflictividad social y cierta merma en la confianza y el consenso a la política oficial. Esto amenaza la continuidad del proyecto político, y por eso el gradualismo del sector más “político” en el gobierno, que contrarresta a los juramentados de la ortodoxia y demanda tiempo para cumplir con los objetivos de máxima para una inserción virtuosa de la Argentina en el capitalismo mundial.
Un problema es el financiamiento de esa política y como no acuerdan con la emisión monetaria exacerbada, entonces apuntan al endeudamiento y prorrogan las soluciones para el mediano y largo plazo. Lo que importa es mantener el consenso presente a un gobierno de derecha que por primera vez accede a la gestión pública con el voto de la sociedad. Esa es la apuesta para el logro del objetivo de máxima. En ese camino necesitan ampliar el consenso y si no pueden por la política, el discurso ideológico y cultural, no dudan en la represión. Disciplinar al movimiento popular, de larga trayectoria en la Argentina es preocupación central de las clases dominantes. El rumbo económico lo construyen más allá de sus problemas, con consenso o coerción, con el objetivo de la maximización de la ganancia para la acumulación y la dominación.
El modelo productivo en el fondo
No solo se trata de las cuentas públicas, sino de la orientación de la producción, la distribución, el cambio o el consumo, que por décadas construyó una inserción subordinada a las transnacionales del agro-negocio y la energía; la industrialización dependiente para la exportación y la especulación sobre a base de la extranjerización del sistema financiero y el deliberado endeudamiento externo. Aquí está el meollo de la cuestión, ya que no alcanza con discutir la ecuación macroeconómica, sea el PBI, el Consumo, la Inversión, o el saldo del comercio externo; sino que se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo, en especial vinculación con definiciones a asumir regionalmente y en un marco de integración no subordinada.
Es claro que se trata de una cuestión política, ya que el debate debe superar el límite de lo posible sustentado desde el oficialismo y la oposición sistémica, que cunado mucho discute quien gestiona el orden capitalista. Se trata de discutir precisamente el orden capitalista y confrontar con la ilusión de avanzar en el camino de reformas posibles al orden contemporáneo. La posibilidad de defender y ampliar derechos sociales, económicos y culturales de la mayoría de la sociedad implica discutir las bases materiales que organizan la cotidianeidad y especialmente nuestra superestructura social, ideológica, cultural y política. Por eso hace falta una gran batalla económica, política y sobre todo cultural, como desafío en la disputa de la conciencia social para confrontar las miserias a que nos condenan con la política económica en curso. Que no solo se escuche la presión por derecha para más ajuste, sino que se haga oír la voz consciente de quienes aspiran a una sociedad emancipada.