ambito
Los abogados Eduardo Barcesat y Julián Domínguez denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri y al jefe de gabinete, Marcos Peña, por la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018, dictado este mes con el declarado fin de desburocratizar y simplificar la administración pública nacional.
El DNU cuestionado «quiebra la división de poderes» al pretender la derogación o modificación de leyes aprobadas por el Poder legislativo con la finalidad de achicar el Estado para agrandar los negocios», según afirmó un comunicado de los denunciantes.
La causa recayó en el juzgado criminal y correccional federal 4 a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Ramiro González.
El escrito denunció a Macri, Peña y todos los ministros del gabinete nacional por «violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional».
Respaldada con su firma por numerosos referentes del kirchnerismo -entre ellos Nilda Garré, Alicia Castro, Mempo Giardinelli, Atilio Borón y Florencia Santout-, la presentación sostiene que «no están dados» los requisitos de admisibilidad ni las materias que pueden ser abordadas por los decretos de necesidad y urgencia.
«El propio Presidente convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, en las que pudo haberse dado tratamiento, como proyecto de ley, a los 192 artículos que integran el mentado DNU», apunta.
En consecuencia, considera aplicable al caso «lo preceptuado por el primer párrafo del art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional», según el cual «el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo».
Argumenta además que, «entre las materias vedadas para la emisión de DNU, conforme el texto constitucional, se encuentran la penal y la tributaria, siendo que el DNU 27/2018 inficiona ambas materias».
Para los denunciantes, «este obrar del conjunto del PEN comporta un severo quiebre del sistema y doctrina del Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes». «Por ello, la presentación judicial invoca al artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y cuyo último párrafo reconoce el derecho de los ciudadanos a resistir los actos que lesionen esa supremacía», señaló el comunicado.
Finalmente, la presentación judicial invoca el artículo 23 del Código Penal para pedir «la inmediata suspensión de la entrada en vigencia del DNU 27/2018, a fin que este grave delito institucional no se consume, habilitando la feria judicial a tal efecto».