La obsesión de Estados Unidos encabezada por su presidente Donald Trump por derrocar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela llega hasta lo inaudito y días tras días impone sanciones económicas y financieras a la par que presiona a varios de sus aliados para que sigan su mismo derrotero.
Una de las últimas acciones tomadas por Washington fue vetar el financiamiento necesario de los bonos que Venezuela ha emitido y tiene que pagar y los bonos que iba a colocar en el mercado internacional.
Inmediatamente las llamadas agencias calificadoras de riesgo, Fitch y Standard & Poor’s rebajaron la nota de deuda de Venezuela. La primera lo hizo de la categoría CC a C, casi la más baja de esa escala, mientras que Standard & Poor´s la llevó de CCC a CC. Ambas argumentaron que la decisión se debió al anuncio hecho por las autoridades bolivarianas el 3 de noviembre de realizar una renegociación de sus obligaciones de la deuda externa soberana.
Con el objetivo de infundir más miedo a los inversionistas y acreedores, Fitch y Standard & Poor´s, añadieron que estimaban muy probable la suspensión de pagos por parte de Caracas.
En una intervención televisada el presidente Nicolás Maduro aseguró que su Gobierno continuaría abonando los adeudos que tenía, como lo ha hecho en los últimos cuatro años en los que ha pagado 71 100 millones de dólares, pero que se hacía necesaria la reestructuración de la deuda por las nuevas medidas asfixiantes contra la economía de la nación suramericana decretadas por Donald Trump.
Las declaraciones realizadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, el pasado 25 de agosto son más que elocuentes: “la acción impuesta contra Caracas esta dirigida a la prohibición de acceso de Venezuela a los mercados de deuda y equidad de Estados Unidos, no van a poder tomar ventajas del sistema financiero de Washington para destruir la economía venezolana. Estas medidas también van a minar la capacidad de Maduro de pagar a los partidos y simpatizantes del Gobierno y va a aumentar la presión sobre Caracas para que abandone su desastroso camino”.
El refinanciamiento de deudas es un proceso soberano aceptado por los principios de las Naciones Unidas en el cual el país no descarta ni abandona sus compromisos internacionales pero sí exige como pagador confiable que se realicen los términos de desembolso en mayores condiciones para esa nación y para los acreedores.
Estados Unidos trata de que esta acción bolivariana no pueda realizarse y a la par se apoya en las calificadoras de riesgo, en su juego político contra ese país, las cuales hacen más caro el crédito y la reestructuración o refinanciamiento de la deuda.
Estas calificadoras han puesto a la República Bolivariana en mucho más peligro de impagos que Colombia, una nación en conflicto, a Argentina que acordó una deuda por 100 años, o a Ucrania y Grecia, envueltas hace años en profundas crisis.
Las evaluaciones establecidas por esos centros, basándose en la hipotética “fortaleza o debilidad” de las economías de los países, pueden ser desde Triple AAA, pasando por los distintos niveles A, de B, hasta una sola C. A los que, por ejemplo, les otorguen categorías de CCC, CC o C, les será difícil recibir empréstitos o que alguna entidad compre sus deudas.
Las transnacionales financieras y otras importantes instituciones se guían por los informes y proyecciones de esas tres instituciones, Standard & Poor´s (S&P), Moody´s y Fitch (conocidas también como la “santísima trinidad”) cuando van a realizar una inversión en el sector privado o en una nación.
Como consecuencia si esas agencias calificadoras rebajan la nota de alguna compañía o país el capital no fluye hacia ese lugar y si lo hace deberá pagar más intereses a los que osen poner dinero en sus bonos con el consecuente aumento de sus deudas.
Pero hay mucho más en esta violenta guerra económica contra Caracas. El 1 % de las familias más ricas del planeta (Goldman Sachs, Rockefeller, Rochschild, Wilbur, Wallemberg, Moses, son a su vez las dueñas de las tres grandes rectoras de riesgos citadas y controlan entre sus haberes a las ocho compañías financieras de Estados Unidos: Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, The Bank of New York Mellon, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, State Street Corporation y Wells Fargo & Company.
Estas tienen la potestad de poner y quitar a los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), del Banco Mundial y del Banco Central Europeo. Esas mismas familias, bancos e instituciones financieras, son propietarias de las principales petroleras del orbe, como Chevron, Conoco Philips, Exxon Movil, Total, BP, y de los mayores medios de comunicación, compañías farmacéuticas, de alimentos y la industria de armas.
Es decir, cualquier gobierno que no obedezca sus intereses y no responda a sus políticas financieras y económicas deberá sufrir los embates de esos poderosos.
Ejemplos del bloqueo contra la República Bolivariana, se aprecian de innumerables formas: Euroclear, una empresa operadora de bancos con sede en Bruselas y creada por JP Morgan, tiene retenido más de 2 200 millones de dólares en papeles para la compra de alimentos y medicinas para el pueblo venezolano; la empresa colombiana BSN Medical, propiedad de la familia Wallenberg prohibió, por orden del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la venta de medicinas a Caracas para tratar la malaria y el paludismo.
En conclusión es una guerra económica y financiera en todos los frentes con el objetivo final de derrocar al Gobierno y adueñarse de sus enormes reservas de petróleo, las mayores del mundo.
Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.