La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) metió más presión sobre el Gobierno al urgirlo «a redoblar sus esfuerzos de investigación para esclarecer lo ocurrido» con el joven mediante una «investigación eficaz».
A poco más de dos meses de la desaparición, la ACNUDH llamó «a las autoridades competentes a alinear en todo momento sus investigaciones y procedimientos con los estándares internacionales de derechos humanos».
El representante regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, expresó «preocupación ante la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado», al tiempo que consideró prioritario esclarecer las posibles responsabilidades de la Gendarmería Nacional Argentina en los hechos.
«Insto al Estado argentino a adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables por la desaparición de Santiago Maldonado», declaró Incalcaterra. «Es urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos», agregó.
En la misma línea, el representante del ACNUDH renovó la disposición de su Oficina para seguir prestando la cooperación técnica que el gobierno y la familia Maldonado puedan requerir, asistencia que el macrismo rechazó con insólitos argumentos.
Ayer, el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Germán Garavno, aseguró que por motivos de «soberanía» y «burocráticos» desistió de la posibilidad de autorizar a expertos de la ONU a asistir en la investigación por la desaparición del joven.
Por último, Incalcaterra recordó que, respecto del caso, el 7 de agosto el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado argentino adoptar «todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo», y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos de la víctima.