Fallida detención de Julio De Vido
Página 12
Buenos Aires.- El ex ministro de Planificación Julio De Vido fue detenido ayer tras una movida circense de las fuerzas de seguridad, que lo fueron a buscar a su departamento cinco minutos después de que el Congreso votara su desafuero. Los efectivos de la Gendarmería, enviados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegaron más pertrechados que en un operativo anti-terrorista.
El ex ministro los dejó pagando porque, junto a sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, se mantuvo cerca de los tribunales de Comodoro Py y a los pocos minutos estuvo en el cuarto piso. Las órdenes de detención provinieron de dos jueces, Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, aunque el primero había rechazado en un principio dictarle la prisión preventiva. En ese momento intervino el alfil de la Casa Rosada y la Corte Suprema, el camarista Martín Irurzun, para que el tribunal de alzada se despachara con un inusual pedido de desafuero y la inmediata detención. En la causa que instruye Rodríguez, sobre los acuerdos entre el Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para reactivar la mina de Río Turbio, De Vido no estaba ni siquiera indagado, pese a lo cual el fiscal Carlos Stornelli –muy allegado a Mauricio Macri– alegó que el ex ministro todavía tiene poder para obstaculizar la investigación. De Vido hoy carece de toda influencia y presencia, más todavía teniendo en cuenta que YCF es ahora manejado por el macrismo en su versión más furiosamente anti-K. Al ver que la Cámara ordenaba el arresto, Bonadio también pidió al día siguiente el desafuero y la detención.
Tras la llegada rápida de De Vido a Comodoro Py, sus abogados convinieron con Rodríguez en que éste le tomara la declaración indagatoria prevista. El ex ministro acompañó un escrito que ya intentó presentar el lunes, cuando intentó frenar el desafuero y la detención. Es un texto en el que se enumeran paso a paso sus argumentos respecto de los convenios entre YCF y la UTN que él ni siquiera firmó. Cuando le quisieron hacer preguntas, el ex ministro se remitió al escrito y sostuvo que allí estaban todas las explicaciones.
Al caer la tarde De Vido fue trasladado al penal de Ezeiza, a la Unidad Hospitalaria, porque es insulino-dependiente. En una jornada normal, se inyecta dos dosis de insulina, entre cuatro y ocho veces por día. El ex ministro se negó a ponerse el casquito con el que el ministerio de Seguridad uniforma a los ex funcionarios kirchneristas como si fueran jefes narcos. Y como le exigieron que use el chaleco, se lo puso debajo de su pullover.
Manipulación
El que primero se despachó con un pedido de detención fue el fiscal Carlos Stornelli, en la causa por convenios YCF-UTN, o sea relacionados con la mina de Río Turbio que estaba parada y el gobierno de Néstor Kirchner decidió reactivar. Allí hay reservas de carbón por 400 años.
El argumento de Stornelli –quien fue jefe de seguridad de Boca en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri– es que los convenios fueron ilegales y que De Vido sigue teniendo poder y podría obstaculizar la causa. Pero el fiscal nunca explicó en qué consistía ese poder y menos todavía cómo obstruiría una causa empezada hace dos años. Hoy, la administración de Río Turbio está en manos del macrismo y específicamente del radical Omar Zeidín, alineado con el multimillonario líder de la UCR de Santa Cruz, Eduardo Costa, enemigo histórico del kirchnerismo. De manera que las posibilidades de De Vido de incidir ahí son inexistentes. Es más, la contadora de YCF denunció que la esposa de Costa, Mariana Zuvic, se apropió de documentación y luego el diputado mostró esos papeles sustraídos en televisión. El juez Rodríguez rechazó el pedido de detención de De Vido porque consideró que no había motivos para pedir el desafuero, menos aún teniendo en cuenta que De Vido ni siquiera había sido indagado en la causa. Estaba citado a indagatoria recién el 28 de noviembre. Stornelli apeló a la Cámara Federal. Allí intervino el gran ejecutor en Comodoro Py de las políticas judiciales de la Casa Rosada y la Corte Suprema, Martín Irurzun, quien tejió una rápida mayoría de dos a uno e impuso una resolución inhabitual: le ordenó al juez que determine el pedido de desafuero y detención de De Vido. Lo habitual es que una Cámara revise el fallo de un juez y le diga que lo revea, no que le dé una orden categórica de lo que tiene que hacer. La Cámara se basó en el faltante de documentación para probar que se obstruía la investigación, pero quien se llevó los papeles no fue De Vido ni ninguna persona que respondiera a él, sino que fueron los líderes de Cambiemos. Lo denunció la propia contadora de YPC, que no tiene la mejor relación con el ex ministro.
En términos globales, lo que sucedió ayer es que por presión electoral de un allegado al Poder Ejecutivo –el fiscal Stornelli– y la acción de un camarista alineado con la Casa Rosada –Martín Irurzun– fue desaforado y detenido un dirigente opositor, sin que estuviera ni siquiera indagado y sin condena alguna en un juicio oral.
Río Turbio
En el expediente de Río Turbio el gobierno trata de instalar que se trata de un caso en el que la imputación es por sobreprecios y dinero que se habría quedado el ministro. Sin embargo, ya hubo una causa por sobreprecios en la cual se resolvió que no existieron. El juez que sobreseyó a De Vido por sobreprecios en Río Turbio fue Claudio Bonadio. Ni más ni menos.
El expediente sobre la mina de carbón por el que ayer fue detenido De Vido tiene que ver con numerosos convenios que YCF firmó con la UTN. La Universidad, con sucursal en Río Turbio, realizó trabajos para convocar las licitaciones o los concursos de precios, hizo evaluaciones ambientales, selección de personal, trabajos de diseño y cubrió muchísimos otros aspectos de la puesta en marcha de la mina. El fiscal Stornelli objeta que una parte de los trabajos fueron realizados por una fundación de la propia UTN –Fundación Facultad Regional del Sur–, algo que la Universidad decidió porque, por razones estatutarias, esa fundación hacía los emprendimientos que no fueran estrictamente educativos. Por todos los trabajos, que sumaron unos 265 millones de pesos, la UTN y la fundación se quedaron con el 20 por ciento de lo contratado, pero ese dinero no fue a terceros sino que quedó dentro la propia Universidad. Es falso que De Vido recibiera dinero de allí o que los fondos se evaporaran. En la causa no hay nada de eso. De Vido ni siquiera firmó los convenios.
Lo que hay detrás de este expediente es una inclinación ideológica evidente que tiene que ver con el macrismo: para la obra pública hay que contratar consultoras privadas, no universidades nacionales como la UTN. Esa es la objeción de fondo. En la causa no hay una sola pericia que establezca que la UTN hubiera cobrado precios superiores a una consultora privada y tampoco existe ninguna pericia que indique que se hayan pagado sobreprecios en los 265 millones de pesos que se manejaron a través de esos convenios.
Un dato revelador es que el nuevo interventor en Río Turbio, el radical Zeidín, le pidió al Poder Ejecutivo, a principios de 2016, un presupuesto para seguir con los convenios con la UTN. Y también es relevante el hecho de que Zeidín integraba el Consejo Deliberante de Río Turbio que aprobó todos los convenios ahora cuestionados por Stornelli.
Gas
Tras el pedido de desafuero y detención de Rodríguez, el otro magistrado, Claudio Bonadio, pidió también el desafuero y la detención en el marco de una causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2015.
En este expediente, la acusación es por la existencia de un sobreprecio sideral, del 40 por ciento, una cifra que el juez admitió en base al dictamen de un solo perito, David Cohen, quien se copio parte del texto de sitio web El Rincón del Vago. Además, discrepó totalmente con el otro perito oficial, que señaló que el dictamen de Cohen no tenía el menor fundamento. Es que Cohen tomó como base el precio del gas de gasoducto en Estados Unidos, denominado Henry Hub. El gas comprado por la Argentina venía en barco, es decir que no había punto de comparación. Además, en Estados Unidos hubo una explosión del llamado shale gas, o sea gas no convencional, lo que bajó los precios, pero sólo los internos de Estados Unidos, porque no era gas de exportación. Argentina, por su parte, compró a precios equivalentes a los Japón, el valor internacional válido. Para colmo, en los escritos judiciales se compararon valores al momento de desembarco en los dos puertos más importantes, Bahía Blanca y Escobar, sin tener en cuenta los distintos momentos en que se compraron ni las partidas adquiridas con mucho tiempo de planificación, más baratas que las compradas de urgencia.
El punto clave es que todas las compras se hicieron por licitación y que si Argentina supuestamente pagó sobreprecios, los que cobraron el dinero demás fueron los vendedores: Gas Natural Fenosa, española; Morgan Stanley; Shell, Repsol, British Petroleum y las más grandes compañías del mundo. Ninguna objeto nunca una licitación en la que perdió ni hubo cuestionamientos de ningún tipo.
Resulta llamativo que si se pagó de más no hayan sido ni siquiera llamados a declarar los ejecutivos de esas compañías. A esto se agrega un argumento de la defensa: varias de las empresas contrataron para las gestiones y licitaciones al ex ministro menemista Roberto Dromi y a su hijo. El juez dice que esa intermediación no correspondía, pero lo cierto es que el Estado no contrato ni le pagó a los Dromi, sino que lo hicieron las empresas privadas. De todas maneras, la causa se basa en una única opinión, la del perito Cohen, cuyo peritaje está más que discutido. El ingeniero, denunciado judicialmente, fue una de las piezas basales del show que se montó ayer.
En las sombras, la gran protagonista fue la ministra Bullrich. Otra vez con centenares de efectivos, cascos, armas largas, francotiradores y perros. Un montaje impresionante para exhibir la detención de un opositor que ni siquiera fue condenado en un juicio.