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Agencias

La reprobación del gobierno brasileño sigue creciendo y un abrumador 92% de la población dice no confiar en el presidente Michel Temer, mientras el Congreso tramita una acusación contra el mandatario por supuestos desvíos de fondos públicos.

Según el estudio realizado por Ibope para la Confederación Nacional de Industrias (CNI), el gobierno conservador tiene una aprobación magrísima de 3%, lo que ratifica la debacle de la imagen pública de la gestión Temer, ya reflejada en otras encuestas.

Desde que el mandatario de 77 años reemplazó en mayo de 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, nunca logró superar la barrera del 14% de apoyo.

«El porcentaje de la población que evalúa al gobierno como óptimo o bueno oscila dentro el margen de error, de 5% para 3%, comparado con la encuesta de julio», señaló el trabajo. En julio un 87% de la población dijo no confiar en el presidente. Otro sondeo publicado por CNT/MDA el 19 de septiembre mostró una aprobación de 3,4%.

Según la encuesta de Ibope, el 77% de los brasileños considera al gobierno como «malo o pésimo», lo que perforó el piso de 70% al que había caído en julio y que ya era la peor medición desde el retorno de la democracia en 1985.

El derrumbe de la imagen del gobierno actual, que asumió tras el impeachment de Rousseff, acusada de adulterar las cuentas públicas, se agudizó a partir de junio con la primera de las dos acusaciones que presentó la Fiscalía General contra Temer.

La primera, por corrupción pasiva, fue bloqueada en agosto por la Cámara de Diputados, donde el mandatario cuenta con una holgada mayoría. La segunda, que incluye cargos de obstrucción a la justicia y formación de una organización delictiva para expoliar al Estado, empezó a tramitarse esta semana.

Temer se convirtió así en el primer presidente brasileño en ejercicio en ser acusado de un crimen común.

Ambos procesos se enmarcan en la monumental investigación sobre la corrupción en el Estado y sus interrelaciones con los negocios privados, conocida como «Operación Lava Jato», que desvendó una red de sobornos para financiar la política a cambio de obras públicas en Petrobras y luego se expandió a casi todos los niveles de la administración pública.

La encuesta se realizó del 15 al 20 de septiembre, sobre una muestra de 2.000 personas en 126 municipios y un margen de error de dos puntos porcentuales.