Continuidades y rupturas de un proceso de colonización aún abierto, arremeten contra la Nación Mapuche. Proyectos extractivistas, intereses financieros continúan siendo el motor represivo contra los pueblos originarios. Las luchas en un mundo cada vez mas violento, nos invita a reflexionar sobre nuevas formas de articulación para pensar futuros posibles

Al enfrentar hoy al pueblo mapuche, vanguardia de los pueblos originarios en la región sur de Abya Yala, el gobierno nacional no solo busca resguardar los derechos de propiedad adquiridos por Benetton y Lewis sino también recrudecer la política represiva contra todo lo que se constituye como un proyecto político alternativo y de oposición a su lógica extractivista. Con la detención ilícita de Facundo Jones Huala (dado que se obtuvo su paradero a través de la tortura de un familiar) y con la desaparición de Santiago Maldonado en la represión contra el acampe mapuche en Pu-Lof que perpetró Gendarmería y que aún encubre el gobierno, Cambiemos ha expresado la forma que hoy adopta la represión sistemática a la que es sometido el pueblo mapuche, a decir, atacar no solo las resistencias sino también acabar con las solidaridades.

El contexto.

La Patagonia cuenta con una gran cantidad de minerales, yacimientos fósiles, recursos hídricos, entre otros, que aún no han sido saqueados por completo, podemos creer, en base a una análisis superficial de la política tanto nacional como internacional y la estrategia de alianzas del gobierno de Cambiemos, qué el trasfondo político y económico que tracciona este avance contra el pueblo mapuche tiene por objeto no solo garantizar el derecho de propiedad en el plano interno sino que deja entrever un posible recrudecimiento (eventualmente luego de las elecciones) en la política extractiva que lleva adelante el gobierno nacional (si es que la demanda de materias primas a nivel global se mantiene). En este sentido, la indispensable reorganización en el plano normativo nacional ya fue ejecutada en sectores claves para la financiación del estado como por ejemplo el agropecuario y el minero, que han sido beneficiados con la quita de retenciones; o en el caso del petrolero, generando ciertas condiciones de flexibilización en la contratación de los trabajadores y en la protección del medio ambiente. Paralelamente, y continuando en la línea de cortesías a las grandes empresas vinculadas a estas actividades económicas, en los casos de derrames tóxicos producidos en Minera la Alumbrera, los mismos no han sido sancionados ni controlados en proporción al daño ambiental producido, estableciendo cierto tipo de continuidad con el genocidio ecológico llevado adelante por los gobiernos kirchnersitas (solo basta mencionar los altos niveles de cáncer en las poblaciones linderas a las plantaciones fumigadas con glifosato) y que permite a las multinacionales continuar externalizando los daños ambientales en los costos de producción.

Puesto que las consecuencias de la implantación de proyectos extractivos suele implicar niveles de conflictividad altos, los gobiernos han optado en general, por el uso de las fuerzas represivas del estado como el modo de zanjar estas disputa, en lugar de escuchar a la ciudadanía.

Dos hechos.

Dos datos en particular, podrían aportar argumentos a la hipótesis de un posible recrudecimiento en el sector extractivo con especial foco en la región patagónica en el plano nacional. Estos son, modernización de las fuerzas represivas del estado (compra de armas a los Estados Unidos para equipar militarmente a Cruz del Sur, la fuerza de Paz argentino-chilena) y las giras internacionales que realizaron varios meses atrás el presidente Mauricio Macri conjuntamente con el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Sobre este último punto, no es menor analizar la opinión del primer mandatario, qué, estando en China se expresó sobre el lugar que él quiere que Argentina ocupe en el mercado mundial: “Queremos dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo”. En sintonía con estas declaraciones, estando en el reino de España, en lo referido al rol del “Plan Estratégico para la Patagonia” manifestó: “Argentina tiene desarrollada la minería un 5 por ciento con relación a Chile, a pesar de que compartimos las mismas riquezas a través de las mismas montañas”, para luego agregar “hemos puesto el foco en aprovechar la riqueza acuífera argentina, que está subexplotada”. Cabe destacar que al compararnos con Chile, implica también de nuestra parte, mencionar la persecución a la que es sometida el pueblo mapuche a través de la aplicación de la ley antiterrorista en nuestro país hermano. En este sentido, una ley similar fue creada durante el kirchnerismo (en 2007 y modificada en 2011) en suelo argentino la cual se establece como un amenazante y polémico trasfondo político para cualquier tipo de resistencia. La persecución contra lo mapuche parece hoy encontrar también en Argentina ecos en las palabras y acciones de la actual ministra de defensa argentina P. Bullrich siempre que se ha expresado en los temas referidos a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la prisión de F. Huala o la desaparición de Santiago Maldonado.

Es necesario remarcar que los grupos de resistencia mapuche tienen por objeto organizar acciones de autodefensa, resistencia, recuperación y ocupación de sus tierras ancestrales que les fueron robadas. Por eso entendemos que de esta manera, al perseguir a los mapuche, el mensaje que el gobierno argentino quiere mostrar en el plano internacional es la voluntad de garantizar la “relativa” seguridad jurídica (mientras que no investigue los negociados de los grupos de poder) que solicita el capital transnacional para invertir en condiciones favorables. Así, una vez más, las ventajas comparativas con las que Argentina cuenta y con las que se inserta en el mercado mundial implica la explotación y privatización de los bienes comunes como la única lógica posible para concretizar el ideario del progreso en el Sur del mundo. Entonces ¿cómo generar y garantizar las condiciones para la explotación y privatización de los bienes comunes con el objetivo de atraer al capital transnacional? En pocas palabras, como crear con el menor nivel de conflictividad posible en el territorio en cuestión, las zonas conocidas como de “sacrificio”, áreas que luego de la ejecución de dichos proyectos se vuelve completamente inhabitables. Y arribamos al mismo resultado que ha aplicado el kirchnerismo; leyes favorables a las grandes empresas, flexibilización, prebendas y represión. Y aquí es donde se unen tanto el ajuste a la clase obrera como a la privatización de los bienes comunes que surgen de las mismas condiciones estructurales de la economía argentina y de su matriz de acumulación. Es por esto, que ciertos acuerdos que realizó el gobierno de Macri tanto con el Club de Paris como con el FMI ya los habían iniciado el kirchnerismo. Así, estos arreglos con el capital financiero tienen como objetivo mostrar hacia afuera que en Argentina se respetan los derechos del capital.

Una represión cíclica.

Este contexto requiere recrudecer la represión en los territorios de la Patagonia que de alguna manera podríamos entender como cíclica, ya que siempre fue y es alentada a lo largo de nuestra historia moderna por las elites liberales y sus intereses vinculados a la explotación intensiva de los bienes comunes privatizados. Pero también resulta necesario recordar que estas elites se encuentra asentadas allí luego del genocidio perpetrado en la “conquista del desierto” constituyéndose a sí mismas como las dueñas de hecho del territorio patagónico y de todo lo allí existente. En este sentido, la necesidad global de incorporar nuevamente materias primas al mercado mundial como consecuencia en especial de la tracción en la demanda efectuada por los BRICS se traduce, desde hace más de quince años, en la expansión de las fronteras agrícolas, de la ejecución de proyectos de minería a cielo abierto y/o de fracking, entre otros. Dichos proyectos, en su mayoría, se ubican en territorios pertenecientes a comunidades mapuche como cabe recordar en el caso de Vaca Muerta con la comunidad Campo Maripe o en la comunidad Winkul Newen en el en el paraje Portezuelo Chico (aquí sucedió la detención y juicio a Relmu Ñamku durante el gobierno kirchnerista) resultando siempre en la criminalización de la resistencia.

Por eso, entendemos que estas elites en complicidad con los gobiernos, se constituyeron a sí mismas como dueñas individuales de los bienes comunes y de todo lo que circule en este territorio. De modo que, no importa un derrame de petróleo, las filtraciones de gas que produce el fracking o la contaminación con cianuro en la minería a cielo abierto, pues la inmensidad de ese territorio bautizado por Magallanes como Patagonia es una “cosa vacía” en oferta para el mercado mundial. Por lo tanto, la gente que vive allí, dentro de esta lógica, esta sobre el territorio pero no puede formar parte de él, por eso la “Conquista del Desierto” o la “Patagonia Rebelde” pueden llegar a entenderse inscriptas en esta lógica represiva y extractiva. De modo que, no resulta tan extraño que el ex ministro de educación E. Bullrich (familia involucrada en la venta de tierras robadas a los indígenas) mencione con total liviandad que desde el gobierno se intenta llevar adelante una “nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”, pues aún se parte de concebir a esta región como una cosa vacía (tanto de conocimientos ancestrales como de gentxs) que debe ser llenada de contenido a través de la lógica del progreso moderno. Por ello tranquilamente desde este enfoque podemos concebirla como un supermercado para el mundo. En pocas palabras, el progreso se traduce allí en la utilización de las ventajas competitivas patagónicas para, como en el caso de la minería, poder extraer oro utilizado posteriormente en su mayoría en la especulación financiera.

Hacia una acumulación con más ajuste.

En este sentido, y más allá de la composición de clase del gobierno de cambiemos, que claramente está asociado al capital financiero internacional, este actual patrón de acumulación implica ajustar, como ya mencionamos, sobre los sectores trabajadores con la intención de generar condiciones favorables para una mayor apropiación de plusvalía. El objetivo, claro está, es buscar que el capital se reinvierta productivamente pero también el gobierno opta por continuar privatizando los bienes comunes como forma de inserción en el mercado global. Lamentablemente, esto también lo hubiese realizado un supuesto gobierno de Scioli, tal vez con cierto gradualismo, pero puesto que ambos comparten la misma matriz productiva, se entiende este patrón de acumulación como el único camino posible para salir de la crisis económica actual, a decir, mostrar una Argentina abierta a las inversiones extranjeras en condiciones sumamente favorables. Por eso las primeras series de contra reformas que el gobierno del PRO ha realizado, paralelamente a la quita de retenciones, han sido contra la clase obrera y sus conquistas, llevando adelante un proceso de transferencia de la riqueza hacia los sectores más pudientes a costa de los primeros y generando condiciones favorables para el capital. Sin embargo, este proceso de lucha aún se encuentra con un final abierto como lo demuestra el caso de PepsiCo.

En lo concreto, el objetivo que se ha planteado el gobierno de Cambiemos es crear las condiciones para mejorar las posibilidades de generación de plusvalía abaratando el valor de la mano de obra y disciplinando a la clase obrera, mientras que paralelamente desarrolla un control de la economía nacional enmarcado en medidas económicas de tipo monetarista, por eso ha quitado también las restricciones a los movimientos financieros. Del mismo modo, se han ejecutado una serie de ajustes en el plano nacional que busca reducir el gasto público y la circulación de dinero, aspecto que permitió durante los gobiernos neo extractivitas progresistas generar entre los sectores trabajadores cierto consenso a través de otra forma distributiva que hoy entró en crisis. Por lo tanto, si en una etapa anterior se advertía con facilidad cierta dificultad en trazar alianzas entre movimientos de defensa del medio ambiente con sus prácticas alternativas y los sectores trabajadores, hoy podría llegar a pensarse posible que tal obstáculo podría modificarse si es que se logra romper, a través de movimientos de base en ciertos sectores estratégicos de la economía, con las burocracias sindicales.

Un futuro posible.

Sobre la generación de plusvalía y la privatización de los bienes comunes podemos ver claramente el recrudecimiento de la explotación sobre ambos sectores y como consecuencia, el aumento de una conflictividad social que aún no puede encontrar una articulación clara. En este contexto un primer paso podría partir desde un doble movimiento; uno “hacia afuera” en alianza con los otrxs, y un “hacia adentro”, como crítica ética a nuestra forma y valores de vida. Un “hacia afuera” que implique conocernos a los otrxs desde las resistencias a lo que nos duele y nos hace mal, y retomando antiguas y modernas discusiones, se piense lo justo en términos de “el consumo” como aquello que es útil para la reproducción de la vida, siempre incluyendo y pensando en el otro. Esto degenera en una crítica a la matriz productiva extractivita y a nuestra forma de vida y debe suponer propuestas concretas de producción basadas en los bienes comunes y la autogestión como una plataforma para crear y refundar formas de vida, espacios de resistencias, pueblos originarios, campesinxs, movimientos sociales, cooperativas, partidos políticos, entre otros, que busquen incorporar estas demandas y prácticas en una lógica que se oponga a esas condiciones que imponen las relaciones sociales capitalistas, es decir, contra ese país marcado a fuego desde la contrarrevolución, que a base de un mayor sacrificio en todos sus ámbitos, busca siempre tornarse más competitivo, lo que se supone que es insertarse en el mundo.

Por eso, para pensarnos nosotros, los que defendemos el amor, la vida y la libertad sobre el cuerpo, nuestro futuro, que es político, debería enfrentarse directamente contra el capital y la forma de apropiación y distribución de la plusvalía pero con propuesta concreta aquí y ahora. Pero para iniciar este camino a la redención como pueblo, en este “hacia afuera” y “hacia adentro”, es necesario comenzar a criticar nuestra argentinidad (que tiene casi apenas ciento cincuenta años de historia) para que en el “hacia afuera” podamos entender a los mapuche y los otros treinta y siete pueblos naciones que habitan en el territorio hoy conocido como Argentina, como lo que siempre son y fueron; actores políticos activos con intereses propios y diversos.

Por eso, este camino a recorrer se torna urgente si es que aún queremos salvar y reunificarnos con la madre tierra. Una emancipación a ser construida en perspectiva histórica nos aguarda pero este esfuerzo implica repensar desde todos los enfoques teóricos (en especial, desde la teoría crítica) el vínculo entre progreso moderno y pueblos originarios para en el mismo acto unirnos en la resistencia. Y es así que al enfrentar los proyectos neoliberales que nos objetivan cómo un “supermercado” de Gentxs y Pachamama privatizadxs la resistencia se torna legitima como pueblo. Paralelamente, nuestro “hacia adentro” implica el compromiso de criticarnos y reformular la relación que tiene nuestro socialismo con la naturaleza para que gente y Pachamama abandone la historia de aquella escisión fundacional que los interpela como dos ámbitos separados, estrategia esencial para el sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal. Porque si de algo al menos podemos estar seguros es de que este recrudecimiento represivo contra los mapuche y contra nosotrxs recién comienza. Entre la tensión entre el “hacia afuera” y el “hacia adentro” habita en nosotrxs la situación para ver en este contexto una oportunidad para construir un socialismo inclusivo, ya no más eurocéntrico, colonial y patriarcal. De lo contrario, podemos contentarnos con la mera denuncia de la represión a los pueblos originarios.

Por Juan Gerez para ANRed