De esta forma, el Gobierno logró determinar cómo está la economía en cada uno de los distritos según las preferencias políticas del votante, para así generar un «target» de cada uno de ellos, según su nivel educativo, su salario promedio y su ideología política, algo que se encuentra penado por la ley de protección de datos personales y
En la herramienta se pueden apreciar diferentes variables, como la cantidad de empresas por distrito, así como también se puede conocer en detalle el funcionamiento de cada una de ellas: dónde están ubicadas, cuánto facturan por año, si recibieron subsidios del Estado, su cantidad de empleados y el salario promedio de cada uno de ellos.
Además, el GPS cuenta con otras variables como el salario privado registrado, el empleo privado y el grado de informalidad en cada uno de los puntos geográficos del país, y, detalladamente, de la provincia de Buenos Aires, así como también estadísticas «socioeconómicas», como la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas y el nivel educativo en cada uno de los distritos del conurbano.
De esta forma, las altas esferas del ministerio y los principales asesores de Casa Rosada pudieron obtener una posición privilegiada de cara a la campaña electoral, gracias a la utilización del aparato del Estado mediante los datos obtenidos desde AFIP y ANSES a través de la Secretaría de Transformación Productiva (STP), algo que está terminante prohibido por la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que establece que «los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles a las que motivaron su obtención».