Una tragedia anunciada. El mayor ataque a la Amazonía en años. La subasta del pulmón del planeta. Son las críticas que han lanzado ambientalistas, políticos e incluso la modelo Gisele Bundchen contra la apertura de una gigantesca reserva amazónica a la explotación minera privada en Brasil
La medida, decretada por el presidente Michel Temer el miércoles, establece el fin de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), un área de un tamaño parecido al de Dinamarca entre los estados de Pará y Amapá.
En esa reserva de casi cuatro millones de hectáreas, delimitada en 1984 durante la dictadura militar, hay nueve áreas protegidas de gran biodiversidad, entre ellas dos territorios indígenas de las etnias Aparai, Wayana y Wajapi.
También hay mucho oro, manganeso, hierro y cobre.
La explotación de esos minerales era una potestad exclusiva del Estado, casi sin utilización hasta ahora, aunque el gobierno asegura que el ‘garimpo’ ilegal de oro proliferó y está degradando la zona, “expoliando” las riquezas naturales y contaminando los ríos con mercurio.
Con su decreto, Temer pretende controlar y dinamizar la actividad minera con la participación de la iniciativa privada, como parte de sus planes liberales para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.
“La medida tiene una idea inicial de expansión económica, pero puede tener también un impacto socioambiental muy grande. ¿Cuál es el coste [de explotar] un área tan sensible como la Amazonía?”, dijo a la AFP Ely Paiva, investigador de la Fundación Getulio Vargas.
A casi nadie se le escapa el peso que han tenido las bancadas parlamentarias vinculadas al agronegocio y las materias primas para la sobrevivencia política de Temer, acorralado por denuncias de corrupción.
El decreto del mandatario, no obstante, remarca que el fin de la reserva no eximirá al Estado de cumplir con sus compromisos de protección ambiental y que las mineras no podrán establecerse en zonas protegidas.
“Nuestro compromiso es con el desarrollo sustentable de la Amazonía, uniendo preservación ambiental con generación de renta para la población local”, se defendió Temer en Twitter.
Pero las suspicacias son altas.
Mientras la deforestación de la Amazonía no deja de acelerarse, las medidas aprobadas por su gobierno en materia medioambiental no son de buen presagio: recientemente disminuyó el tamaño de un santuario natural y congeló la cesión de títulos de propiedad a indígenas.
Para organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la apertura de la actividad minera privada en Renca pondrá en riesgo sus áreas protegidas, pudiendo causar impactos irreversibles al medioambiente y sus pueblos indígenas.
“Es una tragedia realmente anunciada. Eso puede causar deforestación, contaminación de ríos y acabar detonando otras actividades como minería ilegal. Es volver a una visión antigua de la Amazonía como proveedora de recursos naturales”, dijo a la AFP el director ejecutivo de WWF en Brasil, Maurício Voivodic.
El activista recuerda que, en el gigante latinoamericano, aún está muy fresco el recuerdo del desastre de Mariana, un deslave minero que devastó localidades enteras de un valle en Minas Gerais (sudeste) en 2015 dejando 19 muertos y arrasando cientos de kilómetros del Rio Doce, una importante vía hídrica de la región.
Por lo que una amenaza contra el pulmón del mundo es extremadamente sensible.
“Este decreto es el mayor ataque a la Amazonía de los últimos 50 años. Ni la dictadura militar fue tan osada. Ni la (carretera) Transamazónica fue tan ofensiva”, ha manifestado el senador Randolfe Rodrigues, de Rede (izquierda), que quiere presentar una acción popular contra el decreto en la justicia de Amapá.
Las redes sociales han sido también un hervidero sobre el tema, con etiquetas como “SOS Amazonía” o “Todos por la Amazonía”.
Una de las internautas más activas es la modelo Gisele Bundchen, firme activista ambiental.
“¡Qué vergüenza, están subastando nuestra Amazonía! No podemos destruir nuestras áreas protegidas en pro de intereses privados”, escribió la top model.
En junio, Temer twitteó a Bundchen para anunciarle, personalmente, que iba a vetar unas leyes que reducían las zonas de protección de la selva amazónica.
La jugada, anunciada horas antes de su viaje a Noruega (el principal donante a programas de protección de la Amazonía), no surtió sus efectos y quedó al descubierto rápido: Oslo anunció un recorte de las ayudas a Brasil por su creciente deforestación y el contenido de las leyes acabó siendo aprobado por la mayoría oficialista en el Congreso semanas después.