Agencias
Una demanda en el Condado de Loudoun, Virginia, desató un falló a nivel nacional en Estados Unidos referente a la Primer Enmienda de la Constitución en la que se protege a la libertad de expresión.
El supuesto hecho fue denunciado a través del perfil personal de la burócrata en Facebook, quien luego de recibir la inconformidad, bloqueó a Davidson, un día después fue desbloqueado.
Este caso fue llevado a la Corte Federal de Estados Unidos y revisado por el juez, James Cacheris, quien de acuerdo con Joseph Stern, dentro del portal www.slate.com, el magistrado precisó que “Debido a que las redes sociales son actualmente el foro más importante para expresar libremente los puntos de vista, sería un ataque a la Primer Enmienda impedir que los usuarios expresen por ese medio sus opiniones sobre las acciones y políticas de los empleados públicos”.
Debido a esta resolución, se reabrió la discusión en torno a las acciones del presidente del vecino país del norte, Donald Trump, quien desde que asumió el cargo bloqueó a diversos usuarios que criticaban sus decisiones.
Por lo que el Instituto a favor de la Primer Enmienda de la Universidad de Columbia demandó al ejecutivo a nombre de todos los usuarios que ha bloqueado.
A pesar de que Phyllis Randal no tendrá un castigo severo por este hecho, el fallo de la Corte a favor de la libertad de expresión así como la validación de las redes sociales como uno de los mayores foros para transmitir ideas, opiniones e inconformidades, nos deja entrever que la evolución en los canales de comunicación llegó a tal punto que los mensajes a título personal como en un uso organizacional tendrán derechos y obligaciones.
De esta forma, el columnista Joseph Stern se plantea la regulación en torno a la imposibilidad de bloquear a los críticos de funcionarios y/o dependencias, ya que en el caso expuesto, como en el de Donald Trump, se valen de sus cuentas personales para dar a conocer información oficial, opiniones a título personal, entre otras funciones.
Será interesante ver la determinación de los magistrados en este tema, debido a que la estructura del fallo, determinaría una eliminación de privacidad para los funcionarios en Estados Unidos.