Tras visitar a la dirigente social en la cárcel de Alto Comedero, y analizar su situación, el organismo internacional le solicitó al Estado argentino que «pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica».
«La excepcionalidad de la prisión preventiva, y el agravamiento de la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos», detalló la CIDH.
Por su parte, el gobierno argentino emitió un comunicado en el que asegura que «comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy para su conocimiento e intervención».
De igual manera, el Poder Ejecutivo reafirmó el «apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos».